Reforma laboral: entre el apoyo empresarial, el rechazo sindical y la necesidad de cambios como diagnóstico común

La reforma laboral del mega DNU 70 firmado por el presidente Javier Milei y todo su Gabinete de ministros recibió el apoyo de varias cámaras empresariales, mientras que el rechazo de los gremios fue total.

De hecho, las modificaciones fueron suspendidas temporalmente tras las medidas cautelares dictadas por la Cámara de Apelaciones del Trabajo a pedido de la CGT y la CTA. Las críticas abundan en distintos sectores. La pregunta es si hay propuestas superadoras para mejorar la situación de los trabajadores.

La nueva gestión lanza este paquete de medidas en un contexto en que la informalidad laboral alcanza al 41% de los trabajadores (según estimaciones de la consultora Invecq), el desempleo bajó al 5,7% en el tercer trimestre de 2023 (último dato disponible del Indec) y el salario real lleva 6 años consecutivos en caída libre.

En detalle, según la consultora Ecolatina, si se compara el promedio de enero a octubre de 2023 con los datos de 2017, que fue el último año de mejora del salario real, la baja promedió 23%. Particularmente, los ingresos de los trabajadores no registrados se desplomaron 43%, mientras que los del sector privado registrado y público lo hicieron en un 18%.

Esto se combina con una creciente precarización laboral y generación de empleos de baja calidad.

Tanto el Gobierno como los gremios coinciden en líneas generales con el diagnóstico. Ahora bien, se habló mucho en las últimas semanas del proyecto del gobierno pero poco de alternativas y respuestas a las demandas y dificultades que atraviesa el mercado de trabajo.

Las principales objeciones que recibió la reforma laboral del presidente Milei por parte de los sindicalistas se relacionan con el “cercenamiento de los derechos laborales” y la consecuente desprotección de los trabajadores ante, por ejemplo, despidos arbitrarios.

En contraposición, entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) creen que los cambios modernizan la legislación laboral, adaptándose a las nuevas realidades de empleo, terminan con la “industria del juicio” y fomentarán la creación de puestos netos de trabajo.

En este marco, Sergio Sasia, secretario general de la Unión Ferroviaria y de la Confederación Argentina de trabajadores del Transporte (CATT), mencionó la necesidad de una mesa de diálogo tripartito entre el Estado, el sector empresarial y los representantes sindicales, cosa que no sucedió previo a la publicación del mega DNU. Maia Volcovinsky, Secretaria General Adjunta Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, ratificó la ausencia de diálogo con el gobierno.

Si bien Sasia aseguró que se habían reunido con el secretario de Trabajo Omar Yasín y que ambos coincidieron en la emergencia de convertir los planes sociales en empleo formal y de acompañar y darle soporte a las pymes para avanzar en un proceso de registración de los trabajadores informales, luego el decreto no incluyó ninguna medida en esa línea.

Al respecto, el dirigente gremial destacó el programa Emplea Pyme, un proyecto presentado por el ex ministro de Economía Sergio Massa y que tiene media sanción en el Congreso. La iniciativa consiste en la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales para las nuevas relaciones laborales, y el mismo beneficio para el primer empleo de jóvenes de entre 18 y 25 años por un período de 24 meses. En el caso de que los nuevos trabajadores cobren planes sociales, el plan prevé que durante 12 meses puedan mantenerlos como complemento del salario. Además, el trabajador podrá acceder a tener obra social y seguro de accidentes (ART), a la vez que deberá capacitarse y completar cursos de formación.

También, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias. Si las pyme rectifican la real remuneración y la fecha de inicio de la relación laboral, contarán con cuatro beneficios: quedan liberadas de sanciones penales, pueden subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (Repsal); se les condonan las deudas por capital, intereses y multas por los trabajadores regularizados y estos no pierde aportes, ya que el Estado computará los aportes no ingresados por hasta 70 meses.

Sin embargo, Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista e investigador del área de trabajo e ingresos de Fundar, cree que para combatir la informalidad se deberían generar desincentivos contra el fraude laboral más que incentivos para la registración. “No puede haber un premio cada vez que se pasa un semáforo en verde. El no registro baja cuando se combina la expansión de la actividad, el crédito, se promueven sectores que crean empleo de calidad y se castiga el fraude laboral”, dijo el especialista.

En la misma línea, Daniel Jorajuría, secretario administrativo de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA), afirmó que la inspección e instituciones del trabajo son prácticamente inexistentes y que es necesario que se fortalezcan para combatir el empleo precario e informal.

En tanto, para resolver la crisis de ingresos y de calidad de la ocupación, Ottaviano dijo que Argentina podría encarar políticas alternativas de modernización tales como la coordinación salarial en la política de ingresos, un sistema federal de formación profesional continua, la protección laboral en los entornos digitales, la simplificación de la contratación laboral, contribuciones patronales progresivas, la unificación de las sanciones al empleo no registrado para dar previsibilidad y el aprovechamiento de la tecnología para aumentar la productividad e incrementar los salarios.

Otro de los proyectos que circulan por el Congreso es la reducción de la jornada laboral de 48 a 36 horas semanales. Según uno de sus impulsores, Hugo Yasky, diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de la CTA, la iniciativa ayudaría a reducir los accidentes de trabajo, disminuir la conflictividad laboral y bajar los niveles de estrés y de enfermedades asociadas al trabajo. Así, los eventuales costos empresariales serían menores. También, considera que en muchos casos la productividad se incrementa porque los trabajadores no sufrirían tanto cansancio y por lo tanto, la tarea sería más eficiente.

Desde una perspectiva más amplia, Jorajuría cree que las mejoras en el empleo deben ir acompañadas de un modelo económico productivo de desarrollo industrial y no con un modelo meramente extractivista como el que tenemos actualmente. Además, sostuvo que “tenemos que aprovechar en estas instancias, en un mundo en guerra, las ventajas comparativas que tiene nuestra economía en energía, en hidrocarburos, en gas, en alimentos y en minería, lo cual nos puede dar una soberanía monetaria, otra arquitectura financiera y crediticia para el desarrollo”.

Una de las cuestiones que hace tiempo vienen reclamando los empresarios son los altos costos laborales. En números, de acuerdo al tributarista Sebastián Dominguez, lo que abonan los empleadores por cada trabajador se compone de los aportes del Régimen Nacional de la Seguridad Social que alcanzan el 20,40% del salario bruto en el caso de los sectores de servicios y comercio y el 18% en el resto de las actividades, 6% en concepto de obra social, entre 0,5% y 5% de ART y $78,36 de seguro de vida.

Sin embargo, el especialista dijo que el DNU no disminuye esas contribuciones sino que dispone que se coloquen en el recibo para que el empleado sepa cuánto se paga por él.

Lo que sí reduce en la práctica la reforma del gobierno son la indemnizaciones y las multas por registro deficiente de la actividad laboral.

Daniel Jorajuría considera que “es mentira que el costo laboral es un problema para la generación de empleo”. En este sentido, entre agosto de 2020 y agosto de 2023 el empleo registrado privado creció de forma ininterrumpida, según datos oficiales.

Por otra parte, Ottaviano considera que la reducción de costos laborales no resuelve definitivamente el problema de la informalidad. “Un ejemplo muy claro de esto es el empleo en casas particulares, que es una ocupación con altos niveles de informalidad y la que menores costos de contratación posee en la Argentina”, explicó.

En cuanto a los impuestos que exceden a la contratación, Volcovinsky aseguró que “hace tiempo entre empresarios y trabajadores estamos de acuerdo en que los derechos laborales no son el problema, sino la presión fiscal”.

“Los pequeños emprendimientos, las pyme, que son las que más trabajo generan; tienen que tener abogado y contador porque no hay manera de comprender la cantidad de impuestos que hay que pagar. Muchas veces se incurre en faltas por desconocimiento. Esto requiere que sea necesario una modificación integral del régimen tributario para que sea simple y accesible”, sostuvo Volcovinsky.