El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para revertir el Impuesto a las Ganancias: desde qué salarios se pagará

El Poder Ejecutivo envió al Congreso finalmente un proyecto definitivo de ingresos personales, que reemplazará al impuesto a las Ganancias. El lunes por la noche habían trascendido los primeros lineamientos pero la elaboración del texto final demoró algunas horas más.

De antemano, el tributo tendrá un nuevo nombre. El proyecto de ley denomina al nuevo esquema como Impuesto a los Ingresos Personales el que establecerá que será pagado por aquellos contribuyentes solteros que tengan ingresos brutos mensuales superiores a 1.250.000 pesos, según explicaron fuentes oficiales a Infobae. Además, en el caso de los trabajadores casados con dos hijos, no pagarán con salarios hasta $ 1.590.062, explicó el tributarista Sebastián Domínguez.

De ese modo, se estima que alrededor de 800 mil personas volverán a pagar el impuesto. Con la última suba del salario mínimo, en la actualidad sólo pagan Ganancias aquellos que perciben salarios brutos de más de $1.980.000.

La iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo contemplará un mínimo no imponible de $2.360.829 sobre los salarios de los trabajadores en relación de dependencia.

El proyecto dispone que el monto mencionado “se ajustarán por trimestre calendario, el 1° de enero, el 1° de abril, el 1° de julio y el 1° de octubre de cada año, a partir del 1° de abril del año fiscal 2024, inclusive, por el coeficiente que surja de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que suministre el Indec”.

Según explicó a Infobae el tributarista César Litvin, comenzarán a pagar el nuevo impuesto a los Ingresos Personales los trabajadores en relación de dependencia solteros que tengan un sueldo neto de $1.141.000 y casados con dos hijos con un salario neto de $1.507.887. Pero aclaró que pagarán en una proporción muy baja: un 5% de lo que exceda a ese monto.

“Este esquema deja atrás la técnica legislativa anterior, que consideraba el piso en lugar del mínimo no imponible y le aplicaba la alícuota más alta, lo que siempre generaba distorsiones. Ahora se empleó una mejor técnica legislativa para aplicar la plena progresividad”, afirmó Litvin.

De esa forma, cuando el asalariado alcanza el mínimo no imponible “se aplican las escalas más bajas, dándole la progresividad propia del impuesto”.

La alícuota más alta, del 35%, se aplicará únicamente a quienes tengan una ganancia neta en dólares de USD 17.102 anuales al cambio oficial o de USD 11.185 al contado con liqui, ejemplificó Litvin.

Litvin también destacó otras disposiciones del proyecto que, a su juicio, harán que se pague menos o que se lo haga en forma progresiva. Hay otras deducciones como que el sueldo anual complementario, el aguinaldo, estará exento para quienes tengan una remuneración bruta menor a $1.250.000. También estarán exentos los bonos por productividad, los “fallos de caja” o conceptos similares para aquellos que tengan salarios brutos de $2.500.000.

Como aspecto negativo del proyecto, Litvin señaló que los autónomos “quedaron relegados” y que su situación no se equiparó con los empleados en relación de dependencia.

En cuanto a los monotributistas, el proyecto establece escalas con actualización de montos de facturación mensual. “No se va a poder facturar al mismo sujeto más de 6 operaciones en el año calendario o si se lo hace tendrá que ser por un monto de operación inferior a los $105.000″, apuntó Litvin.

Domínguez indicó que “el salario bruto para los trabajadores solteros hasta $ 1.250.000 no paga; si pasa un peso, hay que empezar con los descuentos; para el casado con dos hijos con salario bruto de $ 1.590.062 no paga”.

“El proyecto tiene un aspecto positivo, porque vuelve a la esencia del impuesto a las ganancias. Se termina con el tema de fijar un piso y que los que están hasta ese piso no paguen, y los que lo superan hasta las bandas de la deducción especial incrementada tengan una morigeración del impuesto. Hasta ahora, quienes están por arriba rápidamente llegaban a pagar una alícuota del 35% muy rápido; es decir, no se pagaba nada y después muy rápido se pagaba parte de su sueldo que había agravado el 35%. Eso se elimina y además se vuelve a la esencia que es deducir la ganancia no imponible, la deducción especial, las cargas de familia para todos los contribuyentes igual, sin importar el sueldo. Y esto también se aplica para autónomos”, explicó el experto.

“La reforma tiene cosas positivas, pero no es suficiente. Deberían aplicarse deducciones más altas y tramos de escalas más amplios, para que la persona que pague, lo haga a partir de un sueldo más alto, porque la realidad es que hoy todo el mundo tiene muchos gastos para poder vivir, para mantener su calidad de vida mínima. Y, cuando empiece a pagar, deberían existir tramos de escalas más amplios, para que paguen menos del impuesto que están pagando con este esquema actual”, opinó.

En cuanto a la vigencia, afirmó que “el impuesto es anual y entonces una reforma que se hace durante el periodo rige desde el 1º de enero del periodo, no del año para las personas humanas. Pero la ley podría decir que esta reforma rige, por ejemplo, a partir del 1º de marzo, y entonces los primeros dos meses se aplica el impuesto cedular a los altos ingresos, que no me parece adecuado; si bien es legal porque el ejercicio es anual, no es razonable”.

Equilibrio fiscal

El plan del ministro de Economía, Luis Caputo, de restituir el tributo, forma parte de las medidas a aplicar en la búsqueda del equilibrio fiscal. Esto le permitirá al Gobierno aumentar la recaudación, ya que la reforma aplicada implicaba una pérdida de $1 billón para las arcas del Estado Nacional y otro tanto para las provincias, puesto que es un impuesto coparticipable.

En el Poder Ejecutivo ya dejaron saber que hay motivos más políticos que económicos o fiscales para esa decisión, es decir, el ida y vuelta con los gobernadores, que en su momento apoyaron la eliminación de la cuarta categoría. Los mandatarios provinciales necesitan reforzar sus ingresos de coparticipación ante el anunciado recorte de transferencias corrientes y de capital que anticipó Caputo, y que amenaza con poner presión a las cuentas públicas de los gobernadores.