El Gobierno puso como objetivo para 2024 conseguir un superávit primario de 2% del PBI en base al ajuste del gasto y al incremento en la recaudación. El proyecto de Ley Ómnibus tiene incluido dos puntos importantes en ese sentido, aunque no determinantes para el horizonte que persigue el ministro de Economía, Luis Caputo, y que planteó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los economistas consultados por Infobae destacaron que el sendero fiscal que propone La Libertad Avanza es viable, aunque existe el riesgo de no alcanzar el superávit primario deseado por el efecto de la recesión esperada sobre la recaudación tributaria. Además, sostuvieron que los límites del ajuste serán el plano político y la situación social.
El presidente de Romano Group, Alfredo Romano, dijo: “Creo que si se aprueba o no la Ley Ómnibus no va a ser determinante en la búsqueda del equilibrio fiscal que se plantea el Gobierno para este año. Es una convicción que tienen muy grande porque, además es absolutamente necesaria ya que en materia monetaria decidieron ir por un camino más gradualista donde la inflación pasó a ser un tema central y deberán evitar cualquier tipo de disrupción”.
“Nosotros no creemos que lleguen a un superávit primario de 2% del PBI como planteó Caputo con el FMI, pero sí se puede llegar al equilibrio en un escenario optimista. Esperamos una caída de la recaudación por una actividad económica que va a estar bastante golpeada, por más de que los ingresos por exportaciones vayan a dar una mano. Lo importante es que hay una hoja de ruta de shock en materia fiscal y el mercado va a testear cómo se desarrolla, más allá de si sale o no la ley ómnibus o si queda vigente el DNU”, proyectó el economista.
Lo importante es que hay una hoja de ruta de shock en materia fiscal y el mercado va a testear cómo se desarrolla, más allá de si sale o no la ley ómnibus o si queda vigente el DNU (Romano)
Para el director de Analytica, Claudio Caprarulo, el ajuste que propone La Libertad Avanza es viable, aunque puntualizó que la duda es cuán sustentable es políticamente. “El tema como siempre es que el límite suele ser político porque el gasto público no deja de ser una elección de ganadores y perdedores. Creo que el capítulo de las jubilaciones en la ley ómnibus es central, pero también lo que vaya a suceder con las tarifas de servicios públicos, la obra pública, las transferencias a provincias”, mencionó.
“La pregunta que considero fundamental es qué tan sostenible política y socialmente va a ser el ajuste que quiere llevar adelante el Gobierno. Hay que tener en cuenta que en 2024 vamos a tener una aceleración de la inflación, sumado a una fuerte caída de la actividad económica en un contexto de caída de los ingresos y suba de la pobreza”, advirtió Caprarulo.
Por su parte, desde la consultora Equilibra comentaron: “Es difícil que el Gobierno alcance un superávit primario de 2% del PBI en 2024 por pérdida de ingresos, menor ajuste del gasto social (mayor recesión y deterioro socioeconómico de lo esperado) y dificultad en el Congreso para aprobar todas las iniciativas que suben (bajan) impuestos (gastos). Estimamos que este año se alcance un superávit primario (0,5% del PBI) que ayudará a cumplir la meta de no asistencia del BCRA al Tesoro”.
La mayor parte del paquete de reformas no hacen a la estabilización macro ni a la baja rápida de la tasa de inflación (LCG)
En tanto, LCG afirmó que el proyecto de la Ley Ómnibus y el DNU dan la señal del rumbo que tomará la gestión del Gobierno: “una economía más desregulada y con menos trabas burocráticas, que se sumarán a la pretensión de un rápido equilibrio fiscal. La mayor parte del paquete de reformas no hacen a la estabilización macro ni a la baja rápida de la tasa de inflación porque, en esencia, tocan muy pocas cosas de la estructura del sector público. Excepto las propuestas de derogar la movilidad jubilatoria y de subir retenciones, no hay casi modificaciones al flujo de ingresos y egresos corrientes del Estado”.
“Algunas de las cosas planteadas, aunque muy pocas, ayudan a encuadrar el marco fiscal; todavía hay mucha tela para cortar para reducir privilegios en el sector público, atendiendo así las demandas ‘anti-casta’ y, en la suma, con impacto en ahorro fiscal”, concluye un informe de la consultora difundido el viernes.