Las grandes generadoras de electricidad y productoras de gas mantienen su rechazo a la propuesta de Luis Caputo de pagar con un bono en dólares a 2038, que implica una quita del 50%, la deuda que mantiene Cammesa correspondiente a diciembre y enero. Suman cerca de dos terceras partes de los $600.000 millones adeudados sólo al sector privado, de un total de $1,07 billones.
Es en ese marco que el ministro de Economía extendió hasta el próximo jueves el plazo que finalizaba hoy para que las empresas acepten la oferta, aunque aclaró que no se reconocerá los intereses por la mora en los montos adeudados y que los pagos que se realicen por otros períodos no podrán ser computados a los saldos vencidos.
Así quedó establecido a través de la Resolución 77/2024 que lleva la firma del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. “Estiran los plazos porque quedan muchas empresas, entre ellas las más grandes, que no están dispuestas a aceptar”, dijeron a Infobae desde una de las principales generadoras de electricidad del país.
Tal como publicó este medio, la mayoría de las compañías, en particular las grandes eléctricas, mantienen su resistencia a aceptar el bono. El sector privado no quiere convalidar lo que consideran como “un mal precedente”, sobre todo para una gestión liberal.
La Secretaría de Energía había informado que el stock de deuda de Cammesa por diciembre y enero era de $1,074 billones, monto que quiere postergarse con un título en moneda extranjera que cotiza al 50%, de los cuales unos $600.000 millones estaban en manos privadas. Luego detallaron a través del informe de gestión que expuso ante el Senado el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que el stock total, contando febrero, era de $1,74 billones.
En el Palacio de Hacienda aseguran que pudieron colocar bonos por $200.000 millones a empresas entre las que se encuentran YPF, PAE, Pluspetrol y Albanesi, entre otras. Para esas y todas las demás se liberaron el 68% de los fondos correspondientes a marzo, que comenzaron a vencer esta semana, según pudo confirmar este medio con el sector privado. Estos últimos son por los que se aclaró hoy que no pueden computarse al período diciembre, enero y febrero.
En el Ministerio de Economía aseguran que no hay un “Plan B” al esquema de pago propuesto en Resoluciones 58 y 66 de Energía. Aducen que las generadoras quieren cobrar la devaluación de diciembre por la energía generada en octubre y noviembre, antes del último salto cambiario, además de que el Gobierno de Javier Milei tuvo que hacerse cargo con dinero del ejercicio 2024 a deudas de la gestión de Alberto Fernández.
El portal especializado Econojournal publicó que este lunes se llevó a cabo una reunión privada entre los máximos directivos de empresas productoras de gas y generadoras eléctricas para intentar fijar una posición común frente al tema. Consignaron presentes que no suscribieron la propuesta del Gobierno como Pampa Energía, Tecpetrol, CGC, Central Puerto, MSU Enery, AES y otros productores de gas que sí firmaron. Este medio pudo confirmar que el encuentro existió.
En las últimas semanas se reflejó el descontento del sector energético. Ageera, que reúne a las eléctricas, denunció la ruptura de contratos. Las productoras de hidrocarburos también salieron a manifestar su rechazo. El miércoles pasado, Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, informó a sus inversores que analizaba medidas legales aunque aclararon que son optimistas en encontrar una salida y descartan riesgo financiero.
Por su parte, Fernando Bonnet, CEO de Central Puerto, una de las principales empresas generadoras de electricidad en el país, afirmó: “Esto no es una buena señal, aunque sea una propuesta y no una imposición para aceptar. Hay soluciones que se pueden buscar para acercar posiciones. Todos sabemos donde estamos, pero se pueden buscar situaciones que sean más acordes”.
El CEO de la norteamericana AES, Martín Genesio, reveló que había sido consultado por el FMI y el gobierno de Estados Unidos sobre la propuesta de Caputo. “Proponemos trabajar en otras alternativas, incluso hasta se puede pensar en un esquema de financiamiento privado”, comentó el empresario. En el Gobierno negaron que haya habido mención de los funcionarios del organismo a algún tipo de preocupación por la deuda que mantiene Cammesa.
La Argentina finalizó el primer trimestre con un superávit fiscal primario –sin contar los pagos de intereses de deuda– de $3,8 billones y un resultado financiero de $1,4 billones. El primer saldo positivo en 16 años, tal como destacó este lunes el Fondo. Sin embargo, ese resultado habría quedado más ajustado si se contemplaban los pagos pendientes de Cammesa, que en total se acercan a los $2 billones.
Al respecto, Chirillo manifestó: “La deuda de Cammesa no es algo que inventó este Gobierno. Lamentablemente, era una práctica común en los últimos años. En 2020, por ejemplo, fue de USD 1.000 millones. Hay empresas generadoras y productores de gas que ya aceptaron la propuesta del Gobierno. Seguiremos trabajando prioritariamente en consolidar y sostener la solidez económica del sistema eléctrico, que es la que estuvo en riesgo hasta este momento”.