El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una reunión con las principales cámaras empresariales del campo, la industria y los servicios, en los que buscará analizar los alcances de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el DNU 70/2023.
Fueron invitados a la reunión las autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Confederación Rural Argentina (CRA), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA).
El encuentro tendrá lugar el jueves 25 de enero a las 15 en el Salón de las Ciencias de Casa Rosada. Además de Caputo, participará de la reunión el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini.
Por estas horas, el Gobierno discute en el Congreso contrarreloj el articulado de la Ley Ómnibus, cuyo texto original quedó casi en el olvido. La versión definitiva de su articulado, que el Poder Ejecutivo habilitó tras el ida y vuelta con los bloques opositores negociadores modificó parte del capítulo impositivo incluido en la iniciativa, principalmente en el blanqueo de capitales y en la reforma del impuesto a los Bienes Personales. Habrá, en el nuevo articulado del megaproyecto, un “premio” a contribuyentes cumplidores desde 2020 hasta la fecha, por un lado, y por otro la recaudación que resulte de la exteriorización de activos se utilizará para “recapitalizar” al Banco Central.
Para el empresariado que conversará con Caputo hay una cuestión tributaria central que deberá analizarse en la reunión: las retenciones para las economías regionales
El proyecto incluye tres aspectos tributarios centrales: una amplia moratoria de deudas impositivas ante AFIP, el blanqueo de capitales, y un cambio de raíz al esquema de Bienes Personales, el impuesto que grava los patrimonios. Estos dos últimos experimentaron cambios como resultado de la negociación con la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal, los tres bloques que se involucraron con el oficialismo en el tratamiento de un versión distinta de la ley que prepare el terreno para un dictamen en comisiones y que pueda ser tratado esta semana en el recinto.
Junto con esas cuestiones impositivas, para el empresariado que conversará con Caputo hay otra cuestión tributaria que deberá analizarse en la reunión: las retenciones para las economías regionales. Tras un pedido rotundo por parte de las provincias para que se eliminen, la nueva versión del proyecto deja en 0% el tributo y no en 8% o 15%, tal como proponía inicialmente. Sin embargo, no se modifica nada en el caso de las exportaciones de carne, maíz y soja, algo que venía reclamando varios gobernadores como por ejemplo, Maximiliano Pullaro de Santa Fe.
Otro aspecto central que se modifica en el nuevo proyecto es el del ajuste de las jubilaciones. Mientras en el original delegaba en el Ejecutivo hacerlo vía DNU, ahora queda establecido que hasta abril se mantendrá la fórmula previsional actual y a partir de ese mes ajustará por IPC, algo que el bloque de la UCR venía reclamando. Además, se eliminan las jubilaciones de privilegio de los Presidentes y Vicepresidentes.
En la nueva versión del proyecto de ley se eliminaron 141 artículos que aparecían en la versión original. De ese modo, la norma pasa de 664 iniciales a 523 en esta última etapa. Algunos de estos artículos que desaparecen tienen ver por ejemplo con el 664, que establecía refrendar en la ley el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregularización de la economía. No se hace referencia alguna en el nuevo texto de la norma.