El boicot de los gobernadores amenaza al principal pilar del programa de emergencia de Milei: el déficit cero

El superávit fiscal alcanzado por el Gobierno en enero marcó un antes y un después de estos primeros meses del gobierno de Javier Milei. El dato sorprendió a los propios funcionarios del equipo económico, que -tal como relata el presidente- se habían puesto esa meta para marzo.

Alcanzar tan rápido el equilibrio de las cuentas públicas transmitió a los mercados la idea que esta vez se va en serio en esa dirección y que dejar de financiar al Tesoro con emisión es mucho más que un eslogan. El problema es que dejó la vara muy alta.

Cualquier retroceso, aunque resulte temporal, en la política de déficit cero, podría tener consecuencias desastrosas para el Gobierno. Si en los próximos meses volviera a aparecer el rojo fiscal, se perdería el efecto conseguido tras el dato de enero y volvería en forma inmediata la desconfianza. En otras palabras, rebotaría el riesgo-país y casi con seguridad los inversores buscarán refugio en el dólar.

Entusiasmarse por el resultado fiscal de enero no está mal, pero en su justa medida. Es como pensar que ya se corrió una maratón por haber conseguido un buen tiempo en los dos primeros kilómetros. Todavía queda demasiado camino por recorrer y le peor que podría ocurrir es cantar victoria antes de tiempo.

Ni Milei, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, se pueden dar ese lujo. Por eso, ambos repitieron incansablemente esta semana que la meta de déficit cero “es innegociable”. Ambos saben que no hay ni un mínimo margen para aflojar. Los mercados no se lo perdonarían.

La pelea desatada con Chubut no es por los $13.500 millones que no recibió la provincia de la coparticipación. Se trata de algo mucho más profundo. Es la discusión respecto a sobre quiénes recaerá el mayor peso del ajuste necesario para alcanzar el déficit cero.

Tras su visita a la Argentina, la número dos del FMI, Gita Gopinath, apoyó el compromiso del Gobierno de alcanzar el equilibrio fiscal. Pero al mismo tiempo dejó una advertencia: el ajuste no debe ser pagado por jubilados, beneficiarios de planes sociales y tampoco debe “afectar desmedidamente” a los asalariados.

El aumento que recibirán justamente los jubilados en marzo deja en claro que no hay margen político ni social para seguir ajustándolos. Aunque el nuevo haber mínimo de casi $205.000 sigue siendo miserable, al menos el Gobierno le puso un piso a la caída real de sus ingresos. Esto significa que después del primer bimestre del año este segmento dejará de ser la principal variable de ajuste para alcanzar el resultado buscado de las cuentas públicas.

La “licuadora” que usó el Gobierno en los primeros meses del año ya deja de tener el impacto buscado, al reducirse gradualmente la inflación, mientras que al mismo tiempo se van actualizando los haberes jubilatorios, los planes sociales y los salarios de los trabajadores públicos.

Al regresar de su viaje a Israel y a Roma, el propio Milei dejó una frase que ahora cobra mucho más sentido: “Vengo con más combustible para aplicar la motosierra contra la política”.

Sin el capítulo fiscal que había sido enviado al Congreso, el Gobierno arrancó entonces una nueva etapa, la actual, que consiste hacer recaer de manera creciente el peso del ajuste en “la política” y en menor medida en la gente y las empresas.

La reducción del organigrama del Estado nacional, la decisión de dar de baja 50.000 contratos en el sector público, la ofensiva contra los fideicomisos y ahora la disolución del INADI van en esa dirección, es decir achicamiento del gasto. Lo mismo sucede con el freno casi total de la obra pública.

Pero uno de los aspectos centrales de ese ajuste tiene que ver con la eliminación casi total de las transferencias discrecionales a las provincias. “Éste es uno de los aspectos centrales de la motosierra”, aclaró Milei ante quienes lo critican por hacer recaer el peso del ajuste casi exclusivamente en la gente.

El “caso Chubut” pasó a ser emblemático. No por el monto en juego ya que los $ 13.500 millones retenidos de la coparticipación no son significativos en el Presupuesto. Fue el apoyo casi unánime de los gobernadores a la postura de la provincia la que dejó en evidencia la enorme resistencia para llevar adelante el ajuste que el Gobierno nacional considera como “innegociable”.

Fiel a su estilo, ante cada desafío provincial el Presidente redobla la ofensiva. Al gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, le dijo que avanza con la emisión de cuasimonedas, aunque aclaró que “no serán rescatadas” por el Banco Central.

Y a Ignacio Torres, gobernador chubutense, le sugirió que avance con el freno a la venta de combustibles desde su provincia, aunque recordándole que el Código Penal establece penas de hasta dos años de prisión para el que impidiera el tránsito de energía en el territorio nacional.

Ante sus más estrechos colaboradores, Milei asegura estar dispuesto a llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias. “Si viene un gobernador a protestar porque su provincia no tiene plata y se prende fuego, no tengan dudas de que la voy a intervenir”, les dijo.

El Presidente contrapuso en la red social X el buen momento financiero que atraviesa el país con el boicot de los gobernadores: “Terminamos la semana con baja del dólar en el mercado y en futuros, compresión de brechas, suba de bonos y acciones. Y cuando todo parecía terminar de un modo genial, toda la casta sale a gritar…SOY CASTA”, arremetió.

La resistencia al ajuste que quiere llevar adelante el Gobierno es sobre todo ahora de la propia política. Durante años, las provincias mostraron superávit fiscal y el Estado Nacional cada vez más déficit, obviamente a expensas de las millonarias transferencias discrecionales. Lo peor es que esos fondos destinados a las provincias siempre tuvieron un criterio casi exclusivamente político. La administración de turno privilegió a los gobernadores amigos, postergando a los opositores. No es casual que durante los gobiernos kirchneristas la mayor cantidad de recursos se haya destinado a Santa Cruz, La Rioja o Formosa.

El titular del Central, Santiago Bausili, dejó también a través de redes sociales una puerta abierta para que los gobernadores puedan afrontar la etapa de ajuste. “El BCRA supervisa el riesgo que pueden tomar los bancos, no limita el accionar de nadie que pretenda tomar deuda”, en obvia referencia a la posibilidad que tienen las provincias de pedir préstamos al sector financiero. Se trató prácticamente de su primera aparición en redes en lo que va del año.

El plan de emergencia que puso en marcha Milei y que aún se está ejecutando, tiene como objetivo principal frenar la fuerte presión inflacionaria y mantener bajo control al mercado cambiario.

Lentamente va logrando esos objetivos a partir de dos anclas: monetaria y fiscal. Pero mientras los pasos para recuperar reservas y mantener bajo control la base monetaria se vienen cumpliendo a rajatabla, existen dudas sobre cómo sigue el ajuste de las cuentas públicas. ¿Realmente podrá el Gobierno cumplir con el equilibrio fiscal contra viento y marea?

Más preocupante aún, la rebelión de los gobernadores incluyó inesperadamente a varias figuras del PRO, como Jorge Macri o Rogelio Frigerio. Esto deja a Milei todavía más aislado y complica mucho más la posibilidad de conseguir mayorías legislativas o incluso llegar a las elecciones con una alianza ideológica de centro derecha, una de sus principales aspiraciones.