El plan motosierra en acción: cómo fueron los primeros dos meses de ajuste y cuál es el “permitido” que otorgó el FMI

El ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei arrancó los dos primeros meses con fuerza ante la caída del proyecto de ley ómnibus que hubiese otorgado al Poder Ejecutivo una serie de subas de impuestos. En enero y lo que va de febrero la “motosierra” y la “licuadora”, las dos imágenes herramentales que utiliza el presidente para explicar una parte de su plan económico funcionaron de manera tal que hay partidas del gasto que pasados un mes y medio del 2024 no tuvieron un solo peso de ejecución del Presupuesto.

Analytica, que suele hacer un seguimiento pormenorizado de las cuentas públicas, fue la primera consultora en el mercado en registrar cómo marcha el ritmo de gasto durante el mandato de Milei y Luis Caputo. Desde esa consultora aseguraron a Infobae que si bien “es temprano para sacar conclusiones”, los datos de la primera mitad de febrero permite observar una tendencia inicial.

“En los primeros 13 días el gasto devengado disminuyó 72% interanual en términos reales, mientras que el crédito pagado lo hizo en 58,3%. Se registró un gasto base caja mayor al devengado, lo que implicaría que se está pagando gasto devengado en enero. A su vez, tanto en la base devengada con la pagada, se registraron caídas en todas las partidas consideradas en el informe mensual de gasto”, que publica la consultora, aseguró el economista de Analytica Claudio Caprarulo.

Además, suma un dato respecto a las transferencias a provincias, un item presupuestario que tiene especial relevancia en las últimas semanas en medio de la pulseada entre la Nación y los gobernadores. “Hace una semana se pagó recién el segundo adelanto del Tesoro a una provincia, los famosos ATN, por $1.500 millones a Chubut. El primero había sido a Corrientes por $1.000 millones a fines de enero”, mencionó el economista.

Ya en enero habían detactado desde Analytica “entre las partidas con mayores ajustes reales respecto a enero 2023 figuran la obra pública (-70,5%), las transferencias a provincias (-58,9%), y los programas sociales (-40,7%). La única partida con aumentos fue los subsidios económicos (+163,1%), debido a los referidos al transporte. No se hicieron transferencias por subsidios a la energía al igual que en mismo mes del año pasado”, habían estimado.

Con el dato de inflación de enero, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) recalculó cuál fue el recorte en términos reales de las transferencias a provincias. “El conjunto de provincias más CABA tuvo una caída de 11,5% real interanual en las transferencias automáticas. En las transferencias no automáticas, la caída es del orden del 98% real interanual. En la suma de ambas, se puede ver una caída del 13,2%”, mencionó.

“Si se toma la diferencia de transferencias totales de nación a provincias (valuadas a pesos constantes de enero 2024) entre el primer mes de 2023 y 2024, la pérdida de dinero asciende a $348.000 millones lo que representa $7.450 por persona. Las jurisdicciones que menos perdieron en términos per cápita fueron CABA, Mendoza y Córdoba mientras que Catamarca, Formosa y Tierra del Fuego fueron las de mayor pérdida”, planteó el economista de Iaraf Nadin Argañaraz.

Con todo, los datos del Presupuesto Abierto, un portal oficial que muestra casi en tiempo real el ritmo de gasto devengado -es decir, los pagos prometidos pero no efectivamente pagados- exhibe que hacia mitad de mes de febrero aún había, en el renglón presupuestario de Transferencias (el 72% del total), algunos programas que tuvieron una ejecución de fondos igual a cero.

Entre ellos se listan Acciones de Nutrición (que tiene un presupuesto de $17.416 millones), Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (que cuenta con $274.400 millones), Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica ($1,7 billones), Ampliación de Redes Eléctricas de Alta Tensión ($13.700 millones), Asistencia Financiera a Empresas Públicas ($153.000 millones), Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas ($95.300 millones), Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes ($14.400 millones), Acciones de Integración de Personas con Discapacidad ($2.000 millones).

Doce de los catorce rubros del gasto en transferencias hacia Obras Públicas tienen 0% de ejecución. Ahí se incluye Fortalecimiento de la Infraestructura para el Transporte y la Movilidad Sostenible, Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo, Fortalecimiento de la Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria, Desarrollo de la Infraestructura del Conocimiento, Desarrollo de la Infraestructura Ambiental y Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica, entre otros. Vialidad Nacional tampoco tuvo fondos ejecutados.

En ese plano, solo tres de los trece programas del Ministerio de Salud recibieron transferencias presupuestarias en el primer mes y medio del 2024. Quedaron afuera de cualquier tipo de financiamiento Planificación, Control, Regulación, Estudios, Investigaciones y Fiscalización de la Politica de Salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles. Ninguno de los cinco programas de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tuvo transferencias presupuestarias. Tampoco Ambiente, Seguridad o Energía Atómica.

El camino fiscal del Gobierno tuvo el último viernes los primeros datos oficiales del año. El sector público nacional registró un superávit financiero de $518.408 millones. En detalle, acumuló un superávit primario de 2 billones de pesos y el pago de intereses de la deuda pública -neto de pagos intra-sector público- alcanzó los $1.492.338 millones. Ese resultado fiscal favorable fue alcanzado por la suba de los ingresos tributarios por retenciones e impuesto PAIS y a que el gasto primario creció 140 puntos porcentuales menos que la inflación, con especial claridad en jubilaciones (119% de avance nominal contra 254% de inflación anual).

En diciembre la Secretaría de Hacienda había estimado que el déficit primario final de 2023 había sido de 2,9% del PBI y que el financiero, aquel que incluye el pago de intereses de deuda, sumó 6,1% del PBI en total. Recálculos posteriores oficiales aseguran que esa cifra habría quedado más cercana al 5,9% del Producto, aunque el mercado y el Fondo Monetario Internacional estiman que el ajuste fiscal total requerido para este año rondará los 5 puntos del PBI.

El FMI, a propósito, actualizó en su último informe de staff cuál es el techo de deuda flotante (pagos atrasados) que le permitirá registrar al Gobierno nacional a lo largo de 2024. A diferencia de otras metas, es estable durante todo el año, sin cambios en cada trimestre como puede pasar con la acumulación de reservas en el Banco Central.

En números: la cifra final de deuda flotante de 2023 había sido de $1,5 billones y si bien se acercó a la meta de fin de año planteada en el programa con el Fondo Monetario, ese objetivo fue formalmente incumplido. En su esquema de objetivos que rigió hasta la séptima revisión, el tope de pagos atrasados permitidos para el sector público era de $1,36 billones.

Para 2024 el techo de deuda flotante será mucho más elevado: $5,2 billones, lo que implicaría una actualización de 282% nominal, algo más elevado que la inflación promedio (250%) y muy por encima de la suba de precios de punta a punta (150%) que proyecta el Fondo Monetario para todo el año.

El recurso del manejo de la deuda flotante es considerado como una manera de “financiamiento indirecto”. Esto sucede porque el ritmo de pagos que realiza efectivamente el Estado le da margen para que su balance de “base caja”, el método contable que toma en consideración el FMI, le dé con números suficientes.

Dicho de otra forma: el Estado puede emitir órdenes de pago (que en suma muestran el resultado devengado) que no necesariamente son pagadas de inmediato, sino que suelen tener demoras de incluso varios meses.