La Marcha Federal Universitaria de este martes pondrá el foco sobre el efecto del ajuste del Gobierno sobre las partidas presupuestarias destinadas a universidades, las cuales se encuentran en sus niveles más bajos desde que se tiene registro. El conflicto se enmarca en una cruzada del presidente Javier Milei contra el sistema público de educación superior, al cual acusa de adoctrinamiento y falta de transparencia en la utilización de fondos.
El “Programa Desarrollo de la Educación Superior” es la principal fuente de financiamiento de las más de 50 universidades nacionales de toda la Argentina. Explica más del 90% del gasto total de las instituciones. El país no tiene un Presupuesto aprobado para el corriente año y el Poder Ejecutivo definió mantener las partidas con el mismo crédito que en 2023. En un contexto de alta inflación eso no solo representa un congelamiento en términos nominales, sino un recorte real.
El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, del que depende la Secretaría de Educación, anunció este lunes que habría un incremento del 70% para asistencia financiera para garis de funcionamiento, que representan menos del 8% de lo que gastan las universidades. A eso se sumó un adicional para hospitales universitarios y el acuerdo entre las partes para una “auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditorías existentes”.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) detalló que con esas modificaciones el presupuesto asignado al “Programa Desarrollo de la Educación Superior” es de $1.474.347 millones ($1,47 billones). La entidad destacó que el crédito es 71% menor que en 2023 en términos reales. El cálculo de ACIJ surge de considerar una inflación proyectada por el REM para 2024 de 189%, pero usando una inflación promedio interanual, que arroja 265%.
“Sin una ampliación presupuestaria, la financiación universitaria registraría su nivel más bajo desde que se tiene registro (1997)”, señaló la entidad.
El profesor de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Javier Curcio, destacó que el presupuesto para el principal programa universitario representa 0,22% del PBI en 2024. Ese nivel es menos de un tercio de lo que se destinó en los últimos seis años: en 2018 era 0,81% del PBI, en 2019 0,69% del PBI, en 2020 0,76% del PBI, en 2021 0,69%, en 2022 0,68% del PBI y en 2023 0,73% del PBI.
“Si se considera el programa de desarrollo universitario en su conjunto, de no mediar ampliaciones adicionales los recursos del sistema experimentarían un derrumbe del 72,4% durante 2024. Esto ocurre debido a que la actualización de las partidas de funcionamiento mencionadas alcanza solo al 5% del presupuesto de las casas de altos estudios, mientras que el 95% restante se mantiene estancado a los niveles nominales de 2023 completando un escenario que imposibilita la continuidad en la prestación de los servicios”, consignó Curcio en un informe reciente que firmó junto a otro profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Julián Leone.
El FMI proyectó que la inflación en 2024 será del 150% anual, incluyendo los aumentos en tarifas de luz y gas que en algunos tuvieron aumentos en torno al 600 por ciento. También las instituciones debieron afrontar otros aumentos en insumos esenciales para el desarrollo de su actividad. " Bajo estos parámetros, lo que fuera presentado como una recomposición podría entenderse como un inicio de refuerzo marginal insuficiente para planificar las actividades y asegurar la continuidad de la prestación de los servicios de las universidades”, explicaron los autores.
Por otro lado, destacaron que no es cierta la versión del Gobierno nacional sobre que el presupuesto universitario se mantuvo congelado en los últimos años: “Las partidas devengadas muestran una evolución similar en los primeros semestres de 2022 y 2023 para luego experimentar una mejora durante la segunda mitad del año que redundó en un incremento interanual real de 5,4% para el promedio del programa”
“En el primer trimestre de 2024, en cambio, el ritmo de incremento nominal se sitúa muy por debajo del crecimiento de los precios, generando un atraso acumulado de alrededor de 33% en el período enero-marzo que, como se dijo previamente, se profundizaría de forma significativa si no se disponen incrementos presupuestarios adicionales”, concluyeron Curcio y Leone.