Ley de alquileres: el PRO pidió que siga derogada aunque se anule el DNU de Milei

Con Cristian Ritondo como presidente del bloque y liderando la iniciativa, diputados del PRO presentaron este viernes un proyecto de ley para sostener la derogación de la Ley de Alquileres. Esta acción refleja la intención de mantener la disposición del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el cual fue rechazado ayer por el Senado, aún si la iniciativa clave del Gobierno de Javier Milei encontrara el mismo destino en la Cámara Baja.

“La Ley de Alquileres que quedó derogada con el DNU no dio los resultados esperados, sino que empeoró la situación. A partir de esta norma, los contratos de alquiler de vivienda vuelven a regirse por el Código Civil y Comercial con la particularidad de que ahora las partes tienen libertad para hacer los acuerdos” afirmó Ritondo.

El diputado del PRO afirmó que la eliminación de la antigua ley resultó efectiva, ya que ha contribuido a aumentar la oferta (en la ciudad de Buenos Aires hay más de 12.000 departamentos en alquiler actualmente y según distintas consultoras y empresas del sector la oferta aumentó entre un 150% y 200% en sólo dos meses), reducir los precios y proporcionar mayor libertad y estabilidad en un mercado que antes se encontraba en deterioro, perjudicando tanto a propietarios como a inquilinos.

Enfatizó que no se puede permitir que aquellos que se oponen al cambio vuelvan a deshacer el progreso logrado “no podemos volver atrás”, señaló.

El proyecto de ley cuenta con el apoyo de los diputados José Núñez, Alejandro Finocchiaro, Héctor Stefani, Sabrina Ajmechet, Martín Yeza, Daiana Fernández Molero, Florencia de Sensi, Ana Clara Romero, Silvana Giudici, Sergio Capozzi, Germana Figueroa Casas, Laura Rodríguez Machado, Sofía Brambilla, Verónica Razzini, Gerardo Milman, Martín Ardohain, Alejandro Bongiovanni, Karina Bachey, Marilú Quiroz y Patricia Vázquez, entre otros.

El panorama hasta fin de año mostraba una oferta inexistente en muchos barrios porteños y ciudades del interior, como Agronomía, Parque Patricios o Mataderos en CABA, y San Carlos de Bariloche, Junín, Neuquén y Paraná, entre otras localidades.

El efecto del DNU, que permitía acuerdos desregulados en contraposición a la normativa derogada, llevó a cientos de propietarios que antes preferían mantener sus inmuebles vacíos o cedidos a familiares o amigos a reconsiderar su decisión y destinarlos nuevamente al alquiler habitacional.

Iván Ginevra, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, expresó a Infobae su preocupación al respecto: “Aunque es poco probable que el DNU sea revocado en Diputados, si esto ocurriera y se ratificare su rechazo, reinstalar la Ley 27.337 (que reformó la anterior de 2020 en octubre pasado) tendría consecuencias perjudiciales. En menos de un mes, la oferta volvería a disminuir a niveles récord y los pocos inmuebles disponibles volverían a ser publicados a precios exorbitantes”.

De retornar la Ley 27.337, los contratos se harían otra vez a 3 años de plazo con ajuste semestral a través del índice Casa Propia, un indicador crucial utilizado en programas como Créditos Casa Propia y Procrear II. Este coeficiente, presentado por primera vez en noviembre de 2021, se basa en una fórmula que considera el indicador más bajo entre el promedio de la variación salarial anual y el promedio de la inflación durante el mismo período.

Varias entidades del sector vinculadas a la industria de la construcción y el desarrollo urbano emitieron un comunicado expresando su preocupación por el impacto inmediato que puede tener sobre el mercado de alquileres residenciales el rechazo al DNU aprobado en el Senado, justo cuando este mercado se ha ido normalizando en los últimos meses.

“Nuestra postura es sostener la derogación de la ley 27.551, la cual demostró ser absolutamente ineficaz, hasta que se consensue una nueva ley superadora. Este comunicado se hace público para que las autoridades correspondientes lo tengan en consideración al tomar decisiones que afecten el acceso a la vivienda de muchos argentinos”, dice el despacho.

Entre las instituciones que adhieren al comunicado se encuentran la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), el Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata (CCyA), la Asociación de Empresarios de la Vivienda de Santa Fé (AEV Santa Fé), la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (APYMECO), la Confederación Nacional de Pymes de la Construcción (CPC), Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI), Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) y Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), entre otras.

El análisis realizado por Reporte Inmobiliario muestra que en la ciudad de Buenos Aires, los precios de los departamentos usados de calidad estándar ofrecidos en alquiler han experimentado un notable aumento en el último período. Según el informe, los departamentos de dos ambientes registraron un incremento promedio del 341,4%, mientras que las unidades de tres ambientes mostraron un aumento del 400,19% interanual.

En febrero de 2024, el valor medio de los departamentos usados de dos ambientes en toda la ciudad alcanzó los $278.433, mientras que las unidades de tres ambientes superaron los $381.000 mensuales.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos valores corresponden a unidades de calidad estándar, y como se señala en los informes de Reporte Inmobiliario desde hace más de tres años, si se busca una unidad en buenas condiciones, los precios suelen superar ampliamente estos promedios de oferta pública.

El persistente uso del dólar para la publicación de viviendas sigue siendo una realidad (sin embargo, si Diputados respalda el rechazo al DNU, esta práctica ya no podrá continuar).

Las organizaciones que representan a los inquilinos abogan por la reinstalación de la Ley de Alquileres.

Natalia Ranzuglia, del Movimiento Nacional Inquilinos, enfatizó la necesidad de considerar la vivienda como un bien social. Propone diseñar políticas públicas que eviten la concentración inmobiliaria y, al mismo tiempo, ofrecer estrategias de compensación para los locatarios.

“Entre estas medidas deberían incluirse plazos de alquiler no inferiores a tres años para garantizar estabilidad, y ajustes de precios cada seis meses para permitir una adaptación gradual a las nuevas cifras. Sin embargo, lo más importante es reforzar la idea de que enriquecerse a través del alquiler de propiedades para vivienda no debería ser una práctica aceptable políticamente. Esto, desincentivaría la acumulación de propiedades con fines especulativos”, concluyó.