Por fraude fiscal de USD 300 millones, 97 personas, entre funcionarios de Aduana y empresarios, irán a juicio oral

El magistrado en lo penal económico Marcelo Aguinsky elevó a juicio oral una causa por contrabando con un fraude fiscal por más de USD 300 millones desarrollado a través de sociedades fantasmas.

Se trata de una gigantesca causa sobre la corrupción en la Aduana durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con una instrucción de 8 años hasta esta etapa de definición en el tribunal oral, para determinar los ilícitos cometidos en torno de 1.500 contenedores.

Noventa y siete personas, entre funcionarios aduaneros y empresarios fueron procesados y deberán defenderse en la nueva etapa del juicio. Según el escrito, se investigó “la actividad desplegada por un grupo de personas que formarían parte de asociación ilícita dedicada a facilitar el despacho a plaza de mercaderías, evadiendo los correspondientes controles aduaneros”.

“Se trata de una serie de casos en los que se presume que para lograr la finalidad del ingreso ilegal de mercaderías al país se habría recurrido a la confección y posterior presentación de conocimientos de embarque apócrifos”, aclaró el magistrado.

“Al ingreso de informaciones falsas en el sistema de registro informático del organismo de control y, asimismo, a la presentación y oficialización de despachos de importación que contendrían información y documentación complementaria falaz”, destacó Aguinsky.

Con el objetivo de “llevar adelante tales maniobras ilícitas se verifica que se habrían creado y/o utilizado sociedades pantalla, sin capacidad económica y operativa, es decir, inconsistentes con sus volúmenes de actividad, las cuales habrían actuado como personas interpuestas, con el objetivo de ocultar al verdadero importador en cada caso”, fudamenta el caso.

“Se presume, por lo demás, en función de la reiteración de la operatoria irregular detectada, que aquella organización habría contado con la connivencia de funcionarios aduaneros de toda jerarquía escalafonaria y responsables de depósitos fiscales”, afirmó Marcelo Aguinsky.

Fuentes judiciales contaron a Infobae que “el avance de manera simultánea en varios legajos permitió el análisis profundo de cada grupo delictivo posibilitando probar de manera documentada todas esas operaciones”.

El juzgado de Aguinsky, para asegurar el avance de la investigación, optó por no tratar el tema como una sola megacausa, ya que la experiencia de la Justicia argentina con los trámites de grandes objetos procesales, nunca ha sido positiva por las dilaciones para avanzar.

De este modo, “ningún contenedor y ningún fraude contra el fisco ha quedado sin ser investigado en el período de tiempo que abarca la causa (2014 -2016)”, precisaron las fuentes.

Durante todo este período, “hubo impugnaciones de todo tipo, pedidos de nulidad, recusaciones, intervención de distintas instancias revisoras, incluso hasta la Casación, con apelaciones de todas las decisiones que se fueron tomando en el transcurso de la causa”, detallaron a este medio.

Además, se sumaron “las dificultades operativas debido a las restricciones sanitarias de los años 2020 y 2021″ en medio de la pandemia.

A raíz de estos problemas, las fuentes señalaron que “es de esperar que las reformas que se están impulsando para agilizar los procesos judiciales en materia penal alejen definitivamente la idea de que las reglas procesales sirven solo para dilatar las causas”.

Además, el juzgado le sugirió al Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, que en el futuro la Aduana implemente la tecnología de body cam “para que todas las verificaciones de cargas que ingresen al país queden grabadas en video”.

En su resolución sobre los procesamientos en la causa de la mafia de la aduana, el juez Marcelo Aguinsky recordó que desde 1983 estallaron los casos de contrabando conocidos como “Los Galpones de Tierra del Fuego” (año 1988), “Contrabando de autos para discapacitados” (año 1991), “La Mafia del Oro” (año 1995), “Aduana Paralela” (año 1995), “Autos con franquicias para diplomáticos” (año 2008), “DJAI” (año 2016), “Mudanzas” (año 2016) y la “Mafia de los contenedores” (año 2016), entre otros.

Estos casos demuestran como “la delincuencia económica organizada en complicidad con funcionarios corruptos provocan daño a la sociedad y el estado” en términos de millones de dólares.

En la causa de la mafia de la Aduana “se ha podido observar a lo largo de esta investigación una práctica ilícita estructurada, planificada, temporalmente estable, particularmente homogénea y ejecutada en forma diversificada por numerosos actores que difícilmente podrían haber logrado el éxito frente a un serio control establecido en las líneas de la burocracia estatal”, destacó el magistrado.

“Las evidencias colectadas en autos permitieron arribar a la conclusión de que tales maniobras fueron instadas dentro del mismo sistema aduanero, es decir, por quienes paradójicamente debían custodiar los intereses del Estado y sus recursos públicos”, amplió Aguinsky.

De esta manera, ya no solamente son “iniciativas privadas apalancadas por ciertos integrantes del órgano de control”, sino “una suerte de institucionalización del delito de contrabando enquistado en la estructura del servicio aduanero, coordinado por estudios y profesionales del comercio exterior y utilizado por determinados empresarios”, contaron fuentes que llevan la causa.

Resaltó el jurista que “indudablemente no todo el personal aduanero está impregnado de aquella corrupción de la que venimos haciendo referencia. Sin embargo, pareciera que quienes no se encuentran inmersos en tales prácticas poco hacen para modificar el curso de esa inercia”.

El letrado puso como ejemplo el “patio de valijas” de la terminal aeroportuaria de Ezeiza. “Un espacio que concentra una delgada pero estratégica línea de autoridad estatal, donde en el pasado eran mucho más frecuentes los episodios de “pedido de coima” para asegurarles a supuestos infractores su traspaso sin sobresaltos”, resaltó.

Ese lugar “es quizás el que cuenta con mayor cantidad de cámaras “domo” por metro cuadrado en todo el país. La razón de esto es muy simple: es por plata. También hay dinero latiendo en cada operación aduanera que se concreta fuera de ese patio de valijas. Y ya no es por lo que un pasajero pueda traer en su equipaje. Es por toneladas, en contenedores”.

Por eso se propone que “exista registro fílmico de toda operación aduanera donde intervenga un representante estatal en su interrelación con todos los operadores del circuito aduanero. Cada contenedor con su historial documentado en imágenes”.

Desde su ingreso a puerto, deberían contar “con observación obligatoria a través de scanners pórticos reportados a un centro de monitoreo con control cruzado por parte de organismos no subordinados entre sí”.

Y si resulta “necesario para cuidar aún más los recursos del fisco, disponer la portación de una “body cam” para que el agente aduanero sea el que genere el registro con su propia actividad, tal como en la actualidad lo usa el personal de la Policía de la Provincia de Córdoba para casos de alta complejidad”.

“No sólo es cuestión de dinero o prevenir la corrupción, es también contar con los mejores procedimientos para saber qué es lo que realmente ingresa al país”, concluyó, tajante.