A partir de este jueves las pymes podrían volver a enfrentarse a embargos de cuentas y ejecuciones fiscales por parte de la AFIP tras la finalización de la feria judicial, del vencimiento de una resolución que suspendía estos procedimientos y de la quita del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus.
A través de la Resolución General de AFIP 5425 de septiembre de 2023, el ex ministro de Economía Sergio Massa había dispuesto la suspensión del inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, para pequeños contribuyentes y micro y pequeñas empresas.
Asimismo, se habían brindado planes de pago. Este permitía regularizar las obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social -incluidos sus intereses y multas- vencidas hasta el 31 de agosto de 2023, inclusive. También, las multas impuestas, cargos suplementarios por tributos a la importación o exportación y liquidaciones de dichos tributos.
Sin embargo, la medida no fue renovada y el fin de la feria judicial alerta a cientos de pymes. Así, quedará habilitada la posibilidad de embargar cuentas y hacer ejecuciones fiscales de deudores morosos. La situación de muchas pymes se vuelve crítica en un contexto económico complejo y frente una posible recesión.
“A partir de mañana, en estos casos van a poder iniciarles los juicios y, si ya tenían un juicio iniciado, trabarle un embargo en las cuentas si todavía no pagaron lo que se les está reclamando en el juicio de ejecución fiscal, por ejemplo”, dijo a Infobae el tributarista Sebastián Dominguez.
“A eso se suma, que desde el 1 de febrero ya se aplican las tasas de interés resarcitorios y punitorios; eso puede generar una bola de deuda complicada para las pymes”, agregó.
A la espera de una moratoria
Tras la suspensión de dichos procedimientos, las pymes esperaban una moratoria, algo que incluía el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus que fue retirado para facilitar su aprobación. Si bien este punto no era el que más conflicto generaba en el Congreso, la oposición pedía que se premie a aquellos que tenías sus pagos al día. La iniciativa del gobierno incluía obligaciones tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, por deudas vencidas al 30 de noviembre de 2023, inclusive.
“Si no se prorroga la suspensión, en el camino las empresas pueden pedir, hacer planes de pago permanentes, pero son menos cuotas; por eso era importante la moratoria a 60 meses para este tipo de contribuyentes más pequeños”, aseguró Dominguez.
Por su parte, el empresario y economista Gustavo Lázzari advirtió en su cuenta de X: “El capítulo fiscal no era menor ni menos prioritario. Es imprescindible un nuevo proyecto rápido, racional y pensando en las espaldas del sector privado antes que en las arcas del estado (nacional y provincial) Urgente: sin moratoria, febrero es una carnicería fiscal”.
En tanto, “si uno mira desde el punto de vista de las pymes, lo lógico sería volver a prorrogar esta suspensión, hasta tanto lleguen a un acuerdo y saquen la moratoria que se necesita”, sostuvo Dominguez.
“Desde el punto de vista de las finanzas públicas, es delicado porque si no alcanza el dinero y no pueden iniciar juicio, hay empresas que no van a pagar aun pudiendo pagar, porque total saben que pueden esperar”, agregó
“Es un tema complejo, pero habría que tener consideración por el más perjudicado que serían las pymes y volver a suspender esas dos medidas por lo menos hasta el 31 de marzo, esperando que en marzo que ya se inicia las sesiones ordinarias, se pueda llegar a un acuerdo para aprobar esa moratoria”, concluyó.