El Gobierno negocia con organismos internacionales el uso de créditos ya aprobados para financiar gasto social

En medio del fuerte ajuste del gasto público con el que aspira a equilibrar las cuentas públicas este año, el Poder Ejecutivo analiza analiza “reasignar” parte de una serie de créditos de organismos internacionales que estaban planificados para realizar proyectos de obra pública hacia partidas de gasto social para intentar paliar el efecto de la aceleración inflacionaria en los indicadores sociales.

El Gobierno tiene vigentes unas 237 operaciones de financiamiento de bancos regionales, otros internacionales y créditos bilaterales desde otros países, por un monto USD 32.912 millones, según información del Ministerio de Economía. Ese tipo de préstamos, que suelen tener un destino específico y que no actúan como refuerzo de reservas o apoyo presupuestario, tiene una veintena de sectores a los que financia, desde obra pública hasta medio ambiente, cultura y desarrollo urbano.

Según pudo saber Infobae en base a fuentes oficiales, la restricción presupuestaria que atravesará este año el sector público para dar paso al déficit cero en el primer año de mandato de Javier Milei hará que el Gobierno busque fuentes de financiamiento alternativas para el gasto. Por eso, esperan poder “rebalancear” el ritmo y destinos que tienen los desembolsos de organismos y bancos regionales para darle prioridad al gasto social (básicamente la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar) en un contexto de muy alta inflación y caída de la actividad.

La priorización de las erogaciones de programas sociales pondría en un segundo plano, así, a proyectos de obra pública e infraestructura. En el Poder Ejecutivo aseguran que no se tratará de un apoyo presupuestario -porque no esperan tener déficit en las cuentas públicas este año- pero sí será utilizado como una fuente de financiamiento. Esto es, reemplazar gasto con recursos propios por fondos desde el exterior. Por regla general, los créditos de este tipo de entidades suelen ser mucho más “blandos” -en términos de costo y plazo- que otras maneras de financiamiento externo.

En el Ministerio de Economía evitar hablar por el momento de qué montos podría ser incluidos en esa reasignación. Los datos oficiales del Palacio de Hacienda muestran que, hacia fines de 2023, el 36% de los préstamos corresponden al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un 24% del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), un 19% de créditos bilaterales y un 17% del ex banco regional CAF, ahora denominado Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Entre las finalidades de los créditos, en los tres primeros lugares aparecen Energía (casi USD 7.000 millones), Transporte y Agua y saneamiento, con USD 5.000 millones más cada rubro; y en cuarto lugar Protección Social, con poco más de USD 3.000 millones. La gran mayoría (86%) de los créditos son realizados desde las entidades al gobierno nacional y el 14% restante de manera directa a las provincias, aunque la Casa Rosada tiene que actuar como garante.

Hasta septiembre de 2023, último dato oficial, los desembolsos sumaron casi USD 3.500 millones, una suma menor a la que había tenido a lo largo de 2022, con USD 5.025 millones y también por debajo del 2021 (USD 3.937 millones) y del 2020 (USD 3.543 millones). Actualmente hay en ejecución 15 programas catalogados como Protección Social, pero la mayor parte de ellas ya tiene todos sus desembolsos realizados.

Hay un préstamo aprobado del BID por USD 400 millones destinado a Emergencias por Desastres Naturales y de Salud Pública que aún no tuvo desembolsos. Esa misma entidad habilitó financiamiento para un programa de Apoyo a la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad por USD 265 millones del que fueron girados solo USD 53 millones. Existe otro del BIRF por USD 250 millones de los que se desembolsaron USD 71 millones.

En algunos organismos de crédito el Gobierno tiene espacio para negociar ese tipo de reasignaciones. Según datos oficiales de Economía, de los USD 11.845 millones de préstamos aprobados por el BID fueron desembolsados hasta el momento poco más de USD 5.600 millones. El BIRF tiene una cartera de préstamos hacia la Argentina de USD 8.000 millones y envió USD 3.720 millones. Y la CAF, en tanto, dio el visto bueno a créditos por USD 5.560 millones de los que giró al país USD 2.565 millones.

Un experto en el funcionamiento de la relación con los organismos internacionales y que tuvo un paso por la función pública resumió ante la consulta de Infobae que “hay dos tipos de créditos, uno a Nación para proyectos de obra pública o sociales, y después préstamos directos a provincias, la deuda es de las provincias con garantía del Gobierno nacional”, mencionó. “Nación no puede reasignarlas, pero puede reestructurar o reasignar los créditos que tiene activos de obra pública a otro tipo de destinos. Para eso necesita que el organismo financiador preste conformidad”, explicó.

El Presupuesto 2024 que no fue tratado en el Congreso incluía un detalle sobre qué cantidad de préstamos de organismos internacionales se esperaba para este año por la vía de créditos con asignación específica. El Gobierno anterior había planteado que ese aporte llegaría de organismos internacionales. Expresado en pesos con la nominalidad que esperaba el proyecto de ley en ese entonces, eran unos 1,8 billones de pesos. Con el tipo de cambio de ese momento, la cuenta era de unos USD 3.570 millones.

Cerca de un tercio de ese total sería aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (algo menos de USD 1.150 millones), otro poco más del 20% por parte de la ex Corporación Andina de Fomento (CAF) -actual Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, por otros USD 760 millones, levemente más atrás se ubica el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (que pertenece al Banco Mundial), por unos USD 720 millones, le siguen el Banco Centroamericano de Integración Económica con USD 260 millones y la China Development Bank Corporation, por USD 218 millones, entre otras entidades con préstamos menores.

Las gestiones del Gobierno ante organismos internacionales serán uno de los elementos que explicarán las chances que tenga para acumular reservas este año. La meta del 2024 es exigente ya que implicará, entre diciembre de 2023 y diciembre de este año, unos USD 10.000 millones acopiados en el Banco Central. Si cumpliera esa meta, dejaría el nivel de reservas netas en una zona cercana al cero, ya que el gobierno de Milei asumió con arcas con USD 11.000 millones negativo en la entidad monetaria.

“Tras devolver el préstamo puente de la CAF, esperamos que el flamante gobierno consiga fondos frescos provenientes del resto de los organismos multilaterales”, explicó la consultora Equilibra en un informe reciente. Un flujo positivo desde bancos de inversión, junto con otros factores como que no se atrase el tipo de cambio real, que el ingreso de inversión real directa sea mayor a la salida de capitales ante un desarme del cepo y que la gestión de la deuda de importaciones sea manejada “con cautela”, son para esa consultora la forma en que el Gobierno podría acumular las reservas acordadas con el FMI.

“La pregunta del millón es que sucederá con el swap con China ya que la relación bilateral se ha resentido tras el cambio de autoridades. No vemos probable que se habilite un mayor uso del instrumento, pero tampoco que se exija su repago”, continuó Equilibra. En una proyección de base, estimaron que podrían ingresar por parte de organismos internacionales unos USD 4.550 millones. En esa cuenta considera el saldo neto con el FMI de este año.