El ajuste fiscal para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas tendrá que ser este año más duro que lo previsto. El 2023 terminó con un déficit financiero, que incluye los intereses de deuda, equivalente a 6,1% del PBI, casi un punto más de lo que había estimado en un principio el equipo económico, que trabajaba con una proyección de 5,2% del Producto de rojo fiscal total.
Así lo informó este lunes la Secretaría de Hacienda, que dio a conocer los números finales fiscales del sector público nacional. En ese informe, la oficina que encabeza Carlos Guberman mencionó que el déficit primario, el que excluye el pago de deuda, finalizó en 2,9% del PBI. Es una cifra en línea con algunas proyecciones privadas y 1 punto porcentual por encima de lo que preveía, como meta, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
En diciembre, el primer mes de gestión del gobierno libertario, el gasto cayó en términos reales un 6,2%, indicaron desde el Ministerio de Economía. “Esta dinámica fue consecuencia de una ejecución prudente de las erogaciones discrecionales desde la asunción de la nueva administración, a lo que se sumó una fuerte contracción real en las prestaciones sociales, explicada en gran medida por el rezago de la fórmula de movilidad”, consideraron desde el Palacio de Hacienda.
El 2023 terminó con un déficit financiero, que incluye los intereses de deuda, equivalente a 6,1% del PBI, casi un punto más de lo que había estimado en un principio el equipo económico
Para el 2023, mirado de manera completa, el déficit primario fue de 5,4 billones de pesos (2,9% del PBI), en una cuenta que excluyó los ingresos fiscales por la licitación del 5G en 2023, que había aportado de manera extraordinario algo menos de $320.000 millones. El déficit financiero, con los intereses de deuda agregados en la cuenta, ascendió hacia fin de año a 11,6 billones de pesos, lo que representa un 6,1% del PBI. Ese será, entonces, el tamaño del ajuste fiscal que deberá realizar el gobierno de Javier Milei en su primer año de mandato para conseguir el equilibrio en las cuentas públicas.
“El Ministerio de Economía refuerza su compromiso de alcanzar el equilibrio fiscal financiero en 2024, como punto central de un programa económico orientado a estabilizar la macroeconomía y generar las condiciones para un crecimiento sostenido del empleo”, cerró Economía su comunicado de este lunes. La hoja de ruta planteada por Caputo había estimado, para el 2024, un camino de reducción de 3% del Producto de déficit primario y otros 2,2% de intereses de deuda. Finalmente la proporción terminó por ser, respectivamente, de 2,9% y 3,2 por ciento.
En el último mes del año, el primero de mandato de Milei, la diferencia entre los ingresos y los gastos fue de más de 40 puntos porcentuales. Es decir, la licuación de las erogaciones por la aceleración inflacionaria que siguió a la devaluación no alcanzó a ser compensada por los ingresos fiscales, que crecieron a ritmo de 150% anual, en un contexto de inflación en torno de 211 por ciento y lo que implicó, entonces, un desplome. El gasto primario avanzó a ritmo de 192 por ciento.
Las prestaciones sociales (el que tiene más peso en el total) lo hicieron a 140%, pero otros importantes como el gasto de funcionamiento (pago de salarios y aguinaldos) lo hizo en 217 por ciento anual, por encima de la inflación. En un renglón de las erogaciones en el que sí hubo un marcado ajuste fue en el gasto de capital, que solo creció un 86%, casi 140 puntos por detrás de la nominalidad del último año. En definitiva, el déficit creció 351% nominal entre los $441.000 millones de diciembre de 2022 y los 1,3 billones del mes pasado. Un salto mucho mayor hubo en el pago de intereses de deuda: desde $243.000 millones hasta 3,4 billones (1.270% más).
En diciembre la diferencia entre los ingresos y los gastos fue de más de 40 puntos porcentuales. La licuación de las erogaciones por inflación no alcanzó a ser compensada por los ingresos fiscales
Los grandes números de la hoja de ruta de Caputo muestran que casi el 60% del ajuste fiscal que buscará para 2024 está explicado en una poda presupuestaria para algunos sectores como las transferencias discrecionales a provincias, la obra pública -estos dos son señalados como las erogaciones que con mayor rapidez sufrirán un guadañazo- junto a subsidios, jubilaciones, programas sociales y otros gastos de funcionamiento del Estado.
Otro casi 40% se sostiene por subas de impuestos, principalmente la del impuesto PAIS para las importaciones, un incremento generalizado de derechos de exportación, el aporte de la moratoria, el blanqueo y el pago anticipado de Bienes Personales, estos últimos tres como parte del megaproyecto de ley que se discutirá esta semana en Diputados.