El acuerdo con el FMI: en 2023 el déficit fiscal superó el 3% del PBI y los pagos atrasados rondaron los $3 billones

La maldita herencia del rojo de las cuentas públicas nunca se termina: el equipo económico sabe que se trazó un objetivo fiscal muy complejo para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que heredó un déficit fiscal primario superior al 3% del PBI y una deuda flotante superior a los 3 billones de pesos.

Fuentes oficiales ratificaron que el ancla fiscal buscará ser el eje contra la inflación, que en los próximos meses seguirá al alza por el sinceramiento de los precios y la inercia previa.

En diálogo con Infobae, afirmaron que se encontraron con una situación más compleja en términos de la deuda flotante -un pasivo del Estado que representa obligaciones pendientes de pago- que de caja en el cambio de administración.

En este sentido, advirtieron que el rojo de las cuentas públicas heredado de la presidencia de Alberto Fernández superó el 3% del PBI y que la deuda flotante rozó los 3 billones de pesos.

De todos modos, destacaron el buen nivel de entendimiento con el staff del Fondo en las conversaciones de las últimas semanas. “Se mostraron pragmáticos, al igual que el Banco Mundial y el BID”, indicaron. Esto no implica por ahora, tal como indicó el ministro Luis Caputo, un aumento en la deuda con estos organismos, pero sí podría garantizar los desembolsos previstos.

El Fondo cree que las autoridades hablan el mismo lenguaje, luego de los cortocircuitos con la gestión de Martin Guzmán y Sergio Massa, y notó un énfasis mayor al que esperaba en materia de ajuste fiscal. Tal como lo indicó en su comunicado, cree que la inflación seguirá siendo alta en los primeros meses de este año y consideró que el ancla fiscal será clave, junto con una reducción de la cantidad de pesos en circulación, para comenzar a ver un sendero de reducción de los precios más adelante.

Al pedir “apoyo político”, el FMI consideró que la aprobación del DNU y de la Ley Ómnibus es vital para mejorar la situación fiscal.

Otra clave que tranquilizó al Fondo por omisión, tal como se observa en su comunicado, es que el Gobierno no parece apurado por dolarizar. Como señaló el auditor regional Rodrigo Valdés, el país siempre puede elegir su sistema cambiario, pero sin olvidar que las anclas son las políticas fiscal y monetaria.

Al respecto, el riesgo de una hiperinflación señalado por el presidente Javier Milei se podría diluir gradualmente a medida que avance el ajuste fiscal.

Cabe recordar que, según la base de datos de la Tesorería General de la Nación (TGN) el año 2022 cerró con pasivos flotantes por 1,137 billones de pesos (1,3% del PBI).

Hasta noviembre último, la deuda flotante rondaba los 2 billones, pero pegó un fuerte salto, según el relevamiento oficial.

Según el último comunicado del FMI, que anunció el acuerdo técnico con el Gobierno la semana pasada, “a finales de septiembre no se alcanzaron los objetivos de déficit fiscal primario y atrasos internos”.

Por este motivo, según el staff, “las autoridades se proponen lograr un superávit primario del 2% del PIB este año (compatible con el equilibrio global), mediante una combinación de medidas de ingresos y gastos”.

“Se espera que los ingresos se vean apoyados temporalmente por el aumento de los impuestos relacionados con el comercio, así como por las ganancias derivadas de la normalización de la producción agrícola”, afirmaron.

Mientras tanto, “la racionalización del gasto se sustentará en la reducción de los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, las transferencias discrecionales a las provincias y las empresas estatales, y el gasto en infraestructuras de menor prioridad”. “Las medidas iniciales se complementarán con esfuerzos a lo largo del tiempo para salvaguardar un equilibrio fiscal general, mediante mejoras de alta calidad en la eficiencia de los sistemas tributario y de gasto”, indicaron.

En este contexto, Juan Luis Bour de FIEL señaló que el Gobierno “ya definió, a grandes rasgos, las vías por las cuales llegaría al objetivo de déficit cero al nivel del sector público nacional. Éstas incluyen, desde la perspectiva de acciones de política económica: los ingresos adicionales –ya referidos- por retenciones e impuesto PAIS, la reversión de la reforma de ganancias, ingresos por moratoria, blanqueo y adelanto del impuesto sobre los bienes personales (incluidos en la Ley Ómnibus) del lado de los ingresos”.

“El ahorro por el lado del gasto provendría de: menores gastos en jubilaciones y pensiones (por la revisión de la fórmula de ajuste), el recorte de transferencias no automáticas a provincias, de subsidios económicos, de gastos de capital, de programas sociales en los que existe intermediación y de gastos de funcionamiento y una mínima compensación por mayores erogaciones en programas sociales no sujetos a intermediación”. Además, “ya no ligado a acciones de política, se espera recuperar recursos debido a la normalización climática y consecuentemente de la cosecha”.

De todos modos, consideró que “es dudoso que pueda conseguirse el resultado previsto, uno de los motivos, aunque no el único, es que varios de los ahorros están atados a la aprobación del DNU publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre pasado y de la Ley Ómnibus enviada al Congreso una semana después”.

Por otra parte, afirmó que “es probable que los cálculos sean optimistas en otros ahorros ya que seguramente están atados a negociaciones (recorte de transferencias discrecionales a provincias) y a la evolución de la situación macroeconómica general (recortes de planes sociales, aumentos de tarifas)”.

En tanto, la consultora PxQ del ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis afirmó que “el horizonte corto a abril 2024 también puede tener que ver con el desafío mayúsculo que enfrenta el gobierno respecto a la sostenibilidad social del ajuste planteado por la utilización de una fuerte ancla fiscal”.

“La mayor novedad respecto a lo anunciado por LLA como ancla fiscal es que el FMI informa que el gobierno “planea preservar el valor real de las jubilaciones y aumentar la ayuda social si las condiciones lo ameritan. Esto es contradictorio con el anuncio del ministro Caputo de un ajuste de 0,5pp del PBI en el gasto social, lo que para un PIB que podría retroceder 3,5% en 2024, implicaría una reducción en el valor real de las jubilaciones en el orden del 12%”, indicó PxQ.

“Dado que el FMI confirmó la meta de superávit fiscal primario de 2% para 2024, esta eliminación del ajuste previsional podría tener que ver con un punto de arranque mejor al calculado por el gobierno para el déficit fiscal de 2023″, expresó.

En la misma sintonía, Equilibra expresó que “es difícil que el gobierno alcance un superávit primario de 2% del PBI en 2024 por pérdida de ingresos, menor ajuste del gasto social (mayor recesión y deterioro socioeconómico de lo esperado) y dificultad en el Congreso para aprobar todas las iniciativas que suben (bajan) impuestos (gastos)”.

“Estimamos que este año se alcance un superávit primario (0,5% del PBI) que ayudará a cumplir la meta de no asistencia del BCRA al Tesoro”, afirmó el estudio dirigido por Martín Rapetti y Diego Bossio. Un punto clave será que se prevén importantes ingresos por el agro, tras la durísima sequía del 2023, que compensará el efecto de la caída de los ingresos por la recesión y la alta inflación.