El Gobierno extendió hasta el 31 de julio la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales a las pymes

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció a través de su cuenta de X que se extenderá hasta el 31 de julio próximo la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y de los embargos a las pymes de todo el país.

“Mañana saldrá en el Boletín Oficial la Resolución Ministerial que instruye a la AFIP a suspender hasta el 31 de Julio el inicio de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares a las micro, pequeñas y medianas empresas -Tramo 1 y 2-, a las personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes, a las entidades sin fines de lucro y a los contribuyentes pertenecientes al sector de salud”, publicó el funcionario.

Posteriormente, la AFIP explicó en un comunicado: “La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspende hasta el 31 de julio de 2024, inclusive, la iniciación de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares. La Resolución General será publicada mañana en el Boletín Oficial y tendrá vigencia a partir del 1° de febrero”.

De esta forma, se dará continuidad a la Resolución General de AFIP 5425, publicada en septiembre de 2023, cuando se dispuso la suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, para pequeños contribuyentes y micro y pequeñas empresas.

Asimismo, se habían brindado planes de pago. Esto permitía regularizar las obligaciones impositivas y las deudas sobre los recursos de la seguridad social -incluidos sus intereses y multas- vencidas hasta el 31 de agosto de 2023, inclusive. También, las multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de dichos tributos.

Además de la extensión de la suspensión de los embargos, las pymes esperan por el anuncio de una nueva moratoria, algo que incluía el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus que fue retirado para facilitar su aprobación. Si bien este punto no era el que más conflicto generaba en el Congreso, la oposición pedía que se premiara a aquellos que tienen sus pagos al día. La iniciativa del gobierno incluía obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, por deudas vencidas al 30 de noviembre de 2023, inclusive.

El contador tributarista, Sebastián Domínguez, había advertido que, si no se prorrogaba la suspensión de las ejecuciones, en el camino las empresas podrían pedir hacer planes de pago permanentes, aunque con menos cuotas de las previstas en la moratoria incluída originalmente en la Ley Ómnibus: “Por eso era importante la moratoria a 60 meses para este tipo de contribuyentes más pequeños”, aseguraba.

Desde el punto de vista de las pymes, lo lógico, aseguraba el contador, era justamente que se volviera a prorrogar la suspensión de las ejecuciones y juicios, hasta tanto se llegara a un acuerdo y se lanzara la moratoria que se necesita.

“Desde el punto de vista de las finanzas públicas, es delicado, porque si no alcanza el dinero y no pueden iniciar juicio, hay empresas que no van a pagar aun pudiendo pagar, porque total saben que pueden esperar”, agregó

“Es un tema complejo, pero habría que tener consideración por los más perjudicados, que serían las pymes”, indicaba Domínguez. En ese marco, el tributarista opinaba que volver a suspender los juicios, por lo menos hasta el 31 de marzo (finalmente la resolución se extendió hasta el 31 de julio), era lo más lógico, esperando que en marzo, ya con las sesiones ordinarias, se pudiera llegar a un acuerdo para aprobar la reclamada moratoria. Ahora, con la extensión ya confirmada, resta saber si habrá o no un plan de pagos para que los empresarios puedan regularizar sus deudas con beneficios fiscales.

Por su parte, el empresario y economista Gustavo Lázzari advirtió en su cuenta de X: “El capítulo fiscal no era menor ni menos prioritario. Es imprescindible un nuevo proyecto rápido, racional y pensando en las espaldas del sector privado antes que en las arcas del estado (nacional y provincial) Urgente: sin moratoria, febrero es una carnicería fiscal”.