Qué quieren las prepagas para el día después: planes low cost y otras propuestas para cuando pase la tensión con el Gobierno

En medio de una fuerte suba en las cuotas mensuales, el Gobierno las puso en el centro de la atención mediática y las acusó de haberle declarado la guerra a la clase media, el segmento social donde está buena parte de sus afiliados.

Así, las empresa de medicina prepaga fueron denunciadas por las autoridades de la gestión de Javier Milei, que primero las autorizó a aumentar de manera libre sus precios, sin ningún control, y luego se las señaló por subas desmedidas y “cartelización”. Quieren, además, que la Justicia ordene que les devuelvan a sus clientes ese aumento “extra”, por sobre la inflación, que cobraron en los primeros meses del año.

En medio de incrementos de más de 150% y quejas de todo el mundo, el tembladeral hizo crujir una vez más a un sistema golpeado que denuncia desde hace años fuertes atrasos en los precios, hasta ahora controlados por los distintos gobiernos. La última crisis generó la renuncia de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, a la Unión Argentina de Salud (UAS), una entidad que nuclea a la mayoría de las organizaciones de medicina privada. Los prestadores médicos, en tanto, aseguraron que hay más de 1.670 centros en riesgo de quiebra. Todo el sector de la salud, en emergencia desde 2002, está en vilo.

En ese contexto, las principales empresas de la industria ya empezaron a anunciar bajas en sus próximas facturas. Es el caso de Swiss Medical, que bajará 22,22% con respecto a la cifra que había anunciado en marzo. Un movimiento similar realizará OSDE, la prepaga más grande del país (es una obra social, en rigor) y ayer, otra de las “grandes” del sector comunicó sus bajas. Se trata de Galeno, que tendrá en mayo una reducción del 26,78 por ciento.

En una carta a sus afiliados, Swiss Medical dijo que “es muy importante para nosotros transmitirle que los incrementos realizados en estos meses son el resultante de reducir, en parte, el gran desfasaje generado entre el aumento de nuestra estructura de costos y las cuotas autorizadas por la autoridad competente hasta diciembre de 2023. Este desfasaje se acentuó de forma exponencial en el último trimestre del 2023, en el que terminó por generar una diferencia acumulada del 62,6% entre la inflación y las cuotas de medicina prepaga”.

Según datos que la empresa citó en la misiva, entre enero de 2020 y diciembre de 2023, los medicamentos e insumos médicos aumentaron 1.361%, contra 667% de las prepagas.

Ante la pregunta de si las subas no se podrían haber realizado de otra manera –más escalonadas, por ejemplo– las empresas aseguran que siguieron los lineamientos del Gobierno y de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el regulador del sector. Y cargan contra su “enemigo natural”: los fabricantes de medicamentos. “El Gobierno podría haber convocado a todo el sector a una mesa de diálogo para definir cómo íbamos a seguir. Pero a todos, no a una parte”, destacaron desde una de las grandes compañías en off the record. Infobae habló con varias de las líderes del mercado y ninguna quiso identificarse.

“Los médicos, camilleros, enfermeros, kinesiólogos, prepagas no son formadores de precios. El precio de los medicamentos pasó de ser el 18% del gasto médico total, al 40 por ciento. Hoy lo que de verdad nos preocupa son los costos. Nosotros vamos a tener que aumentar según el IPC. ¿Los insumos médicos también lo harán de esa manera?”, se preguntaron desde otra de las firmas.

Y si bien las prepagas están concentradas en las cautelares y en ver cómo seguirá la relación con el Gobierno, también piensan en lo que vendrá. Saben que una vez resuelta la tensión y ya con las cuotas que subirán a la par de la inflación, el objetivo será buscar cambios para que el negocio sea mejor y, sobre todo, sustentable.

Las propuestas son variadas, pero todas dependen de que las autoridades cambien las leyes y los procedimientos. “El sistema requiere actualizaciones urgentes. Los esquemas de la mayoría de los países son mucho más restrictivos que el nuestro. Pero no hay que ir muy lejos, basta con mirar a Uruguay. No existe la cobertura sin límites en ningún país, y menos en un mundo con gente cada vez más longeva”, explicaron.

Así, mencionan cambios que podría venir de la mano de modificar el Plan Médico Obligatorio, terminar de tener una agencia vinculante que apruebe el pago de medicamentos (sobre todo los más costosos) y poder contar con una oferta comercial que incluya planes low cost, copagos y servicios deducibles.

El Plan Médico Obligatorio (PMO) es el que detalla las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las obras sociales y las prepagas. Es un instrumento que está vigente desde fines de 2003 y que nació en el contexto de la emergencia decretada luego de la crisis de 2001.

Las empresas aseguran que luego de tanto tiempo y de controles superpuestos el PMO está completamente desvirtuado. “No es un plan obligatorio, es un plan médico infinito. No puede existir algo así, se lo preguntes al FMI, a la OMS o a quién sea. En el PMO no hay límite, entra todo. Es absurdo”, aseguraron desde una de las empresas consultadas.

En uno de sus competidoras, coincidieron: “Hay que revisar urgente el PMO que fue agregando coberturas con los años; coberturas muy importantes de las que nunca se discutió quién realmente debe pagarlas. Sale un medicamento nuevo importado al mercado, lo aprueba la Anmat y vale USD 2 millones. ¿Quién financia? ¿Quién debería cubrirlo? Hay que dar ese debate”.

Las compañías reclaman también una agencia tecnológica que defina de manera vinculante qué medicamentos, de los llamados “caros”, se aplican y cuáles no.

Hoy, esa función, en gran medida la cumplen hoy los jueces, que suelen terminar decidiendo por medio de resolución de medidas cautelares que una prepaga, o el propio Estado, en algunos casos, paguen el costo de un determinado medicamento.

También hacen foco en la creación de un fondo común para pagar tratamientos o medicamentos de altos costos. Hoy existe el Fondo Solidario de Redistribución, pero en el sector privado coinciden en que funciona mal y está destinado, casi en su totalidad, a cuestiones de discapacidad.

Los copagos son otro de los pedidos que el Ejecutivo debería reglamentar, según algunas de las compañías.

“Así funciona en todo el mundo”, dicen desde un sector de las privadas, pero no hay un acuerdo total al respecto. Estos “extra” que cobran los médicos y algunas instituciones por sobre la cobertura volvieron a implementarse el año pasado, en pleno proceso electoral y en medio de una nueva crisis financiera del sector.

“El copago es una manta corta. El médico tiene su honorario y debería cobrar eso. La gran mayoría de los planes son sin copagos porque la gente no los quiere”, aseguraron desde otra de las empresas.

En un contexto inflacionario, además, en el que el Gobierno busca imperiosamente que los precios bajen, más de un funcionario ve con buenos ojos un sistema de este tipo porque se trata de subas que no impactan directamente en las cuotas y, por lo tanto, en la inflación que mide en Indec.

Las empresas tienen entre sus planes buscar que la gente compre protecciones puntuales, según lo que crean que son sus necesidades. Argumentan que si bien hay una regulación del gobierno de Mauricio Macri sobre el tema, nunca se terminó de implementar. “Se podría interpretar que está vigente, pero no lo vamos a hacer, y menos en este momento. Hay que poner las cosas blanco sobre negro y autorizar este tipo de planes. Si quieren desregular y libertad, eso sería desregular de verdad”, afirmaron desde una de las firmas.

Otra vez, no hay 100% de coincidencia con todos los aspectos de esta alternativa. “No sirve de nada un plan low cost que no brinde buena cobertura. Sería engañar a la gente: para tener planes low cost primero hay que discutir cuál es la cobertura real del PMO. El low cost en un sistema solidario como el nuestro sería bastante complicado”, destacaron desde otra de las compañías consultadas.

Los planes de salud deducibles funcionan como las franquicias de los seguros y es un modelo muy usado en EEUU. Se contrata un plan en el que, por caso, el primer millón de pesos de un tratamiento lo paga el paciente y el resto la prepaga. Desde el sector argumentan que eso permitiría bajar el precio de las cuotas, generar planes más inteligentes y mayor acceso al sistema privado de salud.

Una de las empresas puso como ejemplo una reciente medida que se autorizó en otro rubro, la prohibición de que los seguros de autos ofrezcan servicio de grúa y auxilio mecánico. “Era algo distorsivo que el Gobierno arregló rápido y bien. Está claro que es un tema para muchos más sensible, pero se debería hacer los mismo con los médicos a domicilio, un servicio que no existe en ningún país del mundo. Es una distorsión más que nació como una alternativa premium y fue quedando en los contratos. Ni siquiera como algo on demand es útil, no es para nada sustentable”, dijeron las empresas.

“Son temas que tenemos que abordar con el Gobierno, el tema es que por ahora no nos reciben”, se quejaron en un sector que empieza a mirar el mediano plazo en medio del tembladeral con el Gobierno y luego de una fuerte suba de precios que generó airadas protestas de sus afiliados.