Elogios y reparos de dos economistas del equipo de Roberto Lavagna al plan económico de Milei

Los economistas Federico Poli y Eugenio Díaz Bonilla analizaron los primeros meses del gobierno de Javier Milei con un reparto de críticas a la recesión y elogios por la búsqueda del superávit fiscal.

En un documento de la consultora Sistémica, estos dos expertos que formaron parte del gabinete económico de Roberto Lavagna también adoptaron una perspectiva histórica para analizar el presente. Poli fue jefe de asesores de y Díaz Bonilla representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante la gestión del ex ministro de Economía.

“Primero, para poder embarcarnos como Nación en los importantes cambios que se necesitan para superar la crisis actual se requiere tener un diagnóstico adecuado”, indicaron.

“La interpretación presentada por el Presidente sobre el ‘modelo de la libertad’ en el siglo XIX y ‘100 años de declinación’ cuando se abandonaron ‘los principios de la libertad’ (que fue cuando se empieza a votar libremente) no se corresponde con la realidad histórica: nunca fuimos ni el país más rico ni el más poderoso del mundo” agregaron.

“La declinación se inicia desde mediados de los 1970s, cuando nuestro PBI per cápita era aproximadamente el 50% del de EEUU. Fue entonces que empezamos a tener una mayor secuencia de violentas crisis financieras y cambiarias (en parte ligadas a crisis globales). Por ello, nos caímos hasta casi la mitad a la salida de la Convertibilidad, subimos al 40% en 2011 (el punto mayor en 40 años) y desde el segundo mandato de CFK venimos cayendo hasta el 33% actual”, señalaron los economistas.

“Si nos hubiéramos mantenido en los niveles comparativos de mediados de los 1970s hoy estaríamos entre Portugal y España en PBI”, aclararon.

“Este documento argumenta que el problema central reside en el conflicto y el péndulo entre posiciones más pro-mercado y más estatistas, con marcos macroeconómicos equivocados”.

“Somos una sociedad inclusiva con conflicto que lleva a los desbalances macroeconómicos y a la falta de políticas consensuadas de mediano plazo. Por tanto, la prioridad es resolver los desequilibrios macroeconómicos y el avance del Estado sobre la sociedad y los mercados”.

“Esto debe hacerse sin generar otra vuelta de péndulo. Otra característica de la Argentina es que buena parte del intervencionismo estatal es resultado de los desequilibrios macroeconómicos: la secuencia de déficit fiscal e impresión de dinero lleva a la inflación y al retraso cambiario, lo que luego se trata de controlar, infructuosamente, con el cepo cambiario, restricciones al comercio exterior, y controles de precios”, explicaron.

Por tanto, “la eliminación del déficit fiscal y el control de la emisión monetaria anunciadas por el gobierno deberían mejorar los equilibrios macroeconómicos, y así eliminar el intervencionismo estatal relacionado con esos problemas”.

Además, subrayaron que “la interpretación histórica permite identificar el problema a resolver: no es falta de libertad, sino falta de diálogo y el consiguiente conflicto, especialmente alrededor de la relación entre el Estado y la sociedad, lo que provoca los desbalances macro y la ausencia de una estrategia de desarrollo de mediano plazo”.

“Si utilizamos el diálogo para definir nuestro ‘contrato social’, y eliminamos las inútiles intervenciones micro para resolver el problema macroeconómico, entonces entramos en el marco de las ‘políticas públicas’ en sistemas democráticos”.

“Este marco tiene como punto de partida el papel fundamental del sector privado y el mercado, basados en la libertad y creatividad del ser humano. Pero, también reconoce que puede haber “fallas de mercado” (tales como falta 48 de competencia, externalidades, falta de bienes públicos, asimetrías de información, problemas de coordinación, entre otros), que pueden requerir la intervención del Estado para mejorar la eficiencia de la economía. Un segundo tipo de razones para la intervención del Estado es la equidad, que responde a la valoración moral que hace la sociedad en su contrato sobre los niveles de pobreza y desigualdad, y la justicia social en general”.

“Ambos problemas (eficiencia y equidad) pueden justificar la intervención del Estado. Pero el marco de políticas pública también argumenta que las intervenciones no son siempre eficaces, e incluso pueden ser perjudiciales, para solventar los fallos de mercado y problemas de equidad”, afirmaron.

“Las experiencias históricas de otros procesos de reformas estructurales en nuestro país, como fueron las llevadas adelante por Martínez de Hoz a mediados de los años `70s y Cavallo a principios de los ´90s, muestran algunas regularidades a tener en cuenta en este proceso que se está iniciando”, aclararon.

“La interrelación entre reformas estructurales y encuadre macroeconómico muestra que los resultados están marcados predominantemente por lo que pasa con este último; en este sentido, reformas estructurales razonables pueden terminar siendo inviables”.

Por ejemplo, “la apertura comercial externa con tipo de cambio atrasado y una recesión económica sería inviable. Las probabilidades de éxito o fracaso de los programas económicos y sus características dependen del el marco internacional y las condiciones de inicio de la economía”.

“La experiencia indica que hay que prestarle atención a los equilibrios macroeconómicos (fiscal, externo e interno) y a los precios relativos (tipo de cambio, tasa de interés y salario) para evitar que la economía termine en una crisis externa, fiscal y financiera por acumulación de deudas insostenibles”, indicaron.

“Se necesita también un plan global de desarrollo económico que enmarque las decisiones de política económica y permita generar estímulos para que haya inversión privada en sectores con potenciales externalidades y desarrollo de ventajas competitivas adquiridas”.

En la actualidad, “la economía argentina necesita sincerar precios relativos, desregular y equilibrar la macroeconomía para relanzar el proceso de acumulación de capital, roto hace más de una década, que nos conduzca a superar el subdesarrollo de la economía y acercarla a la de un país desarrollado capitalista y exitoso de tamaño mediano”.

“El programa actual del presidente Milei muestra tres características que diferencian de las experiencias anteriores: en ninguna de las experiencias históricas se dio, como en el programa actual, una liberación de precios en todos los mercados, alquileres, combustibles, salud, transporte y energía, junto a una devaluación superior al 100%”.

“Es una economía que ingresa a una fuerte recesión con salarios reales de los trabajadores formales que experimentaron una caída del 22% a noviembre de 2023, durante los últimos 6 años y medios (mediados de 2017); y la situación es mucho peor en informales y cuentapropistas”.

“En las experiencias históricas no se utilizó tan centralmente la recesión como mecanismo de control inflacionario, menos aún, se lo explicitó como hace en la actualidad el Gobierno”, expresaron.

“La Convertibilidad reactivó la economía; durante los años de Martínez de Hoz si bien hubo subidas y bajadas del nivel de actividad, la política económica tenía la restricción impuesta por los militares de no generar una recesión económica para mantener la paz social, en épocas convulsionadas de lucha contra la guerrilla”, recordaron.

“También diferente a las otras experiencias, pero ahora a favor del planteamiento del Gobierno de Milei, está la búsqueda de un superávit fiscal financiero y, por ende, la no emisión para financiar al Tesoro. Ninguna de las experiencias logró esa disciplina fiscal y monetaria, aunque Cavallo fue más prudente en lo fiscal y la regla de la convertibilidad le impedía el financiamiento monetario del déficit del Tesoro” explicaron.

Por su parte, “Martínez de Hoz, redujo el déficit fiscal heredado, pero lo mantuvo en niveles altos y el financiamiento monetario del mismo solo lo pudo eliminar al tercer año”.

“La idea del Gobierno de un paquete amplio de reformas, lanzado en simultaneo, nos parece correcta pues le imprime ritmo a una fuerte señal pro-inversión, imprescindible para mostrar un cambio de rumbo profundo”.

Sin embargo, “todas las reformas propuestas (DNU y proyecto de ley) no parecen adecuadas para fortalecer el proceso inversor y el empleo privado, dadas las características específicas de funcionamiento de los distintos sectores económicos”.

Tampoco “todas las reformas tienen la misma urgencia, ni la misma prioridad como para estar contenidas muchas de ellas en un DNU. Por otro lado, no se registra, en la historia argentina, un paquete de reformas de tan amplio alcance concebido como un big bang desregulatorio”.

“Más bien, las reformas en las experiencias históricas visitadas tuvieron lugar a lo largo de, al menos, un quinquenio”.

En resumen, “lo más importante, en la actual coyuntura, es resolver el tema macroeconómico. Luego, debemos acordar nuestro ‘contrato social’ en un diálogo respetuoso, considerando específicamente los problemas que se quieren solucionar y aplicando el marco de conceptual de “políticas públicas”.

“Entendemos la urgencia del gobierno por acelerar los cambios microeconómicos para facilitar la inversión que compense el efecto recesivo del shock macro. Pero no va a haber inversión en un marco de conflicto social y si no se resuelve la situación macroeconómica primero”, concluyeron los funcionarios de una gestión que logró una recuperación económica importante, pero que no supo o no quiso apelar a herramientas tradicionales para que la inflación no subiera.