Crisis energética: la deuda del Gobierno con las empresas superó los USD 2.000 millones en el primer trimestre

El Gobierno acumuló deudas en el sistema energético por más de USD 2.000 millones en el primer trimestre del año, cifra que representa más del doble del superávit fiscal registrado entre enero y febrero. Estos fondos corresponden a lo que deberían haber recibido por parte del Estado las empresas del sector para subsidiar la diferencia entre el costo de la energía y lo que efectivamente pagan los usuarios.

La maniobra de “pisar” pagos para maquillar las cuentas fiscales no es algo que comenzó durante la gestión de Javier Milei, pero en los últimos meses se puso en riesgo la cadena de pagos. Si bien en el sector hay optimismo de que los aumentos tarifarios permitan una normalización desde abril, se mantienen en alerta por el stock de pagos pisados.

Un informe de la consultora Economía y Energía, del ex vicepresidente de YPF Nicolás Arceo, reflejó que en el primer trimestre de 2024 el gasto devengado en subsidios destinados al sector energético fue de USD 666 millones. Es una caída de 71% respecto al mismo período del año anterior.

“La retracción de los subsidios dirigidos al sector energético durante el primer trimestre de 2024 condujo a un aumento de la deuda del Estado Nacional con los generadores de energía eléctrica y los productores de gas natural, entre otros. La deuda acumulada en el sistema energético, por el atraso en el devengamiento de subsidios, supera actualmente los USD 2.000 millones”, detalló Economía y Energía.

El relevamiento de la consultora surge de datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Hay que tener en cuenta que el gasto devengado es el surgimiento de una obligación de pago, aunque eso no implica que se hayan efectivizado.

En concreto el Gobierno ni siquiera devengó aún la transferencia de esos fondos que deberían ser transferidos a las empresas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Las generadoras y transportistas reciben por sus servicios pagos a través de Cammesa, que actúa como intermediario con las distribuidoras, las cuales son las encargadas de cobrarle a los usuarios. Estas últimas mantienen una deuda por unos $400.000 millones con la administradora como mecanismo para “financiarse” ante el retraso tarifario de los últimos años.

La intención de mediano plazo que tiene el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, es que Cammesa vuelva a su rol original. Eso implica que las generadoras, transportistas y distribuidoras negocien libremente por la energía. No está claro todavía cómo sería el funcionamiento del sistema en ese escenario.

Mientras tanto, Chirillo avanzó con aumentos en las tarifas para que los ítems de transporte y distribución queden cubiertos por lo que pagan los usuarios. Ese “recupero del equilibrio financiero” permitiría que la rueda comience a girar nuevamente.

Desde una importante distribuidora comentaron a Infobae que en el primer bimestre pagaron el 17% de la factura de Cammesa y tras los aumentos en marzo cancelaron el 40 por ciento. “Desde abril-mayo esperamos comenzar a pagar todos los meses el 100 por ciento. Por lo tanto, no deberíamos acumular nueva deuda y el sistema debería estar más aliviado”, estimaron.

Por otro lado, las compañías transportistas comenzaron a recibir de Cammesa los fondos comprometidos. Vale aclarar que siempre se realizan a 60 días. Hacia adelante hubo un guiño de la Secretaría de Energía a partir de la Resolución 34/2024 que les da prioridad para pago de las acreencias por sobre las generadoras por ser considerados como un servicio público, aunque solo tienen un 3% del total de la deuda acumulada.

Las mayores dudas se encuentran entre los que se dedican a la generación de energía en particular por las declaraciones de Chirillo sobre un “particular tratamiento [de la deuda] al trimestre noviembre-enero a fin de neutralizar los efectos generados por el sinceramiento del dólar oficial en todos los costos dolarizados”. Gran parte de los USD 2.000 millones corresponden a este ítem.

El mayor temor de las empresas es que el Estado no reconozca o busque una reducción significativa de sus acreencias, aunque en Energía prometen que la idea es comenzar a regularizar el stock. Es que como el precio de la energía está dolarizado, la devaluación del tipo de cambio oficial de diciembre pasado implicó un salto en la deuda que sumó Cammesa con el sector energético.

En el Gobierno saben que no pueden pisar indefinidamente los pagos por subsidios, más allá de que es una de las principales partidas a recortar para consolidar el superávit fiscal en 2024. Por ahora la quita de subvenciones a la luz y el gas no avanza como tenía previsto el Gobierno originalmente.

Es que la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE) que esperaban primero en abril y que luego se pospuso a mayo, ahora está prevista para junio o julio. Si todo se mantiene igual, 7 de cada 10 usuarios continuarán pagando menos del 10% del costo real de la energía consumida.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes oficiales y del sector energético, la demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas. En encontrar la sintonía adecuada trabajan la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía.

La hoja de ruta del ministro de Economía, Luis Caputo, preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subvenciones a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que buscara una calibración distinta en el ajuste.