Licuadora y motosierra: a qué velocidad arrancó el ajuste fiscal del Gobierno y qué le falta

Como adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, la caída de la Ley Bases no iba a ser obstáculo para el objetivo de equilibrar las cuentas del Estado. Durante enero el Sector Público Nacional base caja (SPN) registró un superávit financiero de $518.408 millones, producto de un excedente primario de $2 billones y del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público, que alcanzó a $1,49 billones.

“Es el primer superávit financiero desde agosto de 2012, y desde 2011 para un enero”, destacó el comunicado de Hacienda del viernes 16 de febrero. Pero omitió advertir que mientras en el presente el Gobierno obtuvo ese resultado luego de honrar el pago pleno de los vencimientos de intereses de la deuda, entre 2002 y 2015 la persistencia del default parcial de la deuda, que provocó un largo conflicto con los holdouts, hizo que no se cumplieran plenamente esos compromisos, sólo se hizo con los acreedores locales, porque se dejaron afuera a los residentes en el exterior para no correr el riesgo de ser embargados por la justicia de los EEUU.

Por tanto, hay que retrotraerse a 1993 para encontrar el último superávit financiero real en las finanzas públicas -aunque fue un fenómeno aislado, como también lo fue el equilibrio en 1991, porque antes, al menos hasta 1970 siempre se registró déficit fiscal total en base caja -esto es entre lo ingresado y lo efectivamente pagado de las partidas ejecutadas-.

La mayoría de los analistas sacaron sus lupas para ver en el detalle cómo se repartió el ajuste en el segundo mes de gobierno (primero completo), en particular en las partidas del gasto primario (antes del pago de intereses de la deuda), para detectar las prioridades y los grados de libertad que tiene el ministro de Economía para cumplir con su objetivo de pasar de un déficit fiscal heredado equivalente a 5% del PBI -equivalente a más de tres meses de los recursos tributarios del año- a cero en sólo 12 meses.

Naturalmente, el ejercicio básico que hacen los economistas es comparar cómo varió cada partida de gasto respecto de igual mes del año previo, descontado el efecto de la inflación del período que el Indec informó ascendió a 254,2%, y detectar cómo se usaron la “licuadora” y la “motosierra” que el presidente Javier Milei anticipó en campaña y ratifica que serán sus principales”herramientas” para lograr la estabilización de los precios y volver a crecer, como si lo hecho en los primeros 53 días de gestión tapara lo ocurrido en los 312 días previos, bajo responsabilidad del presidente Alberto Fernández y su ministro Sergio Massa, en la comparación retrospectiva.

Del lado de los ingresos surge que el aporte al logro de pasar de un saldo negativo de $203.938 millones en enero 2023 a un superávit de poco más de $2 billones, antes del pago de intereses, fue nulo, apenas subieron $43.642 millones en valores reales.

Sin embargo, para algunos analistas ese saldo real se explica únicamente por el “esfuerzo” que hizo el sector privado con el pago de tributos, en particular a través de las retenciones infladas por el sinceramiento cambiario del 13 de diciembre último y la suba de la alícuota del Impuesto PAIS sobre las importaciones, y nada por parte de la “casta de la política”.

De ahí que, remarcan muchos analistas, todo el aporte recayó sobre los gastos e ingresos de las familias, los cuales en su mayoría subieron menos que la inflación (efecto licuadora), con la única excepción de la partida destinada al PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) que aumentó 266,1%, equivalente a un incremento de 3,4% en valores reales.

El resto registró notables disminuciones en valores reales, sobresaliendo:

• Virtual parálisis de la obra pública (Gasto de capital en la jerga de Hacienda); acusó un recorte de 86%, con casi nula transferencias a las provincias para ese fin: educación 98,7%, construcción de viviendas 96,6%; transporte 90,5%, agua potable y alcantarillado 77,8%, energía 77,2% y otros 85,6 por ciento;
• Transferencias corrientes a provincias para educación 21,3%, seguridad social 100%, y salud 27,5%, principalmente, cayeron 72% en conjunto;
• Subsidios económicos a las empresas, básicamente para que no aumenten las tarifas al valores que surgiría de los costos 64%; desagregado en 77,2% a la energía eléctrica, 17,1% al transporte público de pasajeros, y 92,2% de baja para otras funciones;
• Otros gastos corrientes 53,2 por ciento;
• Transferencias a universidades 31,2 por ciento;
• Prestaciones sociales 29,7%, lideradas por el recorte de 38,1% en pago de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares 29,3%, pensiones no contributivas 17,2%, y otros programas sociales 23,1% -excluidas la Asignación Universal por Hijo 5,4 y, como se dijo, el PAMI que aumentó;
• Gasto de funcionamiento 28,3%, con salarios en la administración central 27,1% y otros 32,6%; y
• Financiamiento déficit empresas públicas 16,7 por ciento.

Hasta aquí la forma clásica de analizar el uso de la “licuadora”, con diferentes revoluciones, en el gasto público con el espejo retrovisor, por el efecto que genera la inflación, en particular en los períodos de aceleración, porque la mayor parte de las erogaciones están vinculadas con indexaciones y subas determinadas por la variación de los precios y salarios en los poco más de 10 meses previos al cambio de gobierno, aunque, claramente, las medidas tomadas desde el 10 de diciembre 2023, como el sinceramiento cambiario, la liberación de varios precios y el aumento de impuestos al comercio exterior hicieron lo suyo.

Como se ve en el gráfico, sobre 25 grandes partidas del gasto del Sector Público Nacional no Financiero, base caja, que informa Hacienda, en la comparación de enero último con un año antes se advierten “licuaciones” de diferente intensidad en 23 y sólo dos superaron el efecto de la escalada inflacionaria a 254,2% que en ese período informó el Indec.

Pero otra forma para detectar el real uso de la “motosierra” es comparar cómo ha variado la asignación de los siempre escasos recursos disponibles, entre enero 2023 y un año después, en respuesta al claro y contundente mensaje del Presidente en el acto de asunción el 10 de diciembre: “no hay plata”, más allá que con las buscadas reformas estructurales el Gobierno promete usar esta herramienta con mayor potencia.

Ese ejercicio permitió detectar que entre los que ganaron participación relativa en la estructura del gasto primario total se destacaron en enero respecto de un año antes:

• Prestaciones sociales, en línea con las recomendaciones del FMI para destrabar el acuerdo caído de préstamo de Facilidades Extendidas en el último semestre de la presidencia de Alberto Fernández, se elevó 9 puntos porcentuales, de 55,6% a 64,6%, principalmente “otros programas” 2,8 pp, PAMI 2,7 pp, AUH 1,3 pp, pensiones no contributivas 1,1 pp, jubilaciones y pensiones 0,7 pp y asignaciones familiares 0,4 pp;
• Gastos de funcionamiento 3,2 puntos porcentuales: 2,8 pp en salarios y 0,4 pp en otros, a 20,8 por ciento; y
• Financiamiento déficit operativo empresas públicas, se elevó 1,2 pp, a 4,4% del total.

Entre los perdedores de participación relativa en el primer mes de 2024 respecto de un año antes sobresalieron:

• Gastos de capital (obra pública) 6,1 pp, de 8% del total del gasto primario pasó a 1,9%, principalmente “otros” 1,8 pp, energía 1,3 pp, transporte y vivienda 0,9 pp en cada caso, educación 0,8 pp, y agua y alcantarillado 0,5 pp de pérdida;
• Subsidios económicos 4,2 pp, de 10,3% a 6,1 por ciento; y
• Transferencias discrecionales a provincias 1,8 pp, de 3,3% a 1,5% del total.

En este caso, en el gráfico previo se observa que sobre 24 grandes partidas del gasto primario (sin intereses de la deuda) que informa Hacienda, en la comparación de enero último con el año previo se advierte que la “motosierra” no sólo se usó a diferentes revoluciones en menos de la mitad (11), sino que, además, no llegó a tocar a las restantes 12, que, por el contrario, pese al efecto licuadora ganaron participación en la asignación de los muy escasos recursos, que el Presidente sintentizó en “no hay plata”.

El desempeño de las finanzas públicas en los casi dos primeros de gestión del nuevo gobierno se estima se mantendrá en febrero, siempre en comparación con un año antes, pero el próximo mes comenzará a cambiar, aunque no necesariamente en forma significativa, porque empezarán a gravitar la indexación de algunas partidas, como las jubilaciones y pensiones, y la AUH que recibirán el efecto de la movilidad trimestral -27,18%- y ajustes de salarios en parte de la administración central, aunque seguirá operando la “licuadora” en la comparación interanual, porque la aceleración de la inflación es todavía mucho más marcada en la tasa retrospectiva a 12 meses -se aproximaría a 300% en marzo y abril, para luego intentar descender-.

Las subas autorizadas en las tarifas de diversos servicios públicos, en particular de energía y de transporte público, volverán a tener un impacto contractivo sobre la partida de los subsidios económicos, forma parte del uso de la motosierra, previa a las buscadas reformas de fondo.

Por el contrario, algunos analistas y en el propio Gobierno parecen haber tomado nota que no podrán mantener la parálisis en las obras públicas, en particular en el área energética, aunque se espera que al menos mejore la eficiencia en la asignación de los siempre escasos recursos, para generar excedentes para compensar a sectores que quedaron muy rezagados, como jubilaciones y pensiones y salarios en servicios esenciales de la salud, seguridad y docentes a cargo de la Nación, principalmente.

Y del lado de los ingresos -si bien seguirá gravitando el aporte significativo del salto cambiario sobre la liquidación de las exportaciones, en comparación con el año anterior, el Impuesto PAIS sobre importaciones que lentamente se van regularizando con la reducción de los pagos atrasados, y la actualización del gravamen sobre la transferencia de combustibles que mantuvo “pisado” Sergio Massa- comenzará a percibirse con más relevancia que en enero el efecto de la marcada recesión que acusan diversos sectores, como los vinculados preponderantemente con el consumo interno y la construcción, que podrían influir negativamente sobre la Seguridad Social, por baja del empleo formal y licuación de los salarios por la inflación.

El punto de partida ha resultado más auspicioso del que podría haber estimado el más optimista de los consultores económicos y entre los propios miembros del Gabinete de Ministros, y por tanto deja un “colchón”, para avanzar en la ambiciosa meta de cerrar el año sin déficit fiscal financiero, porque mientras en enero 2023 el rojo total fue equivalente a más de 10 días de percepción de los recursos tributarios -sin rentas de propiedad-, un año después cerró con un superávit equivalente a casi de 3 días de ese tipo de ingresos al fisco.

Algunos analistas destacan que la base fundamental para consolidar el desempeño inicial de las finanzas públicas es contar con el respaldo legislativo para llevar a cabo reformas estructurales, la que consideran la verdadera “motosierra” sobre el gasto del sector público nacional.

Sin embargo, varios consultores reparan en que “el plan de estabilización” no es consistente, y que por tanto no es conveniente proyectar con un sólo dato a todo el año el deseo de cerrar el año con déficit fiscal cero, aunque el FMI concedió al nuevo equipo económicos alguna licencia para llegar a esa meta, con el manejo de la “deuda flotante”, es decir los libramientos impagos de gastos ejecutados, porque consideran que la base fundamental para consolidar el desempeño inicial de las finanzas públicas es contar con el respaldo legislativo para avanzar con reformas estructurales: tributarias, laborales, apertura de la economía, relación fiscal nación-provincias, entre otras.