El gobierno avanza en el objetivo de reducir el monto de los subsidios energéticos (electricidad y gas) y para eso considera retirarle el subsidio a los grupos familiares si alguno de sus integrantes tiene un auto o moto de menos de 5 años de antiguedad, según surge de documentos que publicó la Secretaría de Energía de la Nación, encabezada por el ingeniero Eduardo Rodríguez Chirillo.
La Audiencia Pública se llevará a cabo el jueves 29 de febrero y tiene como objeto evitar la judicialización de los aumentos, pues la normativa anterior, el decreto 332/2022, diseñada durante la gestión del ministro de Economía Martín Guzmán, determinaba que los aumentos no pueden superar para los usuarios N2 (ingresos bajos), el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y para los usuarios N3 no pueden superar el 80% del CVS del período contado desde el aumento previo.
En la Audiencia del jueves 29, el gobierno presentará la “Canasta Básica Energética”, el concepto a partir del cual presente focalizar mejor la ayuda del estado y reducir el monto total de los subsidios.
La norma publicada en agosto de 20222 era mucho menos restrictiva en cuanto a la concesión de subsidios: solo quedaban excluidos de recibirlos las personas que tuvieran a su nombre 3 o más vehículos automotores con menos de 5 años de antigüedad, que por tal motivo pasarían a ser considerados N1 (”ingresos altos”) y no recibirían subsidios. En esa condición hay actualmente cerca de 5,3 millones de usuarios de la red eléctrica, un tercio del total de 16,1 millones. Otro 50% está agrupada como N2 (ingresos bajos, los más subsidiados) y el resto (cerca de 17%) N3, ingresos medios. Esto significa que solo uno de cada tres usuarios del servicio eléctrico paga tarifa plena y que dos de cada tres tiene gran parte de su consumo subsidiado.
Zonas bioclimáticas
La idea del gobierno, ya explicitada por Rodríguez Chirillo, es que el gobierno subsidiará solo a aquellos grupos familiares para lo que el costo de la Canasta Básica Energética (CBE), exceda el 10% del ingreso familiar. Eso a su vez estará cruzada por cuestiones como las distintas “zonas bioclimáticas” del país.
Rodríguez Chirillo ha señalado más de una vez que el sistema energético está “al borde del colapso” y que el costo de la energía “debe pagarse”.
Tras la Audiencia Pública del jueves 29, el gobierno debe publicar un nuevo y entonces sí, a través de los entes reguladores, anunciar los nuevos cuadros tarifarios.
El mantenimiento de las tarifas actuales es absolutamente inviable, por una simple cuestión presupuestaria. En los últimos 14 años, como surge de los datos del siguiente gráfico de un informe de la consultora Economía & Energía, la Argentina gastó el equivalente a más de USD 141.000 millones en concepto de subsidios energéticos, por más del 25% del PBI.
La propiedad de un auto o moto de menos de 5 años de antiguedad no será el único criterio de exclusión de subsidios. También se mantendrán otros más obvios, que ya estaban contemplados en el decreto 332 de 2022, como la posesión de alguna aeronave o embarcación o si alguna persona del grupo tienen dos o más inmuebles a su nombre.
La normativa diseñada por Guzmán y que luego empezó a aplicar Massa identifica a los usuarios N1 como aquellos cuyo ingreso familiar supera las 3,5 Canastas Básicas Totales del Indec), pero dispuso además otras 5 variables de identificación, con datos como la antigüedad del o los autos del usuario, y para los N2 (menos de 1 CBT), agregó criterios como la pertenencia o no al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), la inclusión en el grupo familiar de algún veterano de Malvinas e incluso especificó que si “al menos un o una integrante posee certificado de discapacidad expedido por autoridad competente”, el techo de ingresos para seguir siendo N3 y recibir el máximo nivel de subsidios se estiraría a 1,5 CBTs.
Pero tanto el sistema previo como en el que se está gestando exigirán utilizar y cruzar numerosas bases de datos ya existentes y que provean los usuarios que pidan o hayan pedido subsidios a través de llamado RASE (Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía).
Simplificar
Según Alejandro Einstoss, economista especializado en energía, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro del Instituto Argentino de Energía General Mosconi y del Observatorio de Tarifas y Subsidio de la UBA y el Conicet, al seguir la huella del decreto 332, de “segmentación” de los subsidios en vez de recurrir al concepto de “tarifa social”, más simple, transparente y fácil de aplicar y fiscalizar, el gobierno está buscando lo perfecto a expensas de lo bueno.
Según dijo Einstoss a Infobae, una factura promedio tiene 45% de costo energético, 30% de cargos de transporte y distribución y 25% de impuestos. El componente principal, el precio de la energía, al empezar el gobierno solo cubría en promedio 30% del costo del gas y la energía eléctrica, y como 80% del costo de generación eléctrica y 100% del costo del gas estaban y siguen dolarizados, la devaluación redujo la cobertura al 7 y 8% para el gas y la electricidad respectivamente. Ergo, más del 90% del costo de la energía residencial se cubre con subsidios.
En las audiencias ya realizadas las empresas de distribución y transporte propusieron aumentos que en promedio superan el 200% sobre los cargos que les corresponden, a los que se sumarán los aumentos en el precio de la energía que, para una familia de ingresos medios, implica multiplicar 12 veces el precio actual y a eso hay que agregar los impuestos. Todo sumado, calculó Einstoss, arrojaría aumentos promedio del 700% para familias de ingresos medios (N3) del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según el economista, el esquema de subsidios del que el gobierno dio indicios pero aún no definió por completo, identificó bien las falencias de la segmentación, a la que definió como “un producto inédito, sin antecedentes a nivel nacional o internacional y que tenía escasas probabilidades de éxito” y con un “Talón de Aquiles”: la identificación del universo pasible de ser subsidiado. El problema, dijo Einstoss a Infobae, es que en vez de simplificar la focalización de subsidios recurriendo a la experiencia internacional o al programa de “tarifa social” previo a la segmentación, el Gobierno insiste en un sistema ad-hoc con parámetros como los ingresos del grupo conviviente y la determinación de una “canasta energética básica por zona bioclimática”, que complejizará la implementación del nuevo sistema.
Por caso, el gobierno deberá buscar datos sobre decesos, pensiones no contributivas, jubilaciones, planes sociales, empleo, inmuebles, registros de embarcaciones, automotores, motos, aeronaves, seguros de desempleo, cobertura médica, certificados de discapacidad, matrícula de electrodependientes, becas, deudores del sistema financiero, etc. Y todo eso en un país de altísima informalidad laboral
Qué dice el FMI
La séptima revisión del acuerdo con la Argentina que el FMI publicó en enero es muy optimista sobre las divisas que el sector energético aportará en los próximos años a la economía argentina y afirma que hay “esfuerzos en marcha para, con el apoyo del Fondo y el Banco Mundial, apuntar mejor a una canasta de consumos energéticos básicos de los hogares más vulnerables, en línea con una mayor eficiencia energética y metas climáticas”, algo que considera “meta estructural” recién para abril. Hasta entonces, los aumentos a los sectores N2 (ingresos bajos) y N3 (medios) estarán limitados por el decreto 332 y la evolución de los respectivos Coeficientes de Variación Salarial.
Quienes sí seguirán pagando “tarifa plena” (al menos en el caso de la electricidad) serán los usuarios N1 (ingresos altos). “Pero eso de tarifa plena también es relativo, porque se parte de un precio de generación subsidiado”, reconoció una fuente de la Secretaría de Energía.
Esto implica determinar consumos esenciales por región, correlacionar y clasificar a los usuarios por ingreso y por zona y construir con ellos una base de datos. El gobierno aspira así a derogar la “Ley de zonas frías”, que quedaría implícita en el nuevo método de focalización. Todo un desafío político y legislativo.
Es un proceso demasiado complejo, con alto margen de error, que es lo que debería minimizarse en un contexto de corrección tarifaria tan exigente y en un período de alta inflación, subrayó Einstoss. La tarifa social -subrayó- consistía en descuentos a partir del uso de bases de datos existentes (Anses, beneficiarios de planes sociales, trabajadores domésticos, etc) y relevamientos domiciliarios. “Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, incluso España e Italia, usan mecanismos simples y transparentes: padrones de ingreso familiar, presentaciones espontáneas, verificación por asistentes sociales. En Brasil y España tienen un “bono energético”, en Italia un “bono social”, listó Einstoss. En cambio, la a Argentina pretende aplicar, otra vez, un esquema más fino pero con alto margen de error, en vez de aplicar uno bueno y seguro.
Actualmente dos tercios de los usuarios del sistema eléctrico reciben subsidios. En gas, en tanto, en CABA 56% de los usuarios de Metrogas tienen un nivel de consumo R1 (hasta 500 m3/año) y según proyecciones del Observatorio de Tarifas y Subsidios UBA-Conicet verían aumentar sus facturas de $1.000 a $20.000 de enero a junio.
Además, parte de la clase media tiene consumos R2 (de 500 a 650 m3/año), para los que la cuenta se empinaría a más de $44.000 hacia junio (esos cálculos se basan en proyección de costos y la estacionalidad de consumo, pero no contemplan la “elasticidad” de la demanda; esto es, que el consumo se achique en respuesta a los aumentos).
“El Gobierno tiene que dar un salto tarifario muy grande y lo complica con un nuevo método. Hay que escalar el Aconcagua en ojotas y no se puede fallar. Hay que minimizar la probabilidad de error, para no generar demasiada resistencia social al ajuste, que lo haría insostenible en el tiempo. Porque las tarifas luego deben seguir actualizándose”, enfatizó Einstoss.
Ya antes de que el Gobierno convoque a las primeras audiencias de gas y electricidad la consultora Economía y Energía había estimado que las tarifas reales de electricidad (sin incluir la inflación que se acumuló desde entonces) aumentarían entre 125% y 327% y las de gas entre 168% y 336%, en base a algunos supuestos. Como que los usuarios de altos ingresos seguirían pagando tarifa plena, a los de menores ingresos se les aplicaría una tarifa que cubra el 20% del costo y que los de ingresos medios empezarían a pagar tarifa plena. Los dos últimos supuestos, dijo Patricia Charvay, economista de la consultora, no parece que se vayan a implementar, al menos no de inmediato.
La “revisión” del FMI publicada el jueves dice que el nuevo esquema estaría listo recién en abril, pero también subraya que una de las “medidas clave” para lograr un ajuste fiscal del 3% del PBI es reducir los subsidios energéticos, con “aumentos iniciales en electricidad (más del 200%) y gas (más del 150%) efectivos en febrero”.