El peso del Estado: cuál es el impuesto que más desalienta la inversión y cuál la agencia fiscal de peor reputación entre las empresas

La presión impositiva es uno de los factores que está desincentivando las inversiones e Ingresos Brutos continúa siendo el impuesto que más impacto tiene en los precios de los productos y servicios, según surge de una encuesta entre empresarios realizada por la consultora KPMG Argentina.

En su encuesta anual, en el que se consultó a 58 gerentes o jefes de las áreas de finanzas (CFOs) y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de todo el país de los sectores financiero, construcción, telecomunicaciones, logística, energía, agroindustria, manufacturero y comercial; la firma relevó la percepción fiscal de 2023 y las perspectivas de inversiones, financiamiento y actividad económica para 2024.

“Este año la encuesta se realizó en un marco donde las problemáticas fiscales, el rol y tamaño del Estado, y el replanteo de la dimensión del gasto público tienen un gran protagonismo en el debate político y económico argentino. Ese contexto los resultados representan un aporte para el análisis de cuál será la carga fiscal que permita sustentar estos nuevos lineamientos desde la mirada mayoritaria de la ciudadanía”, explicó Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta.

“Es de esperar que el debate impositivo tenga cada vez más espacio y pluralidad por lo que la divulgación de la visión de quienes invierten contribuirá al objetivo de tener un sistema tributario sustentable y que promueva el crecimiento económico”, agregó.

Respecto a cada impuesto, para el 53,45% de los consultados Ingresos Brutos continúa siendo el que más impacto tuvo en los precios de los productos y servicios en 2023, lo que representa un aumento con relación a la encuesta realizada en 2022 (51,79%). Se trata de un impuesto de nivel provincial, muy criticado por los economistas y especialistas en impuestos por tratarse de un impuesto que se aplica sobre la facturación bruta de cada etapa del proceso productivo, por lo que tiene un “efecto cascada” muy superior a la alícuota aplicada, distorsionando la asignación de recursos. Por eso, como otros (un ejemplo típico es el impuesto al cheque), es un considerado un tributo “distorsivo”.

Luego le sigue “Otros” con 15,52%. De ellos, un 78% señaló al Impuesto PAIS (sobre operaciones de pago y cambiarias), 11% a los Derechos de Exportación y 11% a las Tasas Municipales. Continúa Impuesto a los Débitos y Créditos con 12,07%; Impuesto a las Ganancias, 10,34% y el Impuesto al Valor Agregado, 8,62 por ciento.

“El impuesto sobre los Ingresos Brutos crece y se consolida año a año en el liderazgo absoluto de los que encarecen de manera determinante los precios y servicios de las empresas”, explica el informe.

En la mayoría de los encuestados (96,55%) se observa que el marco fiscal argentino o bien los obligó a desinvertir o en el mejor de los casos les permitió “mantener” las inversiones ya efectuadas. Sólo un 3,45% manifestó haber desarrollado en el 2023 algún plan de expansión en términos de inversión.

Sin considerar el efecto de la inflación, más de un tercio de los consultados prevé tener un resultado sujeto a impuesto por el año 2023 (a presentar y pagar en mayo 2024 para los cierres diciembre) mayor que el del 2022. Un 26% prevé determinar un resultado impositivo menor que el del año pasado y un 5% estima presentar una utilidad impositiva igual que en el año 2022. Finalmente, un 33% (el año pasado fue el 25%) de los consultados manifestó reportar pérdidas impositivas por el ejercicio 2023, de ese porcentaje un 42% venía de tener utilidades en 2022.

Por otra parte, el 87,93% de las respuestas coincidió en que las normas tributarias no son publicadas con un suficiente nivel de estudio y consenso previo entre organismos públicos y las cámaras empresariales a nivel nacional para su implementación adecuada. Y con relación al ámbito provincial hubo coincidencia en el 98,28%. Hay un amplio consenso (casi de unanimidad en el caso del ámbito provincial) en cuanto a la baja calidad de análisis que tienen las normas impositivas en el momento de su publicación.

A los encuestados se les preguntó sobre si pudieran fijar precios diferenciales por jurisdicción en qué provincias deberían vender más caros sus productos y servicios dado el marco fiscal. La provincia de Buenos Aires sigue encabezando la lista de la presión fiscal que incidiría en la determinación de los precios de productos y servicios. Le sigue CABA, y como en 2022 se mantienen en el tercer lugar Misiones y Tucumán.

Particularmente, en la provincia de Buenos Aires, a principios de este año, ARBA cobró a empresas un anticipo adicional del Impuesto sobre Ingresos Brutos para recaudar 155.000 millones de pesos, un monto equivalente a cuatro veces el importe del anticipo de octubre de 2023.

Por ese motivo, fuentes empresarias bonaerenses dijeron a Infobae: “Discursivamente, el gobierno provincial es pro-industria, pero cuando necesita recaudar siempre recurre a la presión fiscal que golpea de lleno a las PyMEs de la provincia que vienen sobreviviendo como pueden y están al borde del abismo.”

“Estas subas de impuestos provinciales o cobros repentinos, como vemos ahora, sumado a los aumentos de impuestos y tasas municipales son una combinación explosiva que termina afectando de lleno a la producción. Impacta directamente en la estructura de costos, en un contexto de caída de la demanda. Son medidas contraproducentes en momentos de crisis”, dijo otro empresario.

A su vez, la Ley Fiscal Impositiva 2024, votada en diciembre en la Legislatura bonaerense con el respaldo del PRO, la Coalición Cívica, parte de la UCR e incluso un sector de los libertarios, aplicó un aumento de los tributos sobre bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural, variando entre el 140% y el 200%.

En este marco, el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert, muy cercano al presidente Javier Milei, declaró que el aumento de patentes, el aumento del inmobiliario residencial y de inmobiliario rural bonaereneses no hay que pagarlos. “No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Los bonaerenses no tienen que pagar el aumento impositivo”, dijo Espert, y recibió por redes sociales el apoyo del presidente.

También en línea con esas observaciones, cuando se les pidió calificar el rol y la objetividad de las diferentes agencias estatales directa o indirecta y potencialmente involucradas en el proceso fiscal o eventualmente llamadas a decidir sobre la materia, como la AFIP, el Tribunal Fiscal de la Nación, las Justicias provinciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la AGIP (la agencia recaudadora de la Ciudad de Buenos Aires) y Arba (su equivalente bonaerense), Arba, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, fue la peor calificada, con un puntaje de 4,07 en una escala del 1 al 10 (diez).

Siguiendo con la encuesta y en lo que respecta a incentivos impositivos, el 82,76% dijo que las medidas impositivas no son efectivas para el desarrollo de la actividad industrial; un 82,76% que tampoco lo son para la inclusión financiera; y un 79,31% que no favorecen a las exportaciones. Solo la industria del conocimiento tuvo un porcentaje alto positivo con el 63,79% de opiniones.

Para este año, el 89,09 % de los consultados afirmó que la presión impositiva será igual o mayor (mayor el 63,64% e igual el 25,45%). Solo el 10,91% cree que será menor.

“La mirada de los encuestados en cuanto al agravamiento de la presión fiscal en la economía se mantuvo muy alta en los últimos 5 años. De todos modos, y si bien se observa una mirada predominantemente pesimista, el porcentual de quienes avizoran una mayor presión fiscal pasó de un 84% en la proyección del año 2023 a un 64% para el año 2024″, afirmaron desde KPMG.

En relación a perspectivas de inversión, el 65,45% respondió que mantendrá la inversión en el país, el 29,10% que la disminuirá y solo el 5,45% que la aumentará. “Aun con un cambio de administración gubernamental no se advierte en las respuestas cambios respecto a las opiniones que esta misma pregunta receptaba el año pasado”, precisó el informe.

En ese sentido, el 96,36 % de los encuestados advierte poco o ningún incentivo fiscal de parte de las provincias para atraer inversiones productivas a sus territorios.