Canasta Básica Energética: cómo es la nueva segmentación de subsidios por ingresos en la que trabaja el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei prepara un cambio en el sistema de otorgamiento de subsidios a la luz y el gas que espera aplicar a partir de mayo, en busca de restringir más la asistencia y recortar el gasto en esa partida como parte del objetivo de alcanzar el superávit fiscal. En la audiencia pública que realizó este jueves la Secretaría de Energía, a la que no asistió su titular Eduardo Rodríguez Chirillo, informaron que analizan que la segmentación actual, la cual contempla tres niveles de ingresos (bajos, medios y altos), sea más amplia en base a los deciles poblacionales.

El encargado de presentar ese punto durante la consulta virtual que se realizó esta mañana fue Sergio Falzone en carácter de asesor de Energía, aunque es posible que sea designado como subsecretario de Energía Eléctrica. El ex directivo de Central Puerto realizó una explicación de la conformación de la Canasta Básica Energética (CBE), su valorización y en qué casos el Estado brindará asistencia a los usuarios.

Lo primero a tener en cuenta, dijo Falzone, es que la CBE determinará un nivel de consumo básico de electricidad y gas natural, dependiendo de la zona bioambiental del país de residencia y la cantidad de integrantes del “grupo conviviente”. Como el acceso de gas natural por redes no es universal en el país, se tendrá en cuenta la situación de quienes consumen GLP envasado o utilicen solo la luz, que sí está presente en casi todas las regiones.

El Estado subsidiará a los hogares residenciales cuando el costo de esa cesta supere un porcentaje determinado que será definido por Energía, algo que no había sido precisado hasta hoy. La asistencia podría ser por transferencias monetarias directas o un descuento en la factura.

Para la electricidad mostraron un ejemplo sobre un hogar que consume entre 150 y 200 kwh por mes, con un gasto de entre $15.400 y $20.600 mensuales. Para el caso del gas, tomaron un consumo de entre 30 y 40 m3 por mes, con un costo de $13.800 y $18.400. Eso implica que el gasto necesario para cubrir la CBE podría ser valorizada entre $30.000 y $40.000, aunque Falzone aclaró que dependerá de la región del país en la que se encuentre el hogar y la cantidad de miembros que tenga.

En ese sentido, Falzone mencionó que se evalúa segmentar a los usuarios en base a los deciles que informa el Indec, en donde 1 es el sector de menores ingresos y el 10 el de más altos. Por caso, para el decil 1, con ingresos promedio de $132.749 mensuales, si la CBE supera el 2% de ese valor el hogar recibirá subsidios. Para el decil 2, $233.509 de ingreso promedio, si la CBE supera el 4% habrá asistencia.

Para el decil 3, con ingresos promedio de $319.467, la CBE no debería superar el 6% y para el decil 4, $392.605, el tope será de 8 por ciento. En caso de que la CBE supere ese porcentaje en el ingreso, habrá subvenciones para la luz y el gas. Para los deciles del 5 al 10, con ingresos medios de $475.252 hasta $1.990.927, la cesta deberá superar el 10% de los ingresos.

Esto implica un giro respecto del esquema de segmentación de subsidios en tres niveles que aplicó el Gobierno anterior en 2022 y que aún sigue vigente: N1 altos ingresos, N2 bajos ingresos y N3 ingresos medios. Los usuarios cuyos ingresos superaran 3,5 veces la Canasta Básica Total del Indec ($2.088.880,5 en enero), que mide la línea de pobreza para una familia tipo de cuatro integrantes, son catalogados como N1 y no reciben subvención. Los N3 tienen subvención hasta un consumo de 400 kwh de electricidad.

Según los datos que presentó Energía, en base a un estudio del Banco Mundial, el gasto energético de los hogares de Argentina es uno de los más bajos de América Latina y el Caribe: los argentinos destinan un 3% de su presupuesto, contra un 9,5% en la región. “De la región de Latinoamérica y el Caribe, el consumo per cápita de electricidad en hogares argentinos es de los más altos, y es el país donde más barata es esa energía”, apuntaron.

A su turno, el asesor del Ministerio de Economía, Martín Vauthier, resaltó durante la audiencia pública las implicancias fiscales de que los usuarios no paguen el costo pleno de la tarifa. El economista que formaba parte de la consultora Anker Latinoamérica, conducida por Caputo antes de llegar al Palacio de Hacienda, hizo foco en el efecto de la asignación de la asistencia en las tarifas de energía sobre las cuentas fiscales, la inflación, la emisión monetaria y la deuda pública.

Los números que maneja el Palacio de Hacienda arrojaron que los subsidios a la energía representaron 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023, una baja respecto a los 2 puntos del 2022 y los 2,3 puntos del 2021. En 2019 el monto era equivalente a 1 punto del PBI en el final del Gobierno de Mauricio Macri y en 2020 saltó a 1,8% del PBI, ya en la gestión del ex presidente Alberto Fernández. El Gobierno de Milei quiere reducir las subvenciones de energía en al menos 0,5 puntos del PBI en 2024.

Por otro lado, Vauthier destacó que estas erogaciones representaron el año pasado la mitad del déficit fiscal primario tras la aplicación de la segmentación, mientras que en 2022 habían sido el 83,3% y en 2021 el 74,1% de ese rojo. Además, apuntó que en 2023 esas partidas fueron cuatro veces superiores al gasto en la Asignación Universal por Hijo (AUH), que sumó 0,4% del PBI.

Que el hogar solicitante que cumpla con los criterios de inclusión (bajos ingresos medidos en relación con la CBE) se determinará a través de la información declarada en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), implementado durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa como ministro de Economía.

En el RASE tiene una serie de tablas, de las que se desprende cierta información:

• Una con datos del solicitante y de los medidores de energía y gas, sus distribuidoras y el ID de cliente. Una cantidad total de convivientes (mayores y menores), también los ingresos del solicitante.

• Otra vinculada a esta con los datos de cada conviviente mayor de 18 años, con sus datos personales y los ingresos de cada uno.

Con la fecha de la última actualización de los ingresos declarados en el registro (solicitante incluido), se ajustarán los montos por el coeficiente de variación salarial (CVS) que para Energía es el indicador que mejor aproxima la evolución de los salarios registrados. La suma de los ingresos de los convivientes ajustados por el CVS al mes de cálculo se usaría como Ingreso del Grupo Conviviente (IGC).}

Con la información de los DNI / CUIL de los integrantes del grupo conviviente, se cruzará con los ingresos declarados con información del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otras fuentes del Estado, para corroborar la verosimilitud de las declaraciones registradas.

Pero la Secretaría de Energía tendrá en cuenta otros ítems ante la posibilidad de que existan ingresos “subdeclarados”. Para eso publicó una lista de los criterios que podrían tomarse en consideración para el rechazo o exclusión de la asistencia, por lo se considera que ese segmento de la población tiene capacidad plena de pago:

• a. Titularidad de una aeronave.
• b. Titularidad de embarcación de lujo o con fines recreativos.
• c. Titularidad total de dos o más inmuebles.
• d. Titularidad de al menos un automóvil con una antigüedad inferior a 5 años o dos automóviles con una antigüedad menor a 10 años.
• e. Titularidad de al menos un automóvil de lujo o colección independientemente de la antigüedad que registra.
• f. Titularidad de medicina prepaga no vinculada a empleo en relación de dependencia (total o por derivación).
• g. Más de una salida a países no limítrofes en los últimos 5 años.
• h. Pertenencia al directorio o ser propietario de una empresa privada (IGJ).
• i. Consumos en tarjeta de crédito superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $1 millón.
• j. Compra de moneda extranjera en al menos uno de los últimos tres meses.
• k. Consumos en billeteras virtuales superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $1 millón.
• l. Consumos en telefonía móvil superiores al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), lo que equivale a $50,700 desde marzo. El valor del Salario Mínimo Vital y Móvil para marzo será de 202.000 pesos.