“Extremar las medidas”: en qué sectores el Gobierno podría acelerar el ajuste si sufriera recortes fiscales la Ley Ómnibus

Con la Ley Ómnibus en zona de deficiones en la discusión política, algunos números críticos que sostienen el plan de ajuste del gobierno de Javier Milei y que dependen de la aprobación de esa iniciativa en el Congreso podrían necesitar, por parte del equipo económico, un plan B. Eso sucede porque una parte relevante del plan fiscal está explicado en subas de impuestos que requieren luz verde parlamentaria, aunque el Ministerio de Economía se reservó márgenes mayores para aplicar recortes presupuestarios en caso de que la instancia legislativa no prospere.

En términos generales, casi el 60% del ajuste fiscal hacia el déficit cero que busca el Palacio de Hacienda para este año se sustenta en recortes para renglones del gasto como las transferencias discrecionales a provincias, la obra pública y también otros como subsidios, jubilaciones, programas sociales y otros gastos de funcionamiento del Estado.

Otro casi 40% está explicado por aumento de impuestos. Los casos más marcados son los del PAIS para las importaciones (cuya alícuota para todas las compras al exterior pasó de 7,5% a 17,5%, lo que implica un ingrediente inflacionario adicional) y un incremento generalizado de derechos de exportación, algo que asoma como uno de los temas más ríspidos en el Congreso.

También aparecen el aporte de la moratoria, el blanqueo y el pago anticipado de Bienes Personales.

Una manera alternativa que miran los estudios privados es discriminar qué parte del ajuste el Ejecutivo puede hacerlo de manera directa y qué parte necesita de una ley sancionada por el Congreso. El 80% de ese ajuste, es decir 4,1% del PBI, puede ser activado solo con la decisión del Poder Central. En ese listado de medidas se ubican la suba del impuesto PAIS, y los menores gastos en jubilaciones y pensiones (0,4% del PBI), Transferencias a provincias (0,5%), subsidios económicos (0,7%), gasto en obra pública (0,7%), programas sociales como Potenciar Trabajo (0,4%), gastos de funcionamiento como salarios públicos (0,5% del PBI).

En ese contexto, el Gobierno puso especial énfasis en que el naufragio fiscal del mega proyecto de ley implicará una sobreactuación del ajuste en otras áreas. “Si la ley no pasara plenamente sería una muy mala noticia no solo para mí sino para todos los argentinos. Eso no implica que volveríamos a la meta de déficit 0,9% del PBI que tenía la administración anterior”, dijo el ministo Luis Caputo al presentar los lineamientos del acuerdo nuevo con el FMI.

Y anticipó Caputo que si no hubiese aprobación de la norma, para cumplir con el ajuste fiscal debería tomar otras medidas más drásticas: “Si la ley no pasará extremaríamos los recursos para cumplirlo”, adelantó.

“Es extremadamente importante que esta ley pase justamente para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible. A medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras, entonces, evidentemente, los argentinos van a sufrir más”, completó Caputo. Con las horas, el FMI adoptó una lectura similar de la situación y también pidió apoyo político para las medidas.

Algunos números muestran dónde tendría margen de “acción” adicional a la hora de recortar partidas si no consiguiese aprobar en el Congreso el reajuste tributario.

Según estimaciones del Ministerio de Economía, los subsidios económicos tendrían, según el plan original, una caída de 0,7% del PBI este año. El 2023 terminó, estiman, con subvenciones equivalentes a 1,5% del PBI para el caso de la energía y de 0,5% para el transporte. Así, el ajuste llevaría esa cuenta a 1,3% del PBI. Existe ahí, aseguran, espacio para profundizar la poda si hubiese que acudir a un plan B. Esto implicaría, desde ya, un desarme más rápido de lo previsto del esquema de subsidios a las tarifas de servicios públicos y del transporte público.

Las partidas de transferencias a provincias es otro caso en este sentido. El plan de ajuste inicial no espera llevarlas de inmediato a cero, sino que deberían terminar el año en torno de 0,5% del PBI, una caída desde 0,8 del PBI.

Alguna estimación privada como la que hizo Iaraf tiene cifras más elevadas. “Finalizado el 2023, el monto de recursos en discusión es de 1% del PBI. Es decir el 20% del total del ajuste de 5% del PBI. La discusión política pone a estos recursos dentro de la negociación. En este contexto, Nación debe evaluar el costo-beneficio de resignar recorte de transferencias no automáticas (TNA) en pos de cambios legales relevantes”, planteó Nadin Argañaraz.

“Buenos Aires se quedó en 2023 con 43,8% del total de TNA, CABA 7,9%, Santa Fe con 4,4%, Chaco 3,7%, Córdoba 3,3%, La Rioja 3,8%. Cada provincia aspira a mantener el valor real de las transferencias de 2023 durante 2024. Dada la caída que tendrá la actividad económica en 2024, una caída real de las transferencias no automáticas permitiría inclusive mantener la importancia relativa dentro del PBI”, detalló el economista cordobés.

La obra pública también podría ser una prenda de cambio para acelerar el ajuste si el Gobierno no consigue subir las retenciones, reponer Ganancias y pasar el blanqueo y el cambio en Bienes Personales que están incluidos en la Ley Ómnibus.

Si bien la medida sobre los proyectos en manos del Ministerio de Infraestructura fue drástica (no se continuarán una buena cantidad de obras que estaban licitadas pero no iniciadas y solo algunas de las que estaban en ejecución, o las que tienen financiamiento de créditos del exterior) ese gasto tampoco se eliminaría por completo en la hoja de ruta original. Pasaría de 1,7% del PBI a 0,7% del PBI.

De esa manera, entre obras públicas, subsidios y transferencias a provincias, el margen teórico de sobreajuste por encima de lo previsto en el plan preliminar a cerca de 2,5% del Producto.

La consultora LCG hizo un informe de lectura más bien política sobre la situación en el Congreso y se preguntó si la clausura a una negociación con la oposición es, a ojos del mercado, la estrategia ideal para el oficialismo. “Sería mucho más eficiente y una mejor señal para los mercados que el oficialismo negociara, antes de la entrada al recinto, un núcleo de coincidencias que pueda ser aprobado con mayor celeridad en las dos cámaras. Pero no está claro que el Presidente lo vea así”, planteó.

“Adicionalmente quedará ver cuál será la reacción del oficialismo si la ley se aprueba con numerosos cambios que trastocan su espíritu original, pero todavía incluye delegaciones del Congreso. ¿El Gobierno las usará para insistir en sus planteos y llevarlos adelante unilateralmente? ¿Cuán conflictiva podrá ser esta dinámica?”, se preguntó LCG.

Por lo pronto, en diciembre, el primer mes de gestión del gobierno libertario, el gasto público ya mostró primeras señales de desplome. Un informe de Analytica midió en base a datos oficiales que el gasto real devengado sin estacionalidad disminuyó 31% respecto de noviembre, y 33,8% en términos interanuales. Si no se tomara en consideración a los subsidios energéticos, la variación sería negativa en 35,4%, ya que las subvenciones cayeron 5,2% interanual. En tanto, los subsidios al transporte bajaron 32,8% interanual, indicó esa consultora, lo que implica que en términos generales los subsidios económicos se derrumbó 13,7 por ciento.

“Si bien no se observó un recorte en términos nominales, la inflación mensual de 25,5% implicó una importante licuación”, consideró Analytica.

”Entre las partidas con mayores recortes respecto a diciembre 2022 figuran la obra pública (69,4%), el gasto en bienes y servicios (56,6%), las jubilaciones y pensiones (38,3%) y los programas sociales (31,5%). La única partida que presentó aumento en términos interanuales fue transferencias a provincias (+6,9%)”, detalló la consultora que preside Ricardo Delgado.