Más de 23 millones de argentinos no tienen conexión a alguno de los servicios de red, como gas natural, cloacas y agua corriente

Antes de que asumiera el presidente Javier Milei, el 10 de diciembre último, ya era muy común en la Argentina escuchar a políticos y economistas debatir sobre las reformas estructurales que requiere el país para poder volver a crecer y mejorar el bienestar general de la población, y para ello siempre se ha puesto más el foco en las políticas de estabilización de precios; revertir la dominancia fiscal sobre la política monetaria con la eliminación del déficit de las finanzas públicas; principalmente, y algunos avanzaban al incluir cambios en la legislación laboral y poner límites a la denominada industria del juicio, como se observó con mayor intensidad en los últimos días en que se trató la Ley Bases Bis en Diputados, que en las obras de infraestructura básica que necesita casi la mitad de la población.

Claramente, el Gobierno nacional ha decidido dar prioridad al objetivo de estabilizar los precios, atacando con todo rigor al déficit fiscal, el cual incluye como uno de sus pilares la suspensión de los giros discrecionales a las provinciales y la virtual paralización de las obras con menos de 80% de grado de avance de ejecución.

Sin embargo, de los informes semestrales del Indec sobre las Condiciones de Vida de la Población al cierre de 2023 se desprende que es necesario impulsar en simultáneo aquellas obras que hacen al hábitat de las familias en el país y que en muchos casos constituye causa y efecto de los dolorosos índices de pobreza que se estiman ya superan el 50% de la población -el Presidente llegó a hablar de 60% de los habitantes-, porque no se revertirán únicamente exterminando la inflación y mejorando los ingresos reales de jubilados y asalariados.

Según el relevamiento del Indec correspondiente al segundo semestre de 2023 el 51% de la población total de 31 aglomerados urbanos que suma 29,51 millones de personas y el 45,6% de los hogares de ese universo (4,58 millones) carecía de la posibilidad de acceso a algún servicio público de red (agua corriente, gas natural y desagüe del inodoro).

La extrapolación de esos datos al total nacional de 46,72 millones de habitantes arroja que al menos más de 23,8 millones de personas no disponen en la vivienda en la que reside (propia, alquilada u ocupada) de algunos de esos servicios esenciales, pese a que son determinantes tanto para la calidad de vida diaria, como también para evitar la propagación de enfermedades que se consideraban limitadas a muy pocas zonas del país, como el dengue.

La corta serie del Indec, se inicia en el segundo semestre de 2016, muestra que esas carencias, lejos de reducirse, o al menos estabilizarse, han mantenido un crecimiento sostenido, al extremo que en el caso particular del último año en que se agravó la inflación y se deterioran al extremos las finanzas públicas, y con ello la ejecución de obras, aumentaron más que el crecimiento vegetativo de la población -se elevó en casi 702 mil personas en comparación con el agregado de 470 mil habitantes-.

El indicador negativo que más aumentó en 2023 fue el vinculado con unos de los recursos no sólo más abundantes en el país, sino que además captó singular atención en los últimos años con la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, fue el de la disponibilidad de gas natural de red para 17,8 millones de personas, se incrementó ese universo en casi un millón de habitantes, y en casi 3 millones desde el inicio de la serie.

La estadística del Indec no incluye entre los indicadores de Condiciones de Vida el acceso de la población a la red de energía eléctrica. Pero no pareciera que ahí radique la carencia de acceso a la red de gas, porque si bien en parte de este nuevo siglo se promocionaron los hogares “electrodependientes”, con tarifas irrisoriamente bajas, muy alejadas del costo de generación, transporte y distribución, ya alcanzaba una cobertura superior a 98,8% en el Censo de Población y Vivienda de 2010, y el porcentaje de acceso de la población a los combustibles limpios para cocción era de 97,2 por ciento.

La estadística oficial, basada en la Encuesta Permanente de Hogares cada trimestre, detectó que en el segundo semestre de 2016 no podía conectarse a la red de gas natural el 34,3% de los residentes en la Argentina, cae a un mínimo de 33,9% en las segundas mitades de 2018 y 2021, y desde entonces sube hasta 38,1%, esto es en casi 5 puntos porcentuales de la población.

Se trata de un crecimiento que no pareciera explicarse por el aumento del consumo de energía eléctrica en los hogares en 3,3%, pese a que superó en más de dos puntos porcentuales el crecimiento vegetativo de la población que se estima en 1% -según la tasa acumulativa anual intercensal que registró el Indec-; ni tampoco entre extremos de los siete años de la serie que fue del 17,8% en comparación con 7,8% del total de habitantes.

Los otros dos indicadores que forman de las Condiciones de Vida que releva el Indec que sufrieron deterioro en 2023 fueron los vinculados con el acceso de la población a las redes de agua procedente de red pública (corriente), y a la de desagüe del inodoro (cloacas). En el primer caso subió de 11,5% a 11,7%, y en el segundo más todavía, de 30,2% a 30,7 por ciento.

En términos de personas significaron sendas ampliaciones del universo de habitantes sin posibilidades de contar con esos avances que nada tienen de modernidad pero si mucho de costo de conectividad, de 124.000 y 373.000, respectivamente.

Por el contrario, en prospectiva, ambos indicadores acusaron sendos progresos entre extremos en los últimos 7 años en términos relativos. En el caso del acceso a la red de agua corriente la proporción habitantes ascendió a 88,3% (subió 0,55 puntos porcentuales); y en de la conectividad a las cloacas se elevó a 69,3% (4 pp).

Sin embargo, en valores absolutos, mientras que en el primero el universo que aún no pudo contar con el servicio se amplió desde el inicio de la serie en 154.000 personas, en el segundo se redujo en 702.000 habitantes.

Otro referente de las características habitacionales que se vio afectado en 2023 fue el de la “calidad de los materiales de la vivienda”: en estado “insuficiente” aumentó en 0,55% de la población, y “parcialmente insuficiente” mejoró apenas 0,07 puntos porcentuales.

En cambió en comparación con 7 años antes, ambos indicadores disminuyeron en términos agregados en 1,8% de la población. Sin embargo, la proporción conjunta de 22,3% de los habitantes que viven en estructuras edilicias precarias, equivalente a 1 cada 4,4 habitantes, y se concentra en hogares pobres en términos de ingresos monetarios.

De lo anterior se desprende que para poder mostrar un buen balance de gestión a fin de período el gobierno de Javier Milei no sólo deberá concluir con tasas máximas de un dígito anual de inflación, y reducir drásticamente los índices de pobreza e indigencia a través de la mejora de los indicadores de ingreso real (jubilaciones, pensiones, asalariados y de trabajadores independientes); sino también de los indicadores de condiciones de vida de la población.

Para esto, los economistas advierten que serán necesarios disponer de incentivos para la ejecución de obras de infraestructura, no sólo de carácter general e imprescindibles, como caminos, hospitales, escuelas, puertos, conectividad, entre otros, independientemente de quién las ejecute -sector público nacional, provincial, o municipal- sino también de carácter particular que posibiliten a las familias acceder a viviendas plenamente terminadas y con acceso a los servicios básicos de agua corriente, de cloacas y gas natural por red, principalmente.