Ley ómnibus: ofensiva política del campo para frenar la suba de retenciones

La letanía de las retenciones (técnicamente, derechos de exportación, DEX) que hace (en este siglo) unos 20 años que paga el agro, continuará en 2024. En la semana que pasó, en el Congreso se discutieron éste y muchos otros temas del proyecto de “Ley Ómnibus”, que el gobierno de Javier Milei pretende aprobar como plan maestro de gestión.

El debate apenas comenzó. Ya se escuchó al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca (que en un futuro se llamaría de Bioeconomía), Fernando Vilella y a legisladores cuyas provincias serían afectadas con la eventual suba. Infobae consultó a dirigentes del campo y la agroindustria, a diputados y a analistas sobre la posibilidad cierta impedir el aumento.

Para el diputado nacional Luis Picat (UCR, Córdoba), extitular de la Sociedad Rural de Jesús María, “el agro debe hacer todo el esfuerzo para demostrar que ya está aportando de sus ingresos -y no de sus ganancias- más que cualquier otro sector. Es fundamental que se involucre y propicie la mejor fórmula para una relación ganar-ganar con el Estado Nacional”.

En cambio, su colega Atilio Benedetti (UCR, Entre Ríos), productor agropecuario y extitular de la Comisión de Agricultura de Diputados, consideró “muy difícil evitar la suba, ya que este gobierno ha comprometido un paquete fiscal ante el Fondo Monetario Internacional”.

Igualmente, agregó, “si la dirigencia agropecuaria actúa rápidamente y encuentra comunes denominadores, podría morigerar el aumento de las alícuotas y ejercer presión para lograr que sean acotadas en el tiempo; pues la definición de un plazo aporta previsibilidad”. También aconsejó buscar que algunas economías regionales y cadenas de mayor valor agregado, “no sufran el peor castigo, como propone el proyecto enviado al Congreso”.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina adelantó que la FAA buscará explicar y hacer entender la necesidad de bajar las retenciones. Y su par de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, reiteró que la dirigencia agraria debe marcar cuando las políticas son malas. Las retenciones, enfatizó “no son el camino correcto, y también se lo dijimos a los funcionarios de este gobierno”.

Por su parte, Pedro Zabala, de la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA), sostuvo que el agro debe hacer valer su posición con firmeza institucional y “devolver a los productores una representatividad que imponga al gobierno reglas ecuánimes de juego”. Los productores agropecuarios -afirmó- votaron por el actual gobierno con la expectativa de eliminación total de los DEX, pues “es más que suficiente el aporte tributario que vienen realizando desde hace más de 20 años. Tal vez por eso, el sector conserva la expectativa de que, “en una segunda etapa de descompresión fiscal, el Gobierno actúe directamente sobre el tema”, dijo Zabala. .

Gonzalo Blasco, titular de la Asociación de Productores Ganaderos y Agrícolas del Norte (Apronor), con sede en Tucumán, dijo que la baja de retenciones “entendemos que es una atribución del Congreso; solo podemos tratar de persuadir y transmitir nuestra posición”. Al respecto, dijo que mediante dos cartas pidieron una reunión a Vilella y le adelantaron la crítica situación de los agricultores del NOA-NEA.

Más contundente fue Iván Castelaro, de Armstrong, Santa Fe, integrante del Grupo Independencia, agrupación de “autoconvocados”, mayormente de la Zona Núcleo. “El campo apoyó (a Milei) convencido de que el cambio real llegará de sus manos”, luego de ser “usado, bastardeado y abusado por el sector político durante los últimos 20 años”. El agro, subrayó a Infobae, es víctima del tributo y está “en un estado de descapitalización absoluta: miles de productores desaparecieron y van a seguir desapareciendo si continúan saqueando sus recursos para llevar adelante planes de gobierno”.

En tanto, Alfredo Paseyro, director Ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y representante del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) instó a la dirigencia gremial empresaria a realizar “todas las gestiones” ante legisladores y funcionarios “de todos los espacios políticos”, para dar información “y corregir medidas de desaliento a la inversión, la producción, la generación de empleo y crecimiento del comercio local y exterior”.

“Pedimos audiencias al Presidente, al ministro de Economía, a la canciller, a los jefes de bloques legislativos y a más de 130 diputados individualmente. Tenemos expectativas que estas reuniones sirvan para que brindar toda la información técnica que disponemos, con los impactos proyectados y encontrar soluciones”, anticipó.

El analista agropecuario Carlos Etchepare opinó que el sector debería poder frenar la suba y evitar la repetición de “errores históricos: en 2002 se tomó la decisión de reimplantar los derechos de exportación de manera ‘transitoria’ y ahora, pese a las promesas de reducción o eliminación, se propone generalizarlas y aumentarlas. Un despropósito”.

Según Etchepare, la dirigencia rural corre otra vez el riesgo de que “la duerman”. La siesta de los últimos 22 años, precisó, costó más de USD 200.000 millones a los productores, entre retenciones, subsidios al consumo interno y transferencia a otros sectores de la cadena, amén de que limitó el desarrollo del principal sector de la economía argentina.

“Un ex dirigente del sector decía ‘cocodrilo que se duerme es cartera’. Y la Argentina sigue teniendo funcionarios que solo fabrican carteras”, graficó Etchepare.

Todos los consultados dijeron que esta vez la cuestión se dirimirá en el Congreso, como fija la Constitución en materia impositiva, y no desde el Ejecutivo, como sucedió históricamente.

Dn Diputados es donde se viene debatiendo cómo quedará el dictamen del proyecto de Ley Ómnibus que llegaría al recinto a fin de enero. Allí es donde dirigentes y legisladores pro-agro concentran esfuerzos para quitar el aumento del texto. Al respecto, Picat sostuvo que el debate en comisiones más las conversaciones con diferentes bloques y el Ejecutivo puede modificar la sección de los DEX. “El mismo Vilella dijo que estaba en nuestras manos la posibilidad de modificar la ley, que están en el marco de una negociación con el PEN”, recordó.

“El debate legislativo es ilustrativo y enriquecedor; sirve para manifestar las inequidades, incongruencias y falta de razonabilidad de los aumentos en distintos rubros del sector más dinámico de la economía argentina, el agroindustrial, y también de la inequidad en el esfuerzo respecto de algunos otros sectores productivos. Espero pueda ser convincente”, destacó por su parte Benedetti consideró “de mucha utilidad” la discusión Vilella.

Los legisladores de las provincias afectadas se están reuniendo con dirigentes nacionales y provinciales y, en paralelo, gobernadores radicales y del PRO advirtieron al PEN, la semana pasada, que los diputados de sus provincias no votarán reformas contrarias a las economías regionales.

¿Qué molesta del proyecto de Ley Ómnibus a la dirigencia rural y a las provincias afectadas? “Molesta todo. Han metido todo en una planilla Excel, sin analizar el impacto negativo de la medida. Vilella expresa la necesidad de mayor valor agregado, pero al colocar más impuestos el proyecto va a contramano; desincentiva las exportaciones y por ende habrá menor ingreso de divisas y menor recaudación de impuestos”, respondió Picat.

“Molesta esa contradicción en el discurso que, pregona por un lado la necesidad de generación de actividad económica, generación de divisas, de empleo privado y de un desarrollo federal y en contraposición avanzan con este aumento de impuestos”, acotó Benedetti. “Me molesta también que haya inequidades con otras actividades productivas, porque este esfuerzo tiene que ser parejo entre todos los sectores. No debe haber actividades que no aporten o que, por un fuerte lobby, queden fuera de ese esfuerzo adicional que se está solicitando”, advirtió.

Achetoni, de FAA, citó como mayores puntos críticos los cambios a la Ley de Tierras y a la ley de Semillas y la suba de los DEX, que definió como “un contrasentido respecto de lo que se prometió y se esperaba”.

“Hay muchos temas dentro del proyecto de ley que molestan, pero con las retenciones es algo con lo que nunca vamos a estar de acuerdo”, señaló por su parte Pino, de la SRA.

Blasco, de Apronor también dijo que la suba de los DEX son el mayor error y Zabala lamentó que se ignore que la productividad es proporcional a la descompresión fiscal. “A mayor producción, mayor movimiento económico-financiero. Eliminar los derechos de exportación significa poner en marcha el primer eslabón de la cadena que movilizará al resto”, explicó.

Etchepare dijo por su parte que lo que más molesta la repetición de errores que supuestamente se venían a combatir, “usando los mismos argumentos del gobierno saliente -la necesidad de recursos frente a la crisis, el combate de la inflación y la mesa de los argentinos- sin siquiera inventar nuevos argumentos”-

La devaluación y la menor brecha cambiaria, uno de los argumentos del Gobierno de que pese a las retenciones al 15%, las exportaciones argentinas mantienen rentabilidad, fue también criticado por los referentes consultados por Infobae.

Para Achetoni, “esa mejora competitiva se diluye con el aumento de retenciones y con el corrimiento cambiario. Muy pronto vamos a quedar peor y en el mercado interno mucho más, porque los insumos aumentaron considerablemente y es imposible tener buenos precios de nuestros productos, porque la falta de capacidad de consumo no convalida precios que nos den rentabilidad”, precisó.

Al mismo tiempo, Pino señaló que “la teoría es una cosa y la realidad, otra. El camino a la unificación cambiará que adoptó el gobierno puede que no llegué a plasmarse en la realidad de un productor. Y eso nos preocupa. Algunos insumos y servicios vienen subiendo de manera desmedida en más últimas semanas”, recalcó. La misma visión tienen desde Apronor, en el NEA y NOA. Su presidente, Blasco, dijo que “la brecha cambiaria no mejora, ya que los insumos y servicios que se pagan están igualmente dolarizados y en algunos casos con incrementos en dólares”.

Y al respecto, Zabala, de AAPA, sostuvo que “el camino a la unificación del tipo de cambio es una medida acertada para organizar la realidad económica, pero la hiperinflación arrastra permanentemente el precio de los insumos por sobre los de las commodities, lo que hace una ecuación compleja para el productor”.

Sobre este tema, Paseyro señaló que “el tipo de cambio es un elemento que hace a la competitividad, pero no es el único. La corrección que hizo economía también se traslada a otros costos como el combustible, insumos importados y servicios. Es por eso que cada cadena productiva integrante del CAA ha realizado un estudio de los impactos, en función de todas las variables que hacen a la estructura de costos y competitividad final de su producto.

Para el analista Etchepare “es un error hacer esa simplificación respecto de la brecha. El productor tiene una gran parte de sus costos (50 por ciento o más según el producto) dolarizados. El acceso al dólar sigue limitado. Continúa el cepo y, por otro lado, ya existía un tipo de cambio diferencial para las exportaciones, razón por la cual el ajuste cambiario fue menor al “publicitado” e insumos como los combustibles aumentaron más de un 80 por ciento”, recalcó.

Ante este panorama, tantas veces reiterado para el agro, pero en este caso en un contexto en que se esperaban, si no en lo inmediato, una proyección de medidas económicas más amigables con la actividad, los dirigentes explicaron cuál es el humor de sus representados en lo que aparece como una nueva frustración a las expectativas que los productores agropecuarios tenían.

Zabala, de AAPA señaló que “las bases están muy preocupadas por la situación, pero aún con un escenario adverso, siguen aportando lo mejor de sí, en busca de salvaguardar la República y creen que el camino es liberar definitivamente la producción”. Opinó que “por el momento no habrá medidas de fuerza, pero no habrá claudicación en los intentos de diálogo”.

Para Achetoni, de FAA, “es prematuro hablar de medidas de fuerza, aunque no es el mejor momento (para el sector)”. En el mismo sentido se manifestó Blasco, de Apronor, debido a que “queremos ver cómo se van desarrollando las cosas”. Igualmente, reconoció que “hay un grado de decepción, pero también tenemos la expectativa que se reviertan algunos de los impuestos que nos afectan”.

Por su parte, al analizar el actual momento agropecuario, Etchepare no ve medidas de fuerza en lo inmediato. “En general, los productores y muchos de sus dirigentes siguen de ‘luna de miel’ con Milei, aunque este los haya traicionado. Le darán una nueva oportunidad porque el mal recuerdo de su relación con los gobiernos peronistas está muy cercano”. Y agregó que “actualmente el Consejo Agroindustrial Argentino está teniendo una actuación más destacada que la propia Mesa de Enlace, que está terminando de desdibujarse”, consideró.

En este punto, el diputado Benedetti destacó que “el gobierno de Javier Milei, está llevando adelante ideas que contaron con un fuerte apoyo electoral de los sectores productivos agropecuarios. Como sé cuál ha sido la apuesta, entiendo que tenían la esperanza de que el Presidente tuviera respuesta a los problemas y preocupaciones de la producción. El sector merecería una respuesta acorde al apoyo manifestado, en términos de escucha activa, que encuentre alternativas menos perjudiciales para la actividad más dinámica de la economía argentina, que está a las puertas de una nueva suba de impuestos”.

Por su parte, su colega Picat anticipó que “desde el radicalismo vamos a hacer una propuesta superadora, trabajando con todos los bloques que quieren que esta ley salga, con la premisa de darle un tiempo de finalización a los derechos de exportación, y un tratamiento a mediano plazo para disminuirlos disminución y eliminarlos en forma prudente respecto de los objetivos fiscales”. Igualmente reclamó que “necesitamos más información por parte de la Secretaría, sobre el análisis de impacto para cada sector económico”.

En un sentido similar se manifestó Blasco al decir que “son muchas las decisiones que se pueden tomar a fin de revertir la situación del campo. Si subieron las retenciones, esta medida, para que coincida con las promesas e ideología del Gobierno, debería ir acompañadas de un plan de eliminación paulatina y la exención de impuestos a los fertilizantes y que sirvan a cuenta de pago de ganancias, entre otras”.

Por su parte, Paseyro, representando al CAA, consideró que “entendemos que el Gobierno tiene diferentes prioridades en los cambios propuestos y con buenos argumentos que brinden previsibilidad a mediano y largo plazo, los cambios negociados podrían ser aceptados”, en referencia a los que se seguirá discutiendo en los próximos días en el Congreso, para aliviar la presión impositiva al agro.

Desde su mirada, Etchepare aseguró que “hay producciones que quedarán absolutamente fuera de la posibilidad de continuar, en caso de que la ley se apruebe como pretenden quienes la redactaron originalmente, que no hicieron el menor análisis de la realidad de cada una de esas producciones”. Coincidió con las gestiones que la dirigencia sectorial realiza con gobernadores y legisladores “tratando de demostrar el impacto negativo que tienen sobre el ingreso de los productores y, especialmente, sobre los recursos de los pueblos y ciudades de nuestro país” la suba de DEX. “Sin embargo, el éxito será limitado. A quién deben convencer, en un trabajo de más largo plazo es al conjunto de la sociedad, para que los políticos y cualquiera que llegue a la función pública no vea al campo como una propiedad del gobierno de la que puede disponer a su gusto y placer”, destacó.