Ley ómnibus: la negociación con la oposición podría hacer perder al Gobierno parte del plan de ajuste fiscal

El toma y daca que el oficialismo y la oposición apuran en la Cámara de Diputados para darle forma al tratamiento que tendrá la ley ómnibus esta semana podría reconfigurar la hoja de ruta fiscal que el ministro de Economía Luis Caputo planificó para estos primeros meses de gobierno de Javier Milei.

Los distintos capítulos del mega proyecto que tienen incidencia fiscal podrían experimentar, como resultado de la negociación aún en marcha, un reformateo que fuerce a “hacer los números” de nuevo y a repartir de otra forma el peso del ajuste en otras áreas del gasto público.

Hay dos elementos que asoman como los más discutidos en términos fiscales entre La Libertad Avanza y los bloques opositores que buscan acompañar al menos una parte de la ley ómnibus para que el Poder Ejecutivo tenga margen de maniobra económica en su primer año de mandato. Se trata del capítulo de derechos de exportación, en el que el Gobierno determinó una suba generalizada de retenciones que despertó rechazo en distintos sectores y, por otro, un ítem sensible del gasto como son las jubilaciones.

El “Excel” de Caputo indica, si no mediaran cambios como los que se discuten en los despachos del Congreso, que una parte relevante del equilibrio financiero al que apunta este año se basa en esos dos factores y representa cerca de un punto porcentual del PBI, unos 1,7 billones (millones de millones) de pesos. Modificaciones en esos dos aspectos harían que el gobierno necesite profundizar las podas presupuestarias en otros renglones del gasto, un escenario que ya expuso Infobae. Ahí aparecerían subsidios (cuya antipática contrapartida sería un aumento más rápido de las tarifas de electricidad, gas y transporte), obra pública y transferencias a provincias como fichas de compensación.

Con todo, las jubilaciones y pensiones tienen según la hoja de ruta que se planteó el equipo económico un peso de 0,4% entre los 5,2 puntos del Producto que conforma el ajuste fiscal total. La ley ómnibus prevé la suspensión de la fórmula de actualización automática actual para dar paso a incrementos discrecionales del Poder Ejecutivo hasta tanto el Congreso sancione un esquema nuevo, algo que no está contemplado en el megaproyecto. Este tramo de la iniciativa de Milei fue objetada por la oposición.

Este domingo, el senador nacional y presidente de la UCR Martín Lousteau afirmó en diálogo con Infobae el proyecto deberá “garantizar que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. De hecho los jubilados deberían recuperar poder adquisitivo. Y aseguró que para eso sería necesario “una fórmula que puede ajustarse por IPC o por el mismo índice que los UVA”.

“Y si uno pretende que recuperen poder adquisitivo, hay que agregarle un condimento adicional. Pero lo que no se puede permitir es la discrecionalidad”, completó.

El Gobierno sostuvo en enero el esquema de bonos a discreción de Anses, que era la manera en que durante los últimos años el Ejecutivo en manos de Alberto Fernández se aseguró que el resultado de la movilidad trimestral -que perdió sistemáticamente en el contexto de aceleración inflacionaria- no quede tan rezagada en la carrera contra los precios, pero solo para las jubilaciones más bajas. En enero Anses pagó los mismos 55 mil pesos que había abonado en diciembre y se prevé que en febrero sea, a priori, una suma similar. Ya en marzo debería impactar el nuevo tramo de la fórmula vigente, salvo que sea derogada en el Congreso.

El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem anticipó este domingo que el tema jubilatorio forma parte de las negociaciones y que hay distintas opciones sobre la mesa. “Hay diferentes propuestas, nosotros estamos analizando cuál es la que mejor puede encajar para que no perjudique más a los trabajadores”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) realizado a pedido del plenario de comisiones que en las últimas dos semanas analizó el megaproyecto de ley estimó, en base a distintos escenarios, cómo impactaría en el gasto jubilatorio un cambio en el esquema de pago de los haberes, distinto al que existe hoy. La OPC trazó cuatro escenarios hipotéticos: que se mantenga congelado el gasto jubilatorio, aumentos por inflación solo a los haberes más bajos, incrementos según crecimiento de los ingresos de Anses, y aumentos por inflación para todas las jubilaciones.

El segundo escenario y el cuarto podrían ser los más cercanos a lo que resulte del ida y vuelta entre el oficialismo y la oposición, que pulsea por un compromiso del Ejecutivo para no dar lugar a que las jubilaciones queden por detrás de los precios. El segundo escenario planteado por la OPC implicaría, según sus estimaciones, “recalcular cada mes el haber mínimo garantizado para que esté ajustado a la inflación y consecuentemente otorgar aumentos sólo a aquellos que se encuentran percibiendo un haber inferior al nuevo mínimo garantizado”, sin otorgamiento de bonos.

“Este escenario implicaría el achatamiento de la distribución de los haberes previsionales ya que sólo recibirían incrementos quienes se encuentran en la situación más desfavorable (haberes por debajo del nuevo mínimo garantizado mensual ajustado por inflación) en el primer mes, sumándose en el mes siguiente aquellos que, al no haber recibido un aumento el mes anterior, se encuentran ahora percibiendo haberes por debajo del haber mínimo ajustado, y así sucesivamente”, explicó la oficina que dirige el economista Gabriel Esterelles.

“El otorgamiento hipotético de aumentos mensuales en línea con los precios sólo a aquellos que perciben los haberes previsionales más bajos y/o asignaciones familiares implicaría una reducción de 1 punto porcentual en términos del PBI (pasaría de 6% a 5%) de las prestaciones de la Seguridad Social y una reducción de 0,5 puntos porcentuales de las transferencias corrientes (ya que no se entregarían bonos). Estas variaciones teóricas, de mantenerse las restantes variables constantes, redundarían en un superávit de Anses de 1,2% del PBI”, midieron.

Esa posibilidad implicaría en definitiva un gasto menor para el Tesoro. Habría, de todas formas, un achatamiento en la pirámide previsional y una pérdida del poder de compra de los haberes. “Quienes recibían el haber mínimo en el primer mes no tendrían pérdida de poder adquisitivo, mientras quienes recibían valores equivalentes a 3 o más haberes mínimos el primer mes tendrían una pérdida de poder adquisitivo del orden del 69,9 por ciento. Los restantes beneficiarios presentarían una pérdida de poder adquisitivo entre 0 y 69,9% a lo largo del año”, estimó la OPC.

El cuarto escenario, con incrementos por inflación para todas las jubilaciones, tendría un impacto fiscal mayor. “Las prestaciones de la Seguridad Social deberían crecer en 1 punto porcentual en términos del PBI, aunque el no otorgamiento de bonos reduciría las transferencias corrientes en 0,5 puntos porcentuales, por lo que en términos netos el déficit actual de 0,3% se incrementaría hasta alcanzar el 0,8% del PBI”, calculó la OPC. “Si bien ello implicaría un mayor gasto para la Administración Pública Nacional, ningún beneficiario del sistema previsional nacional perdería poder adquisitivo, independientemente de su nivel de ingresos”, concluyeron.

Respecto a las retenciones, el reclamo opositor consta en una ampliación del listado de economías regionales a exceptuar de los derechos de exportación. El megaproyecto de ley incluye un reajuste general hasta 15% para todos los productos exportables, aunque tiene cuatro factores distintivos para este tema: que los subproductos de la soja (aceite o harinas) pasen de tributar el 31% al 33% igual que el poroto; que un grupo de economías regionales no pague nada (olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana); sostener las alícuotas de minería e hidrocarburos; y 8% para el complejo vitivinícola y limón.

Los cálculos oficiales marcan que el incremento de derechos de exportación aportarían otro 0,5% del PBI en el plan general de ajuste fiscal. Una estimación también realizada por la OPC en la misma solicitud hecha por los diputados durante el debate en comisiones ubicó esa cifra en 0,42% del Producto. “Algunas de las secciones que más podría aportar al aumento de la recaudación ya se encuentran entre las que más derechos pagan”, nota el estudio. Entre ellas, cereales, grasas y aceites animales y vegetales y subproductos de soja. Un sector que exporta, que hoy tiene poco peso en el total aportado de retenciones y que incrementarían su participación es la industria automotriz, que pasaría de pagar entre 0 y 4,5% de alícuota a 15 por ciento.

Hay otros tres elementos tributarios que tienen una relevancia central en el plan de equilibrio fiscal para este año según la hoja de ruta de Caputo. Dos de ellos están en manos del Congreso: la reversión a la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias (implica un 0,4% del PBI) y el paquete que incluye el anticipo del pago de Bienes Personales hasta 2027, el blanqueo de activos y la moratoria impositiva (otro 0,5% del PBI). El único que pudo ser activado por el Ejecutivo fue la suba del impuesto PAIS hasta 17,5% de alícuota para todas las importaciones. Con esa medida, el Gobierno se aseguró ingresos extra por 0,8% del PBI.