Ley Bases: los industriales advirtieron por el impacto negativo del Régimen de Grandes Inversiones

La aprobación en Diputados del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contenido en el proyecto de Ley Bases, que contempla incentivos fiscales y cambiarios a proyectos productivos que superen los USD 200 millones, puso en alerta a la industria argentina. A diferencia de otros puntos contenidos en la norma, como la reforma laboral, los empresarios advirtieron que implica una competencia desleal para las pymes locales.

La semana pasada la Unión Industrial Argentina (UIA) apoyó el dictamen de mayoría para la normativa que impulsa el Gobierno de Javier Milei en el Congreso. Sin embargo, marcó su desacuerdo en algunos puntos de la reforma laboral y del esquema de incentivos.

“En lo referido al RIGI, si bien la UIA viene destacando la importancia de contar con un régimen para grandes inversiones, también es clave desarrollar un régimen de incentivos para pymes que fomente las inversiones del entramado local. Asimismo, se había advertido a los distintos bloques parlamentarios que la actual redacción coloca a los proveedores locales en una situación de desventaja frente a los productos importados, toda vez que la importación no paga aranceles de ningún tipo mientras que los proveedores nacionales deben cumplir con todas sus obligaciones en materia arancelaria e impositivas”, advirtió.

Por otro lado, la casa fabril señaló: “Por este motivo la UIA realizó propuestas al articulado para generar un esquema que permitan a las empresas argentinas convertirse en proveedores de calidad de los nuevos grandes proyectos”.

En esa misma línea, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) Elio Del Re, alertó que “podría generarse una competencia desleal con la industria preexistente.

En ese sentido, graficó: “Si el producto en Estados Unidos vale 1 millón de dólares y en Argentina vale lo mismo, al que lo compra le saldría un 30% menos comprarlo afuera; no estamos hablando de competitividad, estamos hablando de incentivos”.

Entre los beneficios del Rigi se contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. Asimismo, les permite a los beneficiarios disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año y del 100% a partir del tercero.

Del Re subrayó que los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales “ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías, de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes”. Además afirmó que el RIGI “no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser impulsados, ni tampoco prevé ningún tipo de ítem que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local”.

En este marco, ADIMRA envió el lunes 22 una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y a las autoridades parlamentarias, para advertirles sobre el impacto que tendría en el sector la aprobación del Régimen, un petitorio para que se revea el proyecto y en el que se alerta que, tal como está planteado en su última versión, “atenta directamente contra la industria nacional y las pymes, en beneficio de grandes empresas y las importaciones”.

Cabe destacar que la semana pasada se difundió el Informe de actividad metalúrgica que reveló una caída del 17,7% interanual en marzo, configurando un descenso del 6,6% en el primer trimestre. Y confirmó el bajo nivel de actividad registrado sólo superado, en los últimos ocho años, por los cuatro meses más duros de la pandemia del 2020.

“El proyecto exime de derechos de importación, tasa de estadística y todo otro tributo a las importaciones de mercaderías, bienes de capital, partes y componentes. Este beneficio coloca a los proveedores y fabricantes nacionales que compiten con estas importaciones en situación de desventaja, ya que los productores nacionales sí pagan impuesto País y los tributos asociados a las operaciones de importación”, advirtió la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). La entidad planteó la necesidad de incorporar cambios al proyecto.

También el capítulo sobre Energía de la Ley Bases, y que a lo largo de 54 artículos divididos en 6 capítulos incluye las modificaciones a la ley de Hidrocarburos N° 17.319; a la ley 24.076 del Marco Regulatorio del Gas Natural; a la Ley 26.741; la unificación de los Entes Reguladores; la adecuación de la Ley 15.336 y 24.065 que en conjunto constituyen el marco regulatorio eléctrico; y finalmente la legislación ambiental uniforme conforme a la Ley 27.007, encuentra detractores.

Según el Instituto de Energía Mosconi (IAE), el proyecto promovido por el Poder Ejecutivo (PEN) no cuenta con un “plan energético integral”. En particular, el fin de la obligación de satisfacer el mercado interno como primera prioridad y asegurar el autoabastecimiento genera rispideces.

“Presenta una inclinación hacia la exportación de productos primarios sin procesamiento adicional y omite el interés del Estado, definido en la ley 17.319, de dar prioridad al abastecimiento interno de combustibles. Es crucial destacar que el Poder Ejecutivo Nacional sugiere modificar algunas legislaciones del sector sin haber introducido un plan energético nacional integral”, señaló.

De acuerdo con el IAE, la propuesta busca adoptar un enfoque de comercio libre, tanto a nivel nacional como internacional, confiando en que esta libertad impulsará la producción y la generación de valor agregado necesarios para satisfacer la demanda doméstica de hidrocarburos y asegurar su accesibilidad para la población, el transporte, el comercio y la industria. Además, se espera que el sector energético se transforme en un significativo generador de divisas.

“Se elimina la obligación de satisfacer prioritariamente al mercado interno. Cae el objeto del autoabastecimiento por el de maximizar la renta. Las exportaciones e importaciones serán libres, el Poder Ejecutivo se abstendrá de intervenir o fijar precios. Pero se incorpora una condición a esa libertad: estará sujeta a la ‘no objeción’ de la Secretaría de Energía, fundada en motivos económicos de seguridad del suministro”, señaló Juan José Carbajales, titular de la consultora Paspartú y ex funcionario kirchnerista.

“Ergo: ¿servirá esta liberalización para garantizar el boom inversor en Vaca Muerta? ¿O la discrecionalidad última del Gobierno (y de YPF o ENARSA en la fijación de precios de venta) dificultará los planes de negocios con perfil exportador?”, agregó.