El Gobierno define si vuelve a subir el boleto de colectivos y trenes en mayo: qué valores evalúa

El Gobierno evalúa la posibilidad de aplicar desde mayo un nuevo aumento en los boletos de trenes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según explicaron fuentes oficiales a Infobae la cuenta que realiza el Ministerio de Economía tiene que ver con el impacto en la inflación, el bolsillo de los usuarios, la meta fiscal y el normal funcionamiento del sistema.

El análisis tiene lugar en medio del reclamo salarial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la amenaza de un paro para el próximo 25 de abril, luego de la retención de tareas que realizó el pasado jueves el gremio. Las empresas operadoras sostienen que los fondos necesarios para afrontar ese pedido solo podría cubrirse con más subsidios o con subas en las tarifas.

La Secretaría de Transporte recibirá esta semana a las cámaras empresarias del AMBA para continuar con las conversaciones que iniciaron la semana pasada. En paralelo el Gobierno evalúa si aplicará en mayo la actualización por inflación en las tarifas de trenes y colectivos, tal como estaba establecido en el artículo 11 de la resolución 5/2024 de la dependencia que conduce Franco Mogetta.

Según la norma en abril debía aplicarse una suba del 36%, pero el Ministerio de Economía decidió postergarla para no sumar presión en un mes en el que llegaron fuertes subas en las boletas de gas y las de agua. Para mayo el índice arrojará un 51,6%, aunque ese es el tope que tienen para subir los boletos sin tener que convocar a una nueva audiencia pública.

El impacto en los bolsillos sería sustancial si el incremento se traslada completamente. El boleto mínimo de colectivos podría saltar desde los $270 hasta los $409 en el AMBA. La tarifa de trenes pasaría de $130 a $197 en la región metropolitana. Los usuarios que no tengan su SUBE registrada pagarán más caro tal como quedó establecido a partir de abril.

La otra alternativa es extender el congelamiento en las tarifas, lo que abre dos caminos posibles: otorgar más subsidios a las empresas, lo que va en contra del objetivo de recortar esa partida en 0,2 puntos del PBI este año, o dejar que escalen las tensiones salariales con la UTA. En paralelo, el servicio sigue con límites en su funcionamiento y el deterioro es cada vez mayor.

Esa situación se vio reflejada en la retención de tareas que realizó el gremio la semana pasada y la advertencia de un nuevo paro para el próximo 25 de abril si no se reconoce un salario básico de los choferes en $987.000 a partir de marzo. Las cámaras aseguran que las tarifas actuales alcanzan para pagar un salario de $737.000 al mes pasado y que se necesita un aporte del Tesoro de unos $13.000 millones para cubrir esa diferencia para más de 50.000 trabajadores.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) sostiene que el costo “real” del boleto de colectivos es de $1.198 incluido el IVA. Los pasajeros cubren $270, el Estado pone $624 y los $624 restantes son cubiertos por las operadoras, quienes advierten por la crisis que generan esas pérdidas superiores a los $90.000 millones mensuales.

Los técnicos de Transporte reconocen ese descalce pero la postura oficial es “no ceder ante extorsiones”. Por eso reportan con frecuencia al equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien toma las decisiones con la mira puesta en el frente fiscal, la inflación y el bolsillo de los usuarios.

El transporte en el AMBA es el principal frente que tiene abierto el Gobierno en materia de transporte. Esta semana los funcionarios recibirán a AAETA, la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

El 8 de febrero decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior (FCI) por el cual se subsidia a las empresas de colectivos urbanos del interior del país. Esa partida representaba unos 102.000 millones anuales, aunque algunos gobernadores aguardan por el resultado de los reclamos que presentaron en la Justicia.