El principal gremio petrolero dijo que no adherirá a la amenaza de Chubut de parar la actividad

Marcelo Rucci, secretario general del principal sindicato petrolero de Argentina, ha tomado una postura distante respecto al conflicto político que enfrenta al presidente Javier Milei y al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Este último ha amenazado con paralizar la producción de hidrocarburos en la región si el gobierno nacional no resuelve la disputa sobre los fondos coparticipables que reclama la provincia.

Rucci dijo que el sindicato de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa no se sumará a las medidas de fuerza impulsadas por Torres, manteniendo así la actividad en la cuenca Neuquina y, en particular, en el yacimiento de Vaca Muerta. “No desconocemos la legitimidad del reclamo, pero es un conflicto que debe resolverse por los canales correspondientes, ya sea por la política o directamente en la Justicia”, afirmó Rucci en declaraciones al medio especializado EconoJournal.

La posición de Rucci revela una incomodidad latente entre los dirigentes sindicales, quienes prefieren no involucrarse en una disputa que consideran ajena a sus intereses directos. Esta decisión podría dejar aislado a Torres, especialmente si se considera el peso que tiene Neuquén en la producción petrolera nacional y la influencia de Rucci en el sector.

El conflicto surge en un momento donde la industria petrolera argentina enfrenta desafíos significativos, y la estabilidad en la producción de Vaca Muerta es vista como crucial para el futuro energético del país. La decisión de Rucci de no adherir al plan de lucha de Chubut es interpretada como una señal positiva entre el sector privado, que busca evitar interrupciones en la actividad.

El conflicto entre el gobierno nacional y las provincias, liderado por Chubut, se centra en la disputa por los fondos de coparticipación federal. Ignacio Torres, gobernador de Chubut, ha sido la voz más fuerte en este enfrentamiento, amenazando con no entregar petróleo y gas si el Ministerio de Economía no libera los recursos que, según él, se retienen ilegalmente. Esta medida de fuerza ha encontrado eco en otros gobernadores patagónicos, quienes, en un gesto de solidaridad y unidad, han respaldado la posición de Torres.

La carta titulada “Las provincias unidas del sur”, publicada por Torres, denuncia una retención ilegal de $13.500 millones por parte del gobierno nacional, lo que representa más de un tercio de la coparticipación mensual destinada a Chubut. Esta acción fue calificada por los gobernadores como un ataque deliberado al sistema federal argentino, poniendo en riesgo la existencia misma de la República.

La respuesta del gobierno nacional, lejos de apaciguar los ánimos, fue desafiante. A través de un comunicado, se aclaró que los fondos retenidos corresponden a una deuda de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, insistiendo en que la reducción del gasto público es una necesidad que también deben asumir las provincias. Esta posición ha sido interpretada por Torres y sus aliados como una extorsión y un desconocimiento de los derechos provinciales, exacerbando aún más el conflicto.

La situación se agrava con la amenaza de no entregar petróleo y gas, recursos vitales para la economía nacional, a partir de una fecha límite si no se llega a un acuerdo satisfactorio. Esta medida, respaldada por otros gobernadores patagónicos y figuras políticas de diversos espacios, pone de manifiesto la profundidad del descontento provincial con las políticas de coparticipación del gobierno de Milei.

El conflicto revela una fractura en la relación entre el gobierno central y las provincias, evidenciando una lucha de poder que trasciende lo económico para adentrarse en lo político y lo institucional. La unidad mostrada por los gobernadores patagónicos, junto con el apoyo de otros mandatarios provinciales y organizaciones gremiales, sugiere un escenario de confrontación que podría tener consecuencias significativas para la gestión de los recursos naturales y la estabilidad política del país.

En este contexto, la postura de Marcelo Rucci y el sindicato petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa, de mantenerse al margen del conflicto y asegurar la continuidad de la producción en Vaca Muerta, se presenta para el Gobierno Nacional como un factor de estabilidad en medio de la tormenta.

Otro de los gremios del sector, la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) aseguraron que sus trabajadores “no comprometerán el abastecimiento de combustibles a nivel nacional en relación al conflicto que mantiene el Gobierno Nacional con algunas Provincias productoras de gas y petróleo. Las disputas políticas e institucionales de carácter federal deben resolverse por la vía del diálogo, y a través de los canales correspondientes de representación, sin poner en riesgo la disponibilidad de combustibles para los usuarios ni la producción hidrocarburífera del país”.

La Federación aseguró que la fuente laboral no puede verse afectada por “mezquindades políticas entre funcionarios” y advirtió por el posible desfinanciamiento de los yacimientos convencionales ubicados en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Mendoza.