Cómo reaccionaron industriales y constructores a las primeras medidas de gobierno

En diciembre último, con fuerte inercia de la política del gobierno de Alberto Fernández, el Índice de producción industrial manufacturero (IPI) acusó una caída de 12,8% respecto a igual mes de 2022, y de 5,4% desestacionalizado respecto de noviembre, que llevó el acumulado de todo el año a un receso de 1,8% respecto a igual período de 2022, informó el Indec el pasado martes.

El organismo oficial de estadística comunicó también que el Indicador de coyuntura de la actividad de la construcción (ICAC) anotó en diciembre una baja de 12,2% respecto a igual mes de 2022, con 0,8% de caída en el índice ajustado por estacionalidad en comparación con el mes previo, que determinaron que el acumulado de 2023 terminara con retroceso de 3% interanual.

En su análisis del IPI los economistas de la consultora LCG destacaron: “A pesar de ser la peor caída mensual en 3 meses consecutivos en baja de magnitud, actualmente la industria se encuentra en niveles similares a octubre 2020, en plena pandemia. Al interior, la industria de Alimentos y Bebidas, casi un 25% del conjunto del sector manufacturero, lleva 7 meses consecutivos de disminución interanual, siendo solo superado por el de Maderas y Productos Minerales en la cantidad de meses de contracción”.

Y sobre la construcción, LCG estimó que “la tendencia a la baja, que se intensificó durante el último mes de 2023, persistirá. La suspensión de la obra pública y la incertidumbre están teniendo un impacto directo en esta actividad. No obstante, es probable que esta disminución sea menos pronunciada en el próximo mes, dado que muchas de sus repercusiones ya se manifestaron durante diciembre”.

“El año comienza acentuando la tendencia a la baja en los despachos de materiales, esto se debe a que estamos en meses de receso vacacional y por la incertidumbre que genera la alta inflación”, explican desde Construya, entidad que representa a las empresas líderes en la venta de insumos y materiales para el sector.

En su análisis del informe de la última revisión de metas del acuerdo de la Argentina con el FMI la consultora Invecq resaltó:

1. “PBI: se estima una caída de 2,8% en 2024, pero se profundiza a 5,2% en los sectores no-agro. A medida que se disipen las distorsiones y los efectos del endurecimiento de la política económica, se espera que la actividad se recupere en la segunda parte del año, liderada por la inversión privada. En 2025 el PBI rebotaría 5%;
2. Inflación: suponen 27% en enero y variaciones mensuales de un dígito desde el segundo trimestre, en caso de que se cumpla la consolidación fiscal, mejore/cambie la política monetaria, se reduzcan los márgenes empresariales, y se eliminen las distorsiones de mercado. El año cerraría en 150% (promedio del año 253 por ciento)”.

Las expectativas del conjunto de los sectores de la industria manufacturera muestran en los primeros dos meses del gobierno de Javier Milei un virtual estancamiento en comercio exterior, mientras que mantienen las previsiones descendentes de la demanda interna y consecuentemente también en el uso de la capacidad instalada, la cual arrastró en igual dirección a los presupuestos de variación neta del empleo y de las horas trabajadas del personal ocupado.

No es casual que la variable más dinámica, en sentido expansivo, sea el comercio exterior, porque como destacaba en la semana el diputado Ricardo López Murphy: “Los países que superaron crisis recurrentes de alta inflación y recesión, lo hicieron inicialmente a través de las exportaciones, tanto de bienes como de servicios, como el turismo internacional”.

Además, la rápida resolución de la brutal deuda acumulada en el gobierno previo del Banco Central con los importadores por doble vía: el registro que detectó que el saldo de compromisos era sustancialmente inferior al que mostraban las cuentas externas del país, y por la instrumentación del Bopreal que ayudó a descomprimir las tensiones de corto plazo, posibilitó que volviera a activarse gradualmente la cadena productiva dependiente de insumos y partes de origen foráneo.

Al respecto, en la reunión del último martes de los líderes de la Unión Industrial Argentina (UIA) se precisó: “La junta directiva volvió a coincidir en que las modificaciones implementadas en el capítulo laboral del Decreto 70/2023 muestran un camino para entender las nuevas realidades laborales y sientan las bases para que cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles”.

Y agrega: “Por estos motivos, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, confirmó la decisión de la entidad de presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con la figura de ‘amigo del tribunal’, en la causa ‘Confederación General del Trabajo de la República Argentina C/ Poder Ejecutivo Nacional S/Acción de Amparo’ (56862/2023). La UIA acercará el aporte de los técnicos de la institución sobre la importancia de contar con las propuestas del capítulo IV del decreto”.

Y al mismo tiempo, alertó la entidad fabril al Gobierno sobre “el impacto negativo de las retenciones para las exportaciones con valor agregado, la inserción en mercados internacionales, la competitividad de las cadenas de valor y la generación de divisas. Se coincidió en que una visión estratégica para el largo plazo debe tener como prioridades el criterio de agregación de valor y el fortalecimiento de la competitividad de un sector con más de 50.000 empresas industriales, en el marco de la necesidad de divisas que tiene el país”.

En perspectiva, LCG espera que “si la economía logra comenzar un plan de estabilización, repuntará hacia el segundo semestre. Aún así, en el promedio se proyecta un nuevo año contractivo para la producción”.

El estudio privado considera que “si bien la dificultad para acceder a las importaciones sería eliminada en el corto plazo, un tipo de cambio elevado podría tener consecuencias parecidas a las de los controles cambiarios, especialmente en sectores con menor sesgo exportador”.

Las expectativas de los desarrolladores de obras públicas y privadas mantienen para el trimestre enero-marzo 2024 la tendencia contractiva que en forma generalizada informan al Indec desde mayo 2023 -en el caso de los que se dedican preponderantemente a la actividad con particulares se inició en febrero del último año-.

Sin embargo, mientras los que se especializan en los contratos de administraciones provinciales y nacional volvieron a repetir un saldo de respuesta negativa de más de 74% por segundo mes consecutivo (apenas 2,8% espera aumento y 77,4% contracción); entre los privados el resultado neto contractivo se atenuó a menos de 35% de los empresarios consultados por el Indec, desde poco más de 40% en el relevamiento del mes previo (6,1% planifica expansión y 53,1% declinación), en todos los casos en comparación con igual tramo del año anterior.

Como resultado de lo anterior, persiste prácticamente fuera de los presupuestos de los constructores el aumento neto de la nómina, y pese a que en el caso del empleo entre quienes se dedican mayormente a la obra privada cayó a los niveles más bajos de los registrados desde mediados de la crisis de 2018 cuando el gobierno de Mauricio Macri debió acudir al auxilio financiero del FMI, y que luego se repitió en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández cuando irrumpió la crisis sanitaria de Covid-19, entre febrero y mayo de 2020. Y retomó la senda bajista desde mayo del último año.

Si se cumplen las expectativas del ministro de Economía, Luis Caputo, y de las implícitas en las proyecciones del FMI para la Argentina para 2024 y 2025, cabe esperar que tanto la industria como la construcción retomen el sendero de la reactivación hacia el segundo semestre del corriente año.

Para eso será clave que junto a la desaceleración que el Gobierno espera en la tasa de inflación desde el salto de diciembre último, comiencen a recomponerse los ingresos de la población, inicialmente sólo nominalmente y a posteriori en términos reales, para que pueda revertirse la notable contracción del consumo de las familias.