Los fuertes aumentos en los servicios públicos de electricidad y gas natural del primer cuatrimestre fueron solo el inicio del proceso de “sinceramiento” que inició el Gobierno de Javier Milei como parte del objetivo de superávit fiscal y de ordenamiento de precios relativos. Es así que desde mayo comenzará otra ronda de incrementos que se pagarán en las facturas que llegarán en junio.
Una caso será el de las indexaciones mensuales que determinó la Secretaría de Energía en las boletas para todos los usuarios, mientras que habrá nuevos costos de la energía que impactarán en comercios, pymes y usuarios residenciales de altos ingresos. En paralelo, se trabaja en la implementación del nuevo esquema de subsidios oficial cuyos detalles se conocerán en las próximas horas en el Boletín Oficial y su implementación se postergó al menos hasta junio.
Es importante destacar que las boletas están compuestas por el precio de la electricidad o el gas, el transporte y la distribución. Sobre eso se aplican los impuestos nacionales, municipales y provinciales. Pero también se incluye la segmentación de subsidios: los N1 (altos ingresos) que no reciben asistencia, los N2 (bajos ingresos) y los N3 (ingresos medios). Estos dos últimos universos sí tienen subvención, por lo que pagan menos del 10% del costo de la energía.
En el caso de la electricidad, el primero de mayo las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edesur y Edenor, podrán aumentar sus tarifas a partir de la fórmula polinómica de actualización que combina un 55% de la variación del índice de Salarios del Indec, en un 25% la inflación mayorista y en un 20% la minorista.
El mes que se tomará será febrero y los cálculos del sector son que la recomposición será de al menos 5% mensual. Aunque la fórmula varía levemente, las transportistas también podrán incrementar en esa magnitud. Este mecanismo lo implementó Energía para evitar caídas en los ingresos de las empresas frente al avance de precios.
Por su parte, las distribuidoras y transportistas de gas de todo el país tendrán la posibilidad de aplicar en mayo la fórmula de salarios, precios mayoristas y el costo de la construcción. Aunque la composición del índice difiere levemente, el salto podría ser del 5% sobre sus precios.
En las empresas distribuidoras de electricidad también esperan que Energía publique la semana que viene el nuevo precio estacional. Allí se verá si comienza a cobrar a parte del 60% de los usuarios, N2 y N3, mayores precios como forma de aliviar el gasto en subsidios del Tesoro. La programación provisoria de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista Eléctrico (Cammesa) arrojó que el salto será del 100 por ciento.
En el caso del gas, la decisión se conoció la semana pasada con los incrementos de abril. En mayo comienzan a regir los precios invernales que pagarán plenamente los comercios, industrias y usuarios de altos ingresos. A eso se sumará un consumo más alto por ser el período invernal, que en algunos casos hasta se cuadruplica.
Hacia adelante, se sumarán más factores de presión sobre las tarifas. En el Gobierno saben que no pueden pisar indefinidamente los pagos por subsidios, más allá de que es una de las principales partidas a recortar para consolidar el superávit fiscal en 2024. Por ahora la quita de subvenciones a la luz y el gas no avanza como tenía previsto el Gobierno originalmente.
Es que la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE) que esperaban primero en abril y que luego se pospuso a mayo, ahora está prevista para junio o julio. En los próximos días se publicarán los detalles en el Boletín Oficial. Si todo se mantiene igual, 7 de cada 10 usuarios continuarán pagando menos del 10% del costo real de la energía consumida.
Según pudo reconstruir Infobae de fuentes oficiales y del sector energético, la demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas. En encontrar la sintonía adecuada trabajan la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía.
La hoja de ruta del ministro de Economía, Luis Caputo, preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subvenciones a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que buscara una calibración distinta en el ajuste.