Tras el dato de inflación, el Gobierno buscará cubrir desde mañana $3 billones de vencimientos con bonos indexados

Mientras el equipo económico define si realizará y bajo qué condiciones, un canje de bonos en pesos para despejar el calendario de 2024, el Ministerio de Economía afrontará esta semana su primer examen de vencimientos de deuda en moneda local para lo que necesitará cubrir unos 3 billones de pesos. Para eso, el Gobierno tentará a los inversores con títulos atados a la inflación, luego del dato de 25,5% del IPC de diciembre. Para todo 2024 la expectativa del mercado es de una suba de precios de 213%, similar a la interanual que marcó el último dato del Indec.

La licitación de deuda que lanzará la Secretaría de Finanzas será la primera del año, luego de dos operaciones que tuvieron lugar en las primeras semanas de gestión de Luis Caputo. Así, este martes comenzará el programa financiero 2024 del Palacio de Hacienda. Este año habrá vencimientos de bonos en pesos por 58 billones de pesos, según estimaciones privadas.

En el primer mes del año las obligaciones de pago sumarán 3,2 billones de pesos, según un informe reciente de Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Unos 3 billones corresponden a vencimientos que tendrán lugar este próximo jueves, por lo que Finanzas lanzó al mercado el aviso de que realizará una colocación de bonos con una oferta que incluirá un menú de tres títulos atados a la inflación.

Se trata de tres Boncer con vencimientos distintos: el más corto irá hasta el 20 de febrero próximo. Otro tendrá lugar hasta el 20 de mayo, y el más largo, hasta el 9 de noviembre de 2025. Un plazo como este último título, que ajusta por CER más una tasa extra de 1,80%, podría ser una suerte de “ensayo” para una operación mucho más amplia que el equipo económico comenzó a estudiar en los últimos días en diálogo con bancos: un gran canje de títulos en moneda local que vencen a lo largo de 2024 para despejar el panorama financiero hacia 2025 en adelante.

Caputo reconoció la semana pasada que inició conversaciones con las entidades financieras -tenedoras de una parte relevante de esos bonos aunque lejos de ser los acreedores principales del Tesoro, que es el propio sector público- para estudiar una operación de “administración de pasivos”.

Un informe de la consulta 1816 analizó el perfil de vencimiento de la deuda en pesos de este año. Una conclusión es que, de realizarse el canje, se trataría de una operación en que el peso principal del reperfilamiento es intra-sector público. “Los vencimientos 2024 de títulos negociables en pesos del Tesoro suman $58 billones a valores de hoy (decimos ‘a valores de hoy’ porque casi todos los papeles ajustan por CER y/o A3500, de modo que los vencimientos se van ajustando en términos reales)”, midieron.

“De ese total, el 48% se explica por vencimientos de Duales, 38% por vencimientos CER, 8% por papeles USD linked y 4% por instrumentos tasa fija (esencialmente la Lede emitida a fin de diciembre)”, explicaron desde la consultora. “Según los datos del Informe de Gestión del Mecon ya mencionado, el 74% de estos vencimientos 2024 eran con el propio sector público, de acuerdo con la información disponible a fin de noviembre. Y del 26% correspondiente al sector privado prácticamente la mitad era con bancos privados” especificó 1816.

Y analizado en términos de quiénes son los tenedores del stock total de la deuda en pesos, en base a datos que dejó la Secretaría de Finanzas durante el mandato de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda, “el 72% de la deuda soberana en pesos negociable en el mercado estaba en manos de entidades públicas”. Ese total está explicado por las tenencias del Banco Central (31%), Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses (24%), Banco Nación (10%) y otros entes (6 por ciento).

El Fondo Monetario Internacional incluso lo marcó como una de las columnas sobre las que se apoya el plan Caputo. “De acuerdo con el programa fiscal, el gobierno no buscará ninguna forma de financiamiento neto de mercado, sino que se concentrará en mejorar el perfil de vencimiento de la deuda interna. Reconstruir las relaciones con los mercados de capital internacionales también es una máxima prioridad”, anticipó el FMI, que deslizó así algún guiño a una operación de canje que despeje obligaciones de pago.

La consultora Quantum, que dirige Daniel Marx, analizó que en las últimas semanas “aumentó significativamente el precio de la deuda soberana” en pesos, en especial la deuda que ajusta por inflación y los bonos duales “que alcanzaron rendimientos fuertemente negativos en el tramo corto de la curva”

Entre las razones, Quantum identificó que eso se debió a “tasas de interés reales esperadas fuertemente negativas, la devaluación que llevó el tipo de cambio oficial de $367 a $800 y la definición de un sendero de depreciación del 2% mensual en el corto plazo”. Y en ese sentido, mencionó que el sostenimiento de esos precios “dependerá de la visión que se tenga de la evolución de la tasa de inflación, la devaluación del tipo de cambio oficial y de la tasa de interés”.

Esquemáticamente, consideró que “a mayor apreciación real, mejor rinden los instrumentos ajustables por CER. En la situación opuesta, cuanto más depreciación real del peso mejor será el rendimiento relativo de los títulos ajustables por tipo de cambio”, concluyó la consultora.

La puesta en marcha de un amplio canje de bonos en pesos no será la única iniciativa financiera que tiene en carpeta el equipo económico. El secretario de Finanzas Pablo Quirno, en su presentación ante el plenario de comisiones de Diputados en la que defendió el tramo tributario y financiero de la ley ómnibus, ratificó que el Gobierno buscará una “consolidación” de la contabilidad de la deuda pública.

Esto es, deslistar bonos del Tesoro que actualmente están en manos de tenedores del propio sector público. Una cuenta que hizo el funcionario, mano derecha de Caputo, es que la reducción del stock de deuda pública total de realizarse una operación de estas características será de unos USD 37.185 millones. La mayor parte de esas tenencias (más del 90%) están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Anses. La oposición ya manifestó su rechazo a esa idea, además del traspaso de las acciones en manos de ese fondo inversor hacia el Tesoro.

Una pregunta reiterada en los bloques opositores es a cambio de qué los organismos públicos acreedores del Tesoro dejarán de ser tenedores de esos títulos. Tal como reflejó Infobae, el proyecto establece que en en un plazo de 90 días, todos los organismos públicos “podrán presentarse ante la Oficina Nacional de Presupuesto para manifestar la necesidad de mantener un crédito presupuestario por el equivalente de la deuda nominal a consolidarse”.

Esos pedidos deberán “fundarse en fines públicos que lo justifiquen” y serán elevados a la Jefatura de Gabinete, que tendrá 30 días para resolverlos. Si la respuesta de esa oficina es favorable, el organismo público “podrá computar un crédito presupuestario que se atenderá exclusivamente con los recursos” previstos por el Congreso en la ley de Presupuesto.