El viernes pasado se conoció el pedido de los ganadores del juicio por la expropiación de YPF: quieren quedarse con las acciones que el Estado argentino tiene en YPF. En rigor, esa medida llevaría a que tomen el control operativo de la compañía por cuya expropiación de 2012 –mal realizada, según falló la justicia de EEUU el año pasado– el país fue condenado a pagar USD 16.000 millones, una cifra que se acrecienta por los intereses que corren día a día.
¿Burford, el estudio de abogados inglés que compró el derecho a litigar a dos ex accionistas minoritarios de la petrolera de bandera que fueron a la justicia de EEUU alegando haber sido perjudicados por la mala praxis expropiatoria local, quiere realmente quedarse con la empresa? Es muy probable que no y que sólo busque repercusión para lograr su cometido real: cobrar; o, al menos, negociar en ese sentido. Como sea, embolsará miles de millones: pagó unos 30 millones de euros para quedarse con las demandas, ya vendió un parte del juicio por USD 236 millones y ahora es el principal beneficiario del fallo condenatorio multimillonario.
Burford –que por su accionar muchos comparan con un “fondo buitre”– le pidió formalmente a la jueza Loretta Preska, del tribunal del sur de Manhattan que entiende casos vinculados a Wall Street, donde YPF cotiza hace 30 años, las acciones de la petrolera. Lo hizo de manera reservada, pero Argentina protestó y la jueza accedió y el viernes a que se haga pública la solicitud. Hoy confirmó formalmente el pedido y aseguró que “parece que la única manera que existe para que Argentina se ocupe de este tema, es mediante acciones judiciales”. Luego vendrán una serie de presentaciones de ambas partes y Preska decidirá en junio.
Argentina apeló el fallo condenatorio en EEUU, pero la causa en primera instancia sigue su curso. “Esperar a que la Corte de Apelaciones publique su decisión sobre el caso YPF no es una estrategia responsable. Admito que este Gobierno tiene otras prioridades, y también entiendo que el tema YPF sea tóxico y que nadie quiera tocarlo. Pero los argentinos tenemos la costumbre de patear los problemas, ignorarlos y culpar a otros para no enfrentarlos”, escribió en X Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y experto en este caso.
“Este caso lleva 9 años en las cortes internacionales y siempre se ha complicado. Lo ocurrido el viernes, es un nuevo ejemplo que, les adelanto, no será el último. La Corte de Apelaciones va a demorar otros 9 a 12 meses en publicar su fallo. Utilicémoslos para preparar al país en caso que el fallo sea adverso, pero no esperemos 12 meses para recién empezar a prestarle atención”, agregó.
El analista Daniel Montamat, ex presidente de la petrolera, confesó estar preocupado por las últimas novedades. “Preska metió a YPF por la ventana otra vez en la causa cuando, luego de la sentencia, habló de garantías y puso ahí a las acciones que tiene el Estado en la empresa. Argentina ya le pagó a Repsol por el 51% de la empresa con títulos por USD 10.000 millones, que la española vendió inmediatamente por la mitad. Burford ahora ejecutaría parte de la sentencia sobre esas acciones sin que el Estado reciba un solo peso por algo que ya pagó. Que se hayan puesto las acciones en garantía es muy preocupante: sería una privatización de facto por la que, además, se cobraría cero. No hay muchos elementos para que esto pueda revertirse en la jurisdicción de EEUU. El Gobierno le debe dar prioridad a este tema o nos vamos a quedar sin el control de la empresa, que tampoco va a poder acceder a los mercados globales de crédito. Chau a la nave insignia del desarrollo del potencial de Vaca Muerta”, destacó Montamat.
Daniel Apud, ex secretario de Energía, cree que si la opción es canjear la sentencia por las acciones, unos USD 5.000 millones, Argentina debería analizarla, aunque reconoce que es un canje muy difícil de concretar. “Quedó plasmado en la ley de Expropiación, que pide el apoyo de dos tercios del Congreso, algo que hoy podría suceder. Además y si bien el traspaso nunca se efectivizó, de las acciones del Estado, un 23% corresponde a las provincias. Me preocupa que Argentina no esté negociando. Si entra en desacato va a ser muy complicado”, destacó.
“Los demandantes tiene un sentencia a favor, que no está firme. E YPF está por afuera de la demanda, por el momento. Mientras tanto, los demandantes buscan ejecutar todo ahora. Y por eso piden la transferencia de las acciones: Preska ya dijo que las acciones de las provincias no se tocan. Eventualmente si hay un traspaso de acciones y las provincias se juntan, podrían ser el accionista principal. Por ahora es un pedido, veremos como sigue”, expresó Juan José Carbajales, de la consultora Paspartú y ex subsecretario de Hidrocarburos.
Antecedentes
Entonces, ¿puede Argentina perder el control de la YPF por orden de un tribunal de EEUU? La respuesta es que “sí”, más allá de lo dificultoso que sería. “Son pocos los antecedentes de situaciones similares. Cuando se trata de cuestiones de este tipo, Argentina siempre es pionera”, resumió Maril.
Con muchos matices, quizás un caso similar podría ser el de la venezolana Citgo, una refinadora que es subsidiaria de PDVSA en EEUU. Luego de un largo proceso, la Justicia de ese país autorizó subastar los activos de la empresa por otras deudas y denuncias que le hicieron al estado presido por Nicolás Maduro compañías estadounidenses. Una de ellas es la minera Crystallex que entabló una demanda luego de que Hugo Chávez le expropiara una mina de oro en el sur venezolano. Hay otras acreencias corporativas y señalamientos vinculados a bonos emitidos por el país sudamericano.
“La Corte de Apelaciones va a demorar otros 9 a 12 meses en publicar su fallo. Utilicémoslos para preparar al país en caso que el fallo sea adverso” (Maril)
A comienzos de este mes, además, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos aseguró que no revisará el falló que autorizó la subasta. Hay al menos 12 empresas interesadas y se buscará saldar deudas por unos USD 20.000 millones. Sin embargo, en marzo, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, falló a favor de que los bonos PDVSA están sujetos a la ley venezolana, algo que pone más dudas en el caso de Citgo y también vuelve a plantear la jurisdicción que los estrados estadounidenses tiene en cuestiones soberanas, más allá de que haya empresas que cotizan en Wall Street involucradas. O se, no termina de haber una postura concreta en esa polémica causa.
Se podría tomar otro caso que une también a Preska con Argentina. Se trata de Bainbridge, un holdout de Bahamas que nunca entró a los canjes que fue haciendo el país luego de default del 2001. Es uno de los pocos que aún siguen litigando. Ese “fondo buitre” le pidió a la jueza que le ordene a Argentina que transfiera fondos del BCRA a EEUU y de esa foram poder cobrar. Preska rechazó la solicitud el año pasado con dos argumentos: dijo que era un pedido muy poco específico y también que creía que esos fondos, si alguna fueran transferidos por Argentina, podrían quedar amparados por la Sovereign Immunities Act, o ley de inmunidad soberana. Por esa norma, ninguno de estos fondos pudo cobrar nada del país: el caso más extremo fue el embargo a la Fragata Libertad, que tuvo pedido de embargo en Ghana. Cuando Argentina se presentó ante el tribunal la solicitud fue descartada.
Como siempre, hay otra mitad de la biblioteca que dice lo contrario. “No creo que la Sovereign Immunities Act impida embargar las acciones de YPF. Son embargables porque hay es actividad comercial del Estado, la empresa cotiza allá. Además, Preska desestimó ya en su momento aplicar este acta que hubiera impedido todo el juicio y la sentencia contra el Estado. Las acciones son embargables, pero si se quiere ejecutar la sentencia en la Argentina, hay que pasar por un procedimiento que se llama execuator, que es validar localmente la sentencia extranjera. Es muy difícil que eso ocurra a nivel local”, detalló otra fuente que conoce la causa.
“Lo que probablemente puedan hacer es ejecutar la sentencia en EEUU y le pedirán a YPF que haga constar la transferencia de las acciones en sus libros. La empresa cumplirá o no, pero van llover las presiones y podría haber consecuencias, como problemas con la cotización”, agregó.
Otro punto a tener en cuenta es que las acciones de YPF que tiene el Estado están casi todas registradas en Argentina, salvo una parte que cotizan en Wall Street en formato de ADR (American Depositary Receipt, títulos físicos que respaldan el depósito en un banco estadounidense de acciones de compañías cuyas sociedades fueron constituidas fuera de ese país. Por eso Burford le pidió a Preska el traspaso accionario en lugar de solicitar directamente un embargo.