El Gobierno dispuso recortar el déficit heredado para todo 2024 en $4,93 billones

El gobierno nacional en general, y el Ministerio de Economía, volverán a sorprender hoy a los mercados cuando vean que en el Boletín Oficial se publicó el Decreto 280, con fecha de ayer y la firma del presidente Javier Milei y el pleno de su gabinete de ministros: Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andrés Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo y Sandra Pettovello, firmaron una mega modificación presupuestaria, porque eleva la autorización de gasto para 2024 en $14,48 billones, los cuales -aquí la novedad- se cubrirán con un incremento de los recursos tributarios originalmente esperados en $19,41 billones.

En caso de ejecutarse plenamente esas partidas del año, la medida representa un ahorro fiscal de poco más de $4,93 billones que posibilitará reducir el déficit heredado en el Presupuesto 2023 vigente de $12,19 billones -equivalente al 43% del total de los recursos proyectados primariamente (5,2 meses de recaudación por todo concepto)-, a $7,22 billones.

Si bien en Economía y el propio Presidente se han fijado el exigente objetivo de cerrar el año con equilibrio presupuestario -no gastar más de lo que se ingresa- y estar cerrando el primer trimestre con un inédito superávit total en más de 11 años, no son pocos los economistas que dudan de la sustentabilidad de esos logros, e incluso el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Rodrigo Valdés, que participó a comienzo de la semana de un encuentro empresario en Buenos Aires alertó sobre la necesidad de “mejorar la calidad del ajuste fiscal, no la cantidad”.

Es que para obtener semejante giro de un déficit equivalente a 5% del PBI a superávit en apenas poco más de 100 de días de gestión, tanto el Presidente como el ministro Caputo destacan que debieron echar mano a la “licuadora” -aumentar el gasto nominal muy por debajo de la nueva tasa de inflación que saltó de 200% a casi 300% en comparación con un año atrás- y a la “motosierra” recortar drásticamente partidas destinadas a transferencias discrecionales a las provincias, suspender los giros para obra pública con menos de 80% de avance, y recortar los subsidios económicos, aumentando las tarifas de los servicios públicos, principalmente.

Y varios economistas locales también resaltan que se usó en exceso otro artículo del hogar “la bicicleta”, que no es otra cosa que ejecutar gastos pero postergar los pagos.

Sin embargo, a través del Decreto de marras el Gobierno parece querer mostrar que el ahorro fiscal del primer trimestre, que le ha permitido modificar por sendos decretos 268 y 274 la Ley de Movilidad Previsional y disponer aumentos mensuales de las jubilaciones y pensiones -por extensión también las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo- no fue circunstancial sino que forma parte de la nueva política de Estado junto a la consecuente emisión cero del Banco Central para financiar necesidades de caja del Tesoro Nacional.

Según los considerandos del Decreto 680 que cuenta con 20 artículos, 2 de forma y un anexo con 438 folios con el detalle de las partidas de gastos que se incrementa, como los recursos adicionales y las consecuentes fuentes y aplicaciones financieras se establece congelar los cargos y horas cátedra en los niveles establecidos en una planilla anexa, y modifica el artículo 7 de la Ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, vigente conforme el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus modificatorias, en los términos del Decreto 88 del 26 de diciembre de 2023, por el siguiente: “Las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros”.

Y se autorizan diversas reasignaciones y aumentos de crédito presupuestario para el corriente año, entre los que se destacan:

• Transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ministerio de Capital Humano $7,27 billones;
• Servicio de la Deuda Pública (Intereses y Comisiones) $2,69 billones;
• Servicios económicos, asistencias financieras, Obligaciones a Cargo del Tesoro $2,57 billones;
• Interceptación y Captación de las Comunicaciones, Poder Judicial de la Nación $0,38 billones;
• Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (Discapacidad) Jefatura de Gabinete de Ministros $0,36 billones;
• Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Seguridad $0,3 billones;
• Prestaciones de Previsión Social, Ministerio de Defensa $0,21 billones; y
• Formulación de Políticas para la Agricultura Familiar y Desarrollo Productivo, Ministerio de Capital Humano $0,11 billones.

Con datos procesados al 24 de marzo por parte de la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Economía registraba la ejecución del 34,1% del crédito presupuestario para el año de $40,25 billones, antes de la modificación comentada más arriba devengado para la Administración Central para todo el año -se reduce a 25,2% en la base caja (pagado). Mientras que del lado de los ingresos, de los $28,06 billones previstos para el año se habían percibido el 50,9 por ciento.

De ahí surge un superávit base caja a ese momento de $4,13 billones, equivalente a 28,9% de la ejecución de gasto del trimestre, que explicaría la decisión del Gobierno de anticipar el adelanto de la modificación de la Ley de Movilidad Previsional a partir de abril, aunque formalmente la norma regirá desde julio próximo, si es que el Congreso Nacional no vota una nueva ley superadora al ajuste mensual por el último dato de inflación al momento de la liquidación.

También la norma flexibiliza las operaciones financieras de la Administración Central con organismos y el BCRA, con pagos netos de los intereses devengados.