Cuáles son las más deficitarias, en qué sectores están, cuánta gente emplean: un estudio radiografió cuál era el estado de 33 empresas públicas al asumir el actual gobierno

En medio del debate de la Ley Bases, que incluye la privatización total o parcial de 11 empresas públicas, un informe reveló que el 96% de los déficits operativos de las compañías estatales no se deben a ineficiencias o mal desempeño propios, sino que a las políticas de subsidios.

Un estudio del Centro de Estudios para el Cambio Estructural (CECE) elaborado por Alejandro Einstoss indicó que en los últimos 16 años el Estado nacional destino a las transferencias corrientes y de capital para las empresas públicas USD 96.980 millones, es decir un promedio anual de USD 6.000 millones.

El 95% de dichas transferencias y el 96% de los déficits operativos de las empresas públicas, lo explican empresas que tienen sus tarifas congeladas o que las aumentan muy por debajo de la inflación de costos o bien que venden en el mercado local importaciones de energía por debajo del precio de importación.

Es decir, los déficits no necesariamente se explican por problemas de ineficiencias o mal desempeño propio de las empresas, sino por una política pública de subsidios a la energía, al transporte o al acceso al servicio de aguas y saneamiento.

No obstante, cabe preguntarse en este punto por el rol de las empresas públicas. Si bien hay margen para eficientizar los subsidios económicos, las compañías de administración estatal tienen entre sus funciones llegar a donde el mercado no llega. En un país donde la pobreza supera el 50%, la ayuda del Estado a los sectores más vulnerables se vuelve una necesidad.

Por administración, en 2007 se destinaron USD 576 millones a transferencias totales a empresas públicas, en el primer gobierno de Cristina Kirchner se destinaron en promedio USD 3.300 millones, en su segundo mandato se destinaron en promedio USD 10.700 millones (con pico en 2014, USD 13.500). Durante la administración Mauricio Macri el promedio anual cae a USD 4.600 millones, y durante la administración de Alberto Fernández el promedio ascendió a USD 5.600 millones.

En puntos del PBI, si bien el promedio anual indica que en los últimos 16 años se destinó un promedio de 1,1% del producto, las transferencias totales en 2007 representaron 0,2% del PBI, en 2014 alcanzaron el 2,4%, 0,6% en 2019 y 0,9% en 2023.

Pero si la mirada es en términos de la incidencia de las transferencias en el gasto total de la Administración Pública Nacional (APN), en 2014 se destinaron a las empresas públicas el 10,5% del gasto total, mientras que en 2023 esta participación se redujo a la mitad 4,9%, es decir $4,9 de cada $100 gastados por la APN se destinaron al financiamiento de las empresas públicas.

Por sector económico 2023, el sector energético demandó el 46% del total de las transferencias en 2023, explicadas en un 95% por IEASA (Integración energética Argentina S.A) / ENARSA, y el sector de transporte recibió el 28% de las transferencias. Al interior, el 60% se destinó a ferrocarriles, compuesto por Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE), Administración de Infraestructura Ferroviaria S.E. (ADIF), Belgrano Cargas, y el 37% Aerolíneas Argentinas. AYSA recibió el 12%, mientras que comunicaciones e infraestructura recibieron el 7% y el 2%, respectivamente.

Ahora bien, más en detalle, el CECE precisó que si se distingue entre gastos corrientes y de capital, la distribución sectorial cambia.

Las transferencias corrientes a empresas públicas en 2023 alcanzaron los $1,7 billones. El 44% del total de estas transferencias se destinaron al sector energético, que se explican en un 95% por la demanda de fondos de la empresa lEASA (Integración energética Argentina S.A) /ENARSA ($700 mil millones), destinados a cubrir la diferencia entre el precio de importación del gas natural y el precio al que luego la empresa vende en el mercado local.

El 39% de las transferencias corrientes se destinaron al sector transporte, explicadas por dos rubros: SOFSE con $335.145 millones, (51% de las transferencias al sector), destinadas a compensaciones tarifarias y Aerolíneas Argentinas con $252.420 millones (38%), destinado a cubrir déficits de operación.

Por su parte, las transferencias de capital a empresas públicas del 2023 alcanzaron los $772.794 millones. El 26% se destinó al sector Agua y Saneamiento, ($198 mil millones) destinados a cubrir inversiones de la empresa AYSA.

El 50% se destinaron al sector energético ($384.800 millones) y el 96% de estos fondos ($370 mil millones) se destinaron a lEASA / ENARSA para financiar el gasoducto Néstor Kirchner en el tramo Tratayén - Saliqueló.

El sector Transporte demando el 5% de las transferencias de capital ($35.500 millones). El 67% de dichos fondos se destinaron a la empresa ADIF, para cubrir inversiones en infraestructura ferroviaria.

Por otro lado, si bien la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (CAMMESA) no es considerada como una empresa pública y no se consideró en el análisis, el informe destacó que en los últimos años se convirtió en el principal pagador de subsidios de la economía.

CAMMESA cubre mediante transferencia corrientes de la APN la diferencia entre el costo promedio de generación de energía eléctrica y el precio que paga la demanda. Sólo el año pasado recibió transferencias por $1,76 billones (1% del PBI) que representan el 70% de los subsidios a la energía (1,5% del PBI).

“Si medimos el impacto de estas transferencias en términos de porcentaje del gasto primario de la APN, observamos que la inclusión de CAMMESA, duplica el impacto sobre el gasto primario En 2023 las transferencias a empresas públicas alcanzan a 5% del gasto, que pasan a 10% con la inclusión de las transferencias a CAMMESA”, sostuvo el informe.

En conjunto, las empresas públicas presentaron en 2023 un déficit operativo neto de $1,55 billones. Este resultado es calculado como la diferencia de ingresos corrientes (propios) y gastos corrientes, sin considerar las transferencias

“La insuficiencia de fondos en muchos casos no solo responde a problemas de gestión, escasa productividad o ineficiencias, sino a la aplicación de políticas públicas de subsidios y de congelamiento tarifario que impactan de forma directa en las empresas de energía, transporte y agua, que son las reciben el mayor volumen de transferencias / subsidios”, consideró el CECE.

Esta situación la explica que 4 empresas (ENARSA, SOFSE, AYSA Y Aerolíneas) representan el 99% del déficit operativo.

Entonces, si bien empresas como SOFSE o ENARSA son de las que mayor volumen de fondos públicos generan, al mismo tiempo son las que mayores transferencias requieren y por lo tanto, también se ubican entre las empresas de mayor dependencia financiera de fondos públicos.

En este sentido, el 97% de los ingresos corrientes de SOFSE dependen de las transferencias del Tesoro y el 54% en el caso de ENARSA.

Las dos empresas con mayor dependencia de transferencias fiscales son del área ferroviaria: Desarrollo de Capital Humano Ferroviario (Decahf), con 98%, y la Operadora Ferroviaria (97%). A ellas les sigue Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) con 93%, el portal Educ.Ar (87%), y Ferrocarriles Argentinos SE (FASE), con 86 por ciento. Por detrás se alinean Radio y Televisión Argentina (RTA), con 84% y la Administración de Infrastructura Ferroviaria (ADIF)., como puede apreciarse en el gráfico de abajo.

No obstante, algunas empresas públicas muestran resultados operativos positivos,. Tal es el caso de Nucleoelectrica Argentina S.A (NASA), que es la encargada de la operación de las tres centrales nucleares y que recibe un precio por energía vendida suficiente para cubrir la totalidad de sus costos, Es decir, tiene una suerte de reaseguro que garantiza el equilibrio financiero de la compañía

Dentro de este grupo, el CECE también mencionó a la Administración General de Puertos S.E. (AGP), empresa del estado encargada de la regulación, control y mantenimiento de las terminales del Puerto de Buenos Aires, único puerto bajo jurisdicción nacional, y el mayor operador de contenedores del país. El cobro de tasas a las cargas genera ingresos que permiten resultados operativos positivos.

De esta manera, el informe concluye que existe un círculo no virtuoso en las empresas públicas:

1. Políticas públicas que pisan ingresos de las empresas públicas que enfrentan costos crecientes en un entorno de alta inflación,

2. Entran en déficits crónicos y crecientes

3. Los déficits deben cubrirse con transferencias del Tesoro, transferencias que pasan a formar parte de los ingresos corrientes de las empresas públicas de forma poco transparente.

“Por lo tanto, es evidente que lo que está detrás es la decisión de las sucesivas administraciones de subsidiar la energía, el transporte, infraestructuras y no necesariamente el subsidio a las empresas públicas por un desempeño ineficiente”, explica el informe.

En tanto, la dotación de personal de las empresas públicas es heterogénea, donde se pueden encontrar empresas como Playas Ferroviarias S.A con 18 empleados y SOFSE con más de 23.800.

La dotación total de las empresas públicas del año 2023 fue de 110.464 empleados (Indec), lo que representa una dotación 8% superior a la del año 2019, que a su vez era 10% menor a la del año 2015. Y por lo tanto entre 2015-2023 la dotación de empleados aumentó 2%.