En la última década cerraron 31.400 empresas: el drama de bajar la persiana y los sectores que se achicaron

En Presidente de la Nación volvió a destacar en el Mensaje a la Asamblea Legislativa, en el acto de inauguración de las sesiones ordinarias, sus dichos de campaña y en la asunción el 10 de diciembre: el severo retroceso que ha sufrido la Argentina en el orden económico mundial, con una década de estancamiento en el PBI por habitante, y fuerte caída de la productividad media, que explica la persistente disminución de los ingresos en términos de capacidad de compra, así como la necesidad de impulsar una “reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”, punto 7 del Pacto de Mayo.

Ese cuadro explica que en la última década no sólo se haya mantenido el crecimiento del empleo no registrado a mayor ritmo del que se observó en la franja formal, junto con una alta precariedad reflejada en el avance de las ocupaciones independientes como Monotributo, Monotributo Social y en Casas Particulares, además de la creciente nómina burocrática en el empleo público en la mayor parte de las provincias, y en menor medida en la Administración Central, sino también en el cierre de empresas anotadas en el SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino).

Ese fenómeno fue más marcado en el caso de los empleadores que registran hasta 2 asalariados que los que declaran más de dos puestos en relación de dependencia.

La estadística de 20 años del SIPA que compila mes a mes la AFIP –con un rezago de más de 4 meses– sobre el conjunto de empleadores y trabajadores registrados en relación de dependencia (asalariados), muestra dos etapas divididas en mitades: un movimiento claramente expansivo en la cantidad de empresas entre 2003 y 2013 y notablemente declinante en la década siguiente, aunque se expandieron los puestos de trabajos, en particular en el sector público por la baja real de los salarios.

Según el tamaño del empleador, definido por la cantidad de trabajadores en relación de dependencia registrado, el progreso observado en la primera mitad de las dos décadas de la serie de datos (212.624 inscripciones) comenzó a revertirse en la segunda, con mayor retroceso en la franja de muy pequeños emprendedores y administradores de consorcios de edificios, que tienen a cargo hasta dos asalariados (se dieron de baja 24.554), que en la de más de dos empleados a cargo (se redujo en 6.886 casos).

Ese movimiento se trasladó parcialmente a los puestos de trabajo, puesto que mientras en el segmento de hasta dos asalariados entre 2013 y 2023 se contrajo la nómina en 33.894 personas, tras haber aumentado en más de 290.000 en los diez años previos; en el de más de dos puestos en relación de dependencia en el último decenio apenas se registraron 628.869 de los poco más de 3 millones que se incorporaron en los 20 años de la serie.

Aún así, entre extremos, el crecimiento del total de asalariados en blanco superó en más de 24 puntos porcentuales al que registró el aumento del PBI en pesos constantes; y en casi 10 pp en la última década. El resultado de ese contraste fue la pérdida de productividad laboral, principal responsable de la marcada caída del nivel real de las remuneraciones promedio de los trabajadores.

De ahí que no sorprende que Javier Milei haya vuelto a insistir ante la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de una “reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”.

Sin embargo, para algunos economistas lo más relevante es “legislar en materia penal y laboral para que la ‘interpretación’ de la norma por parte de los jueces del fuero no modifique la normalidad.

Hay abusos a nivel judicial”, sostienen, sin advertir la necesidad de flexibilizar toda la legislación, desde la forma de contratación hasta los elevados cargos patronales y exigencias de previsiones y provisiones que no pueden descargarse del pago de IVA, para poder revertir el crecimiento relativo del empleo marginal y la pérdida de competitividad.

Desde un mínimo de 32,7% del empleo total que surge de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec para 2016, la franja de ocupados en la informalidad -asalariados e independientes, vuelve a subir al rango de 36% que había representado hasta 2012, ante la imposibilidad del sector privado de afrontar un costo creciente en una economía estancada, cerrada y con exceso de regulaciones, que ahora el nuevo Gobierno busca erradicar.

Como resultado de ese cuadro al dividir la cantidad de asalariados registrados por empresas que declaran más de dos personas en relación de dependencia se advierte que el promedio nacional es de apenas 32 personas por empleador.

Según la estadística de la Anses, en septiembre 2023 apenas 8.572 empleadores tenían entre 100 y 500 asalariados; sólo 1.076 registraban entre 501 y 1.500 trabajadores en relación de dependencia; se achica el universo a menos de 166 en el segmento siguiente de 1.501 a 2.500; a 128 en el de 2.501 a 5.000 y apenas 89 empresas superaban las 5.000 personas en relación de dependencia, entre esas predominan las que son del Estado total o mayoritariamente.

Por rama de actividad, la franja más intensiva en personal asalariado es el de la Administración Pública, defensa y Seguridad Social (1,33 millones de asalariados), con un promedio por empleador de 717 trabajadores, acusó sendos incrementos de 188 y 54 en los últimos 20 y 10 años, respectivamente.

De ahí la importancia que el gobierno libertario le da a la necesidad de ordenar las finanzas públicas con el foco puesto en el achicamiento de la sobre estructura del tamaño del Estado, tras haber crecido en forma desproporcionada en comparación con la expansión que en esos períodos tuvieron los dos siguientes sectores con más empleados: la industria manufacturera (1,25 millones de asalariados registrados) y el agregado del comercio y los talleres de automotores (1,22 millones), incrementaron la nómina en menos de 3 asalariados en promedio.

Las actividades que redujeron la dotación de personal en relación de dependencia entre extremos en las últimas dos décadas fueron la de la intermediación financiera (bancos) y seguros, en poco más de 7 personas por entidad, a 37; actividades artísticas, culturales y deportivas en 4, a menos de 6; y la de hotelería y casas de comida en 1 trabajador por establecimiento, a una media de poco más de 11 en el último registro a septiembre pasado.

Desde la salida de la Convertibilidad, que es cuando comienza la serie de la Anses de empleadores con asalariados registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino se diferencian tres primeros períodos de aumento de empresas con más de 2 trabajadores en relación de dependencia, bajo las presidencias de Néstor Kirchner (127.909) y las dos de Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque en esta última, a partir de las medidas restrictivas de la economía que comenzó a imponer, como el cepo cambiario desde noviembre 2011, empieza a observarse una clara desaceleración (83.963 en la primera presidencia y 1.389 en la segunda).

Y ya bajo las gestiones de Mauricio Macri se asiste a un claro achicamiento de las firmas generadoras de empleo asalariado en blanco (cae en 13.578) y se profundiza en la de Alberto Fernández (18.499 casos).

El gobierno de Javier Milei se muestra convencido de que para revertir semejante ciclo de decadencia de la Argentina, que asegura va más atrás de los últimos 20 años que registra la estadística laboral oficial, no sólo es imperioso sanear las finanzas del Estado y las cuentas del Banco Central, sino también restablecer la garantía constitucional de la “inviolabilidad de la propiedad privada” -punto 1 del Pacto del 25 de Mayo (PdeM)-, sino también consensuar con gobernadores y legisladores una “reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio” (punto 4 PdeM), la cita reforma laboral y “la apertura al comercio internacional” (punto 10 PdeM).