Presión impositiva: cuáles son los tributos que más recaudan y quiénes deben pagarlos

En medio de la puja entre los mandatarios provinciales y el Gobierno por nacional por la coparticipación y luego de la quita del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus, el sistema tributario actual queda en el centro de la discusión. Sobre todo , el exceso de impuestos sobre algunos sectores.

De acuerdo a un informe de Fundar, el actual diseño tributario es consecuencia de la inestabilidad macroeconómica y sus urgencias, de una estructura económica heterogénea con amplia informalidad, de un irresuelto federalismo fiscal y de las contrastantes respuestas de los diversos gobiernos ante el aumento del gasto público, entre otros.

Una de las cuestiones a destacar es que, en comparación con los países de América Latina y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la estructura tributaria de Argentina muestra un exceso de impuestos sobre bienes y servicios y una menor participación en tributos sobre ingresos, ganancias y patrimonio.

En este sentido, los tributos que recaen sobre bienes o servicios aportan el 60,5% de la recaudación del Estado argentino (17,6% del PIB), cuando en América Latina la proporción es del 51,6% (11,9% del PIB); en los países de ingresos similares a la Argentina, del 46,3% (11,1% del PIB); y en la OCDE no llega al tercio (32,6%).

O Pero esto no fue siempre así. La suba responde a la reintroducción del impuesto a las transacciones financieras y los derechos de exportación.

Para Fundar es justamente en este grupo de tributos donde Argentina tiene particularidades no deseadas. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los impuestos sobre las exportaciones (2,01% del PIB) y sobre operaciones cambiarias (0,25%), e Ingresos Brutos (3,84%), que son prácticamente inexistentes en la OCDE y mucho más bajos en América Latina (0,1% y 0,65%, respectivamente).

Asimismo, se ubican en este grupo los impuestos sobre las transacciones financieras (impuestos a los débitos y créditos bancarios), cuya recaudación alcanza al 1,6% del PIB (0,3% en América Latina y 0,4% en OCDE).

Dentro de los impuestos sobre bienes y servicios, se encuentra el más importante de la estructura tributaria argentina, el IVA. Su participación (7% del PIB) es levemente superior a la de América Latina (5,9%) y en la OCDE (6,7%). El problema es que esa relación se logra con una de las alícuotas generales (21%) más alta de la región. Por ejemplo, Brasil y Chile recaudan más con alícuotas menores (18% y 19%, respectivamente), gracias a una menor evasión y gasto tributario.

En cuanto a los impuestos relacionados con ingresos, ganancias y patrimonio, se encuentra el impuesto a las ganancias, las sociedades y los beneficiarios del exterior. Este grupo de tributos en conjunto aportan el 17,5% de la recaudación total (5,1% del PIB), cuando en los países de la OCDE su participación es del 33,1% (11,3 % del PIB) y en los de América Latina, 26,3% (5,7% del PIB).

“Además, se observa que la composición entre individuos y sociedades es muy diferente a la de los países desarrollados: mientras que en Argentina los individuos aportan el 43% del total recaudado por ganancias (rentas), en el promedio de países de la OCDE es del 73%”, asegura el informe de Fundar.

En tanto, los impuestos sobre la propiedad aportan el 3,8% de la recaudación (1,1% del PIB) y el valor es superior al de los países de América Latina, donde aportan el 2,3% (0,5% del PIB), pero inferior al aporte que hacen en los países de la OCDE (4,4% de la recaudación y 1,5 % del PIB).

Otro de los problemas que se encuentran en el sistema es la muy alta informalidad tributaria en la Argentina que “conjuntamente con la continua necesidad de lograr mayores recursos para financiar al fisco, han llevado a recurrir muy frecuentemente a esquemas de regularización tributaria: entre 1983 y 2022, hubo 81 planes de facilidades de pago en materia impositiva a nivel nacional, lo que da un promedio de más de dos planes por año”, precisaron desde Fundar.

De estos planes se destacan los que implican repatriación de capitales, que se llevaron a cabo al menos una vez por cada gobierno desde el retorno a la democracia en 1983: 1987, 1992, 2009, 2013 y 2016.

“Si bien estos regímenes buscan aumentar la recaudación a partir de un incremento en la base imponible, en el mediano plazo incentivan la evasión y la elusión fiscal, lo cual atenta contra su objetivo. Esto se debe a que, a partir de la experiencia pasada, el contribuyente tendrá incentivos a evadir/eludir la legislación tributaria porque sospecha que existirá siempre la oportunidad de formalizarlo con un régimen más favorable”, consideraron en el informe.

“Cabe mencionar también las resistencias de orden moral y legal con respecto a permitir que dinero proveniente de actividades ilegales ingrese al circuito formal de la economía”, agregaron.

“Esa alta evasión e informalidad han llevado a que los gobiernos privilegien impuestos de fácil recaudación. A su vez, el contexto de inestabilidad macroeconómica y la baja previsibilidad fiscal han propiciado, en forma creciente, la introducción de impuestos de emergencia que se consolidaron en el tiempo”, aseguraron.

En este marco, desde Fundar proponen transitar hacia una estructura tributaria más armónica mediante el aumento del peso de los tributos que recaen sobre ingresos y patrimonios, y la disminución de los que recaen sobre bienes y servicios con características no deseables.

• Para fortalecer los tributos sobre ingresos y patrimonio se propone:

1. Unir los aportes personales con el impuesto a las ganancias sobre los asalariados en un tributo progresivo sobre los ingresos, y destinar su recaudación al sistema de seguridad social.
2. Establecer un impuesto negativo a la renta —administrado por la AFIP— para los trabajadores por cuenta propia informales o de muy bajos ingresos.
3. Para reducir el tratamiento discriminatorio hacia los trabajadores autónomos (vis a vis monotributistas y asalariados) se propone tomar como pago a cuenta de ganancias parte de lo pagado por IVA.
4. Homogeneizar las alícuotas de contribuciones patronales.
5. Jerarquizar y aumentar la progresividad del monotributo, generando mayor equidad entre trabajadores y suavizando la transición al régimen general.
6. Unificar la alícuota sobre rentas no laborales (sociedades) en 35%, establecer un impuesto mínimo (calculado sobre las ventas o sobre el stock de activos) y un adicional sobre la renta de recursos naturales para gravar rentas extraordinarias.
7. Ampliar y coordinar federalmente el impuesto sobre bienes personales y coordinar, con las provincias que así lo dispongan, un impuesto personal al enriquecimiento gratuito. Para ello se debe mejorar significativamente el proceso de valuación fiscal de inmuebles.

• En orden de mejorar la eficiencia recaudatoria del IVA proponemos automatizar las devoluciones para bienes de capital y exportaciones, y eliminar exenciones y alícuotas diferenciadas.
• La mayor recaudación que involucran las propuestas previas —que también incluyen una mayor carga sobre las emisiones de carbono— permite reducir el peso de impuestos sobre bienes y servicios:

1. Convertir débitos y créditos en un sistema de recaudación, tomándolo como pago a cuenta de otra carga impositiva.
2. Eliminar las retenciones a las exportaciones.
3. Negociar reformas —coordinadas por un organismo federal reforzado—, en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, que vayan en la dirección de desgravar la actividad primaria y manufacturera, armonizar y coordinar regímenes de retención y percepción, e incentivar las DDJJ conjuntas con el IVA.

Pero para llevar a cabo estos puntos se requiere:

1. Fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno mediante la jerarquización de un organismo fiscal federal, una iniciativa que se puede dar en el marco de la sanción de una nueva Ley de Coparticipación. Este organismo debe centrar sus esfuerzos en actualizar las normas sobre analogías de impuestos y características de tributos locales como Ingresos Brutos y Sellos —colaborando así con la estabilidad tributaria—, coordinar cuestiones de administración de impuestos y ayudar a la simplificación de trámites.
2. Eficientizar la administración tributaria y establecer incentivos al cumplimiento, aprovechando el contexto internacional de mayor cooperación para combatir la evasión y evitar la erosión de la base impositiva.