El Gobierno defendió en audiencia pública los aumentos de la luz y la quita de subsidios: “Lejos de aumentar la inflación, la reducirán”

La audiencia pública virtual de este viernes con la que el Gobierno busca definir los próximos aumentos en las tarifas de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó con demoras por problemas técnicos. La consulta, centrada en el segmento de distribución, debía iniciar a las 8.30 pero se retrasó pasada las 10 hasta que el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Darío Arrué, dio inicio a la sesión. El Gobierno defendió los aumentos y la quita de subsidios, al tiempo que aseguró que las subas “lejos de aumentar la inflación, la reducirán”.

La audiencia pública tiene lugar después de una noche agitada para el Gobierno, en donde el presidente Javier Milei decidió echar al ahora ex ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, según trascendió, por supuestas filtraciones de información y declaraciones que involucraban al propio jefe de Estado, en medio de un clima espeso entre la Casa Rosada y los gobernadores por la negociación de la Ley Ómnibus en el Congreso. Por estas horas se espera que los funcionarios de esa cartera pasen a la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo, quien concentrará mayor influencia y buscará alcanzar el equilibrio fiscal en 2024. Para ese objetivo la quita de subsidios energéticos será crucial.

El primero en tomar la palabra fue el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien realizó un diagnóstico sobre la crisis en materia energética del país y apuntó contra las deudas que mantienen las distribuidoras con la administradora del mercado eléctrico CAMMESA. Luego continuó con un detalle de los objetivos de la gestión y las medidas a tomar por su gestión.

“El impacto de esta situación en el funcionamiento técnico del sistema, derivado de que la tarifa no refleja el costo económico y eficiente del suministro, supone que nos pone al borde de quedarnos sin luz, producto de decisiones incorrectas y que nos llevaron a esta situación. Si uno mira para adelante, a fin de resolver estos problemas técnicos, queda muy claro que con la tarifa actual resulta imposible que haya inversiones en generación”, alertó Chirillo.

“La segmentación de tarifas o de subsidios instrumentada mediante el decreto 322 que se realizó para eliminar una asistencia generalizada de la población se quedó trunco por la mitad y si bien intentó eliminar subsidios que eran escandalosos para asignárselo a los ciudadanos de menores ingresos, lejos estuvo de contar con un diseño adecuado para aquellos que realmente lo necesitan”, sostuvo el secretario de Energía.

Luego fue el turno de la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien dio pistas sobre el nuevo esquema de subvenciones en el que trabaja su dependencia, el cual está previsto para aplicar en abril, y defendió el sendero de incrementos que esperan llevar adelante desde marzo.

“Este Gobierno ha decidido llevar las tarifas a pagar los costos y eliminar las transferencias fiscales. Esta política es correcta porque la disminución del déficit implica reducir la inflación. Los aumentos tarifarios lejos de aumentar la inflación la reducirán. No hay que confundir la medición algebraica de un mes con algo estructural de mediano plazo. El aumento de las tarifas se verá compensado porque sin inflación otros bienes de la economía no aumentarán. Además, la corrección de precios relativos es imprescindible para conseguir el crecimiento económico. Sin crecimiento es imposible conseguir que los salarios aumenten su capacidad adquisitiva”, aseguró la funcionaria.

Por otro lado, Beljansky dio detalles sobre el funcionamiento de la nueva “canasta básica energética” y cómo se aplicarán a partir de la misma la asistencia a los usuarios más vulnerables. La reducción de subsidios, como explicó la subsecretaria, es clave en el plan de ajuste fiscal de La Libertad Avanza:

• Determinar los ingresos del grupo conviviente y un porcentaje de ese ingreso usualmente aplicado a pagar la factura de energía. Sería de aproximadamente 5% en el caso de la electricidad.
• Establecer una “canasta básica energética indispensable” que se determinará según la zona bioambiental y la conformación de grupo conviviente
• Contrastar el costo de esas cantidades con el ingreso del grupo conviviente y limitar la incidencia de ese costo a un porcentaje del ingreso subsidiando la diferencia. Es decir enfocado a situaciones de “vulnerabilidad”.
• La subvención que otorgará el Estado será el diferencial cuando el precio de la canasta supere un porcentaje determinado de los ingresos totales del grupo conviviente.

Para la implementación, indicó Beljansky, Energía deberá contar con un cálculo de consumos esenciales, clasificar consumos medios de cada decil para identificar en qué segmento se encuentra cada grupo conviviente, calcular las facturas medias y luego los subsidios totales

La audiencia había sido convocada a través de la Resolución 2/2024, publicada a principios de mes en el Boletín Oficial, en donde el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) estableció que este viernes 26 se realizará desde las 8.30 la primera de las consultas “con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto a las propuestas de las concesionarias del servicio público de distribución de energía eléctrica, EDENOR y EDESUR tendientes a obtener una adecuación transitoria en la tarifa”. Estará presidida por el interventor del ENRE, Darío Arrué.

En las notas enviadas por ambas distribuidoras al ente regulador se consignó que, sin contemplar la revisión integral pendiente, Edenor necesitará ingresos por $521.000 millones para cubrir su déficit y Edesur $330.000 millones con el mismo objetivo. Fuentes del mercado dijeron a Infobae que el pedido de aumento para el concepto de distribución será menor al 150 por ciento. También, en línea con lo que sucede con el gas, las compañías del sector esperan algún tipo de mecanismo de actualización mensual, que en este caso podría ser el índice de precios mayoristas del Indec. De todos modos, el Gobierno es el que tiene la última palabra, ya que las audiencias no son vinculantes.

La premisa que mantiene la Secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo es que las tarifas que reciben los usuarios reflejen el costo del suministro, algo que a pesar de que se realice de manera escalonada como en el caso del gas implicará fuertes subas que llegarán a los hogares a partir de marzo. En paralelo, la dependencia define un nuevo esquema de subsidios que comenzará a regir desde abril, en reemplazo de la vigente segmentación por ingresos, y para el cual también deberán realizar una consulta pública como paso previo a su aplicación.

Esta nueva modalidad incluirá la conformación de una canasta básica energética. “La canasta básica energética se va a conectar con los ingresos totales del grupo conviviente, no debería representar un x por ciento de ese conjunto que vive bajo un mismo techo. Si supera ese umbral, el Estado subsidiará a la gente que está en situaciones de vulnerabilidad. Habrá varias canastas diferentes, por zona, y en la Patagonia incluirá el subsidio de zona fría. Hay una reconfiguración de los subsidios, pero éste no se elimina”, había anticipado Chirillo durante su participación en el plenario de comisiones por la Ley Ómnibus.

Cómo parte del plan de ajuste fiscal que lleva adelante el Gobierno para alcanzar superávit fiscal en 2024, la intención es recortar subsidios este año por 0,7% del PBI provenientes de energía (0,5%) y transporte (0,2%), para eliminarlos escalonadamente en un plazo de tres años.

Las estimaciones que maneja el Palacio de Hacienda arrojaron que los subsidios a la energía representaron 1,5% del PBI en 2023, una baja respecto a los 2 puntos del 2022 y 2,3% del PBI en 2021. En 2019 el monto era equivalente a 1% del PBI en el final del gobierno de Mauricio Macri y en 2020 saltó a 1,8% del PBI, ya en la gestión del ex presidente Alberto Fernández.

A su vez, el ENRE convocó para el lunes 29 de enero a la audiencia pública “con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto a las propuestas de las concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica, TRANSENER S.A., TRANSBA S.A., TRANSPA S.A., TRANSCO S.A., TRANSNEA S.A., TRANSNOA S.A., DISTROCUYO S.A. y Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), tendientes a obtener una adecuación transitoria en la tarifa”. Si bien lo que se trate en las audiencias públicas no es vinculante, es el paso legal previo a los aumentos en las tarifas.

La consultora Economía y Energía realizó una proyección de incrementos en las tarifas de energía contemplando: que los N1 no tendrán subsidio, los N3 pagan el costo pleno de abastecimiento, los N2 pagarán el 20% de ese costo, una recomposición del valor agregado de distribución y el impacto de la última devaluación.

Para los consumidores Nivel 1, la factura promedio de electricidad pasará de $10.467 a $23.569, un aumento del 125%; para el Nivel 3 pasará de $5.518 a $23.569 (337%) y para el Nivel 2 pasará de $3.970 a $9.082 (129% de suba). Para el gas, en tanto, las facturas promedio pasarían de $4.558 a $13.867 para los N1 (204%); de $3.197 a $13.867 para los N2 (336%) y de $1.862 a $4.865 para los hogares N3, de ingresos más bajos (168 por ciento).