Con un decreto, el Gobierno pondrá a competir a la SUBE y abrirá el negocio del pago del transporte con cualquier tarjeta

El texto se está discutiendo en varios despachos del Gobierno al mismo tiempo, pero la decisión política está tomada: el Gobierno emitirá un decreto para quitarle la exclusividad a Nación Servicios y al sistema SUBE en la administración del pago de los boletos de transporte público de todo el país. Y ese será el primer paso para que todos los usuarios puedan pagar el colectivo, el subte o el tren con cualquier tarjeta de débito o crédito.

En el proyecto toman intervención la secretaría de Comercio, la secretaría de Transporte y el Banco Central, que combinan distintas competencias en la cuestión, conversan con las empresas involucradas y están sentados en la misma mesa para llevar un texto final a la firma de Luis Caputo y del Presidente Javier Milei.

El decreto en marcha derogará otro, el 84/2009, que implementó el Sistema Único de Boleto Electrónico y lo puso en manos del Banco Nación. También dejará en el camino el “convenio marco” que regulaba ese manejo monopólico por parte de Nación Servicios. Esa norma de 2009 lleva las firmas de Cristina Fernández de Kirchner, el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido y el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa. Supuestamente, venía a solucionar la “crisis de las monedas”, ya que las escasez de dinero metálico generaba múltiples trastornos para los pasajeros y algunos negocios oscuros.

La reforma en marcha viene a complementar y modernizar el sistema SUBE, dañado por la falta de actualización tecnológica y que revivió las imágenes de gente haciendo filas en las estaciones, ya no para conseguir monedas sino para nominalizar su tarjeta. Una vez terminada la exclusividad de Nación Servicios, el Banco Central tendrá a su cargo otras normas más específicas, relativas a la regulación de los medios de pago.

Aún cuando el texto del decreto no está cerrado, fuentes ligadas a su elaboración aseguraron que algunas definiciones ya están firmes. La primera es que la llegada del sector privado implica un sistema abierto: los dispositivos que se ubicarán en colectivos y estaciones deberán aceptar todas las tarjetas, bancarias o de fintech, de débito, crédito o prepagas, sin ninguna distinción. No habrá marcas o bancos con exclusividades, ni siquiera temporarias.

Al haber múltiples empresas de transporte (solo en AMBA, la red SUBE tiene más de 340 líneas de colectivos), se espera que haya más de una empresa que ofrezca los servicios de provisión de lectores de tarjeta y el procesamiento posterior de los pagos. El Gobierno no intervendrá en ese tema: “que haya contratos entre privados, que los transportistas acuerden con las empresas financieras”. En ese último sector se agrupan los adquirentes (aquellos que proporcionan a los comercios el servicios de cobrar por medios electrónicos), las emisoras de tarjetas y otras empresas con capacidad tecnológica para procesar ese enorme volumen de pagos. Y los bancos, por supuesto, manejarán parte de los fondos que hoy administra únicamente el Banco Nación. Las entidades de capital local, agrupadas en ADEBA, habían publicado un documento el año pasado en el que pidieron abiertamente “la universalización de los medios de pago del transporte público”.

Fuentes del mercado financiero aseguran que ya hay avances en este terreno. Sbase, la empresa de subterráneos de Buenos Aires, está cerca de cerrar un acuerdo con un grupo de prestadores tecnológicos para instalar en los próximos meses un lector de tarjetas en paralelo a los lectores de SUBE en cada estación porteña.

En el caso de las líneas ferroviarias administradas por el Estado nacional se prevé que se vean obligadas a llamar a una licitación pública para designar un proveedor.

El nuevo esquema, al mismo tiempo, prevé que en todos los casos el sistema SUBE siga vigente. Todos los nuevos medios de pago se agregarán al sistema actual. Y sin la incomodidad de que el usuarios “ponga la tarjeta a su nombre”, que genera filas y malhumor en estos días. Por definición, a diferencia de la SUBE, una tarjeta de débito o crédito siempre está identificada con su dueño. Por esa vía, se implementará cualquier tarifa especial.

Para dimensionar el negocio, según el BCRA en enero el sistema SUBE administró 340 millones de viajes por un monto de 22.000 millones de pesos. Más allá de que en el verano se viaja menos (en octubre hubo un pico de 442 millones de viajes), en enero el boleto promedio fue de 65 pesos. Con la reducción de los subsidios en el transporte, ese volumen de dinero crecerá en forma exponencial.

En cuanto a la tecnología, el borrador del decreto apunta al uso de tarjetas contactless que permiten el pago con solo acercarlas al lector, ya sea el plástico o bien el teléfono celular que las lleva cargadas, en el caso de quienes usen billeteras como Google o Apple Pay. Se menciona el uso de la tecnología NFC como la alternativa principal.

Por las características del servicio, se abren dudas si se puede utilizar el pago con QR, tal como se había informado tiempo atrás. Fuentes al tanto del proyecto oficial aseguran que si bien el criterio inicial era habilitar todos los medios de pago disponibles, los QR podrían quedar excluidos. La dificultad reside en el “tiempo de latencia”: pagar con QR requiere de varios segundos, un tiempo de espera razonable para la caja de un supermercado pero inviable para una fila de personas que pugna por subir a un colectivo o cruzar un molinete de subte. Los pagos contactless, en cambio, se concretan en menos de un segundo.

Este último aspecto podría impactar negativamente sobre Mercado Pago, principal impulsor del código QR en la Argentina y dueño de una enorme red de pagos con esa tecnología. En ese sentido, algunos expertos destacan que la masificación del uso de las tarjetas de débito y crédito contactless en el transporte puede traer una modificación de los hábitos del público por esa diferencia de tiempos con los pagos QR. Ese cambio puede ser más crucial para el negocio de los medios de pago en la Argentina que la propia rentabilidad que genere. La competencia entre ambas tecnologías, contactless vs. QR, abordaría un nuevo capítulo en colectivos y trenes. Y su impacto se replicaría desde allí hacia los mostradores de cualquier comercio.

Un punto clave a determinar es la comisión que recibirán los proveedores tecnológicos. En las conversaciones entre funcionarios y empresas, se calcula que las empresas que provean el cobro a las transportistas recibirán entre un 0,3% y un 0,5% de la recaudación. Hoy, Nación Servicios cobra un 7% por su tarea. Pero nadie se queja de ese porcentaje elevado: lo paga el Estado. “El costo de Nación Servicios es altísimo pero nunca nos preocupó porque lo absorbe el Gobierno, siempre formó parte de la política de subsidios”, explicó a Infobae un empresario del transporte automotor.

Por otra parte, y más allá del obvio beneficio para los usuarios por tener más alternativas para pagar, la apertura del sistema SUBE abre un gran negocio que no se limita a las comisiones. También abarca el aprovechamiento de un enorme volumen de información sobre los movimientos de sus usuarios, que permitirá a bancos, tarjetas, fintech y toda clase de empresas ofrecer muchos otros servicios.

¿Cuál será el futuro de Nación Servicios una vez abierto a la competencia de los privados? En el mercado sobran las conjeturas. Una de ellas es que se reconvertirá para prestar otros servicios por fuera del sistema SUBE en el sector financiero. Otra es que ingrese en planes de privatización o al menos de llegada de un accionista privado. Pese a la reticencia del Congreso y del gremio bancario, la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación apunta a transformarlo en sociedad anónima, un paso previo en la dirección privatizadora.

Un punto crítico que explican quienes conocen la actividad de Nación Servicios, que a diferencia del Banco Nación ya es una sociedad anónima, es su sobredimensión de personal. Según datos oficiales, Nación Servicios tiene 1.026 empleados que además, en la gestión de Silvina Batakis al frente de la entidad, pasaron a encuadrarse en la Asociación Bancaria. A poco de asumir su cargo en 2022 tras su breve paso por el ministerio de Economía, Batakis acordó con el gremio que conduce Sergio Palazzo darle la condición de trabajadores bancarios al personal de Nación Servicios y también incorporar a la planta permanente del Banco a 248 trabajadores encargados de vender las tarjetas, con el reconocimiento de su antigüedad.