Energía: el Gobierno demora las nuevas tarifas y busca una estrategia para evitar la judicialización

Mientras el clima exige al límite la infraestructura energética de la Argentina, que -como advirtió el propio secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo-, está “al borde del colapso”, el Gobierno demora la publicación de los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de gas y electricidad. La expectativa era que esos datos se publicaran la semana que pasó, pero se conocerán en los próximas días o incluso semanas.

La demora es porque el Gobierno debe convocar a una nueva Audiencia Pública para cumplir con las exigencias del decreto 332, la “segmentación tarifaria” que el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, pergeñó en 2022, pero no llegó a aplicar, cosa que hizo parcialmente su sucesor, Sergio Massa, durante 2023.

Lo que se busca es evitar la judicialización de los aumentos, como le sucedió en 2016 al gobierno de Mauricio Macri. Sucede, explicaron desde la cartera energética, que el decreto 332 obliga a una nueva audiencia porque entre sus disposiciones precisa que la suba del precio estacional no puede superar el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para los usuarios N2 (ingresos bajos) ni el 80% del CVS para los usuarios N3 (ingresos medios).

Para cambiar el esquema de segmentación y disponer el nuevo sistema, a partir una “Canasta Energética Básica”, el Gobierno necesita, tras la Audiencia Pública, publicar el decreto y entonces sí, a través de los entes reguladores, anunciar los cuadros tarifarios.

El mantenimiento de las tarifas actuales es absolutamente inviable, por una simple cuestión presupuestaria. En los últimos 14 años, como surge de los datos del siguiente gráfico de un informe de la consultora Economía & Energía, la Argentina gastó el equivalente a más de USD 141.000 millones en concepto de subsidios energéticos, por más del 25% del PBI.

Ante una suerte de pelea interna que le planteó la Cámpora, Guzmán diseñó un sistema complejo para un Estado con serias dificultades para aplicarlo.

Por caso, para identificar a los usuarios N1 (ingreso familiar superior a 3,5 Canastas Básicas Totales del Indec) dispuso además otras 5 variables de identificación, con datos como la antigüedad del o los autos del usuario, y para los N2 (menos de 1 CBT), agregó criterios como la pertenencia o no al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), la inclusión en el grupo familiar de algún veterano de Malvinas e incluso especificó que si “al menos un o una integrante posee certificado de discapacidad expedido por autoridad competente”, el techo de ingresos para seguir siendo N3 y recibir el máximo nivel de subsidios se estiraría a 1,5 CBTs.

Tanto detalle cuadraba al perfil progre que se auto-construyó Guzmán, pero es muy difícil de aplicar y fiscalizar, como evidenciaron los contratiempos ya en el proceso de registración inicial.

La séptima revisión del acuerdo con la Argentina que el FMI publicó el jueves es muy optimista acerca de las divisas que el sector energético aportará en los próximos años a la economía argentina y afirma que hay “esfuerzos en marcha para, con el apoyo del Fondo y el Banco Mundial, apuntar mejor a una canasta de consumos energéticos básicos de los hogares más vulnerables, en línea con una mayor eficiencia energética y metas climáticas”, algo que considera “meta estructural” recién para abril. Hasta entonces, los aumentos a los sectores N2 (ingresos bajos) y N3 (medios) estarán limitados por el decreto 332 y la evolución de los respectivos Coeficientes de Variación Salarial.

Quienes sí seguirán pagando “tarifa plena” (al menos en el caso de la electricidad) serán los usuarios N1 (ingresos altos). “Pero eso de tarifa plena también es relativo, porque se parte de un precio de generación subsidiado”, reconoció una fuente de la Secretaría de Energía.

Según Alejandro Einstoss, economista especializado en energía, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), miembro del Instituto Argentino de Energía General Mosconi y del Observatorio de Tarifas y Subsidio de la UBA y el Conicet, al seguir la huella de la segmentación en vez de recurrir al concepto de “tarifa social”, más simple, transparente y fácil de aplicar y fiscalizar, el gobierno busca lo perfecto a expensas de lo bueno. El tiempo, además, juega en contra. Es “de buena práctica”, explica Einstoss, actualizar las tarifas de gas en verano, pero la salida de la “segmentación” tiende a estirar los tiempos.

Para llegar al déficit fiscal cero, dice, los subsidios son una de las principales “colinas” a ganar. Una factura promedio, precisa, tiene 45% de costo energético, 30% de cargos de transporte y distribución y 25% de impuestos. El componente principal, el precio de la energía, al empezar el gobierno solo cubría en promedio 30% del costo del gas y la energía eléctrica, y como 80% del costo de generación eléctrica y 100% del costo del gas estaban y siguen dolarizados, la devaluación redujo la cobertura al 7 y 8% para el gas y la electricidad respectivamente. Ergo, más del 90% del costo de la energía residencial se cubre con subsidios, un escenario peor –remarcó- al que enfrentó el entonces secretario de Energía, Juan José Aranguren, al iniciar su gestión a fines de 2015.

En las audiencias ya realizadas las empresas de distribución y transporte propusieron aumentos que en promedio superan el 200% sobre los cargos que les corresponden, a los que se sumarán los aumentos en el precio de la energía que, para una familia de ingresos medios, implica multiplicar 12 veces el precio actual y a eso hay que agregar los impuestos. Todo sumado, calculó Einstoss, arrojaría aumentos promedio del 700% para familias de ingresos medios (N3) del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el economista, el esquema de subsidios que fue presentando pero aún no definió del todo el gobierno identificó bien las falencias de la segmentación, a la que definió como “un producto inédito, sin antecedentes a nivel nacional o internacional y que tenía escasas probabilidades de éxito” y con un “Talón de Aquiles”: la identificación del universo pasible de ser subsidiado. El problema, dijo Einstoss a Infobae, es que en vez de simplificar la focalización de subsidios recurriendo a la experiencia internacional o al programa de “tarifa social” previo a la segmentación, el Gobierno insiste en un sistema ad-hoc con parámetros como los ingresos del grupo conviviente y la determinación de una “canasta energética básica por zona bioclimática”. Si el costo de esta supera un porcentaje (aún no precisado) del ingreso familiar, se cubriría con subsidios.

Esto implica determinar consumos esenciales por región, correlacionar y clasificar a los usuarios por ingreso y por zona y construir con ellos una base de datos. El gobierno aspira así a derogar la “Ley de zonas frías”, que quedaría implícita en el nuevo método de focalización. Todo un desafío político y legislativo.

Es un proceso demasiado complejo, con alto margen de error, que es lo que debería minimizarse en un contexto de corrección tarifaria tan exigente y en un período de alta inflación, subrayó Einstoss.

La tarifa social consistía en descuentos a partir del uso de bases de datos existentes (Anses, beneficiarios de planes sociales, trabajadores domésticos, etc) y relevamientos domiciliarios. “Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, incluso España e Italia, usan mecanismos simples y transparentes: padrones de ingreso familiar, presentaciones espontáneas, verificación por asistentes sociales. En Brasil y España tienen un “bono energético”, en Italia un “bono social”, listó Einstoss. En cambio, la a Argentina pretende aplicar, otra vez, un esquema más fino pero con alto margen de error, en vez de aplicar uno bueno y seguro.

Actualmente dos tercios de los usuarios del sistema eléctrico reciben subsidios. En gas, en tanto, en CABA 56% de los usuarios de Metrogas tienen un nivel de consumo R1 (hasta 500 m3/año) y según proyecciones del Observatorio de Tarifas y Subsidios UBA-Conicet verían aumentar sus facturas de $1.000 a $20.000 de enero a junio.

Además, parte de la clase media tiene consumos R2 (de 500 a 650 m3/año), para los que la cuenta se empinaría a más de $44.000 hacia junio (esos cálculos se basan en proyección de costos y la estacionalidad de consumo, pero no contemplan la “elasticidad” de la demanda; esto es, que el consumo se achique en respuesta a los aumentos).

“El Gobierno tiene que dar un salto tarifario muy grande y lo complica con un nuevo método. Hay que escalar el Aconcagua en ojotas y no se puede fallar. Hay que minimizar la probabilidad de error, para no generar demasiada resistencia social al ajuste, que lo haría insostenible en el tiempo. Porque las tarifas luego deben seguir actualizándose”, enfatizó Einstoss.

Ya antes de que el Gobierno convoque a las primeras audiencias de gas y electricidad la consultora Economía y Energía había estimado que las tarifas reales de electricidad (sin incluir la inflación que se acumuló desde entonces) aumentarían entre 125% y 327% y las de gas entre 168% y 336%, en base a algunos supuestos. Como que los usuarios de altos ingresos seguirían pagando tarifa plena, a los de menores ingresos se les aplicaría una tarifa que cubra el 20% del costo y que los de ingresos medios empezarían a pagar tarifa plena. Los dos últimos supuestos, dijo Patricia Charvay, economista de la consultora, no parece que se vayan a implementar, al menos no de inmediato.

La “revisión” del FMI publicada el jueves dice que el nuevo esquema estaría listo recién en abril, pero también subraya que una de las “medidas clave” para lograr un ajuste fiscal del 3% del PBI es reducir los subsidios energéticos, con “aumentos iniciales en electricidad (más del 200%) y gas (más del 150%) efectivos en febrero”.

Lo más sorprendente del documento publicado por el Fondo, sin embargo, son las proyecciones de balanza comercial energética. Parten de una “línea” base de superávit de USD 3.300 millones este año, visualizan a “mediano plazo” un “margen significativo” de aumento, en el que las exportaciones de petróleo se triplican en volumen hasta generar “un plus de USD 14.000 millones anuales de exportación” y también ven un gran potencial de exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

Petróleo y gas llevarían así a que en 2027 la energía aporte más de USD 15.000 millones de superávit comercial, y cerca de 25.000 millones hacia 2030, a partir, básicamente, de las pródigas ubres de Vaca Muerta.

Eso sí, el FMI aclara: “estas ambiciosas cifras son condicionales a un marco macroeconómico y regulatorio adecuado, que ayude a cubrir una brecha de USD 40.000 millones de inversión a mediano plazo”. Semejante nivel inversión difícilmente esté disociado de las tarifas energéticas.