Emergencia laboral: el promedio de los trabajadores acumula casi 9 meses buscando un nuevo empleo

Una de las preocupaciones del nuevo gobierno, explicitadas en el DNU 70, como en la popularmente bautizada Ley Ómnibus que envió al Congreso, es generar las condiciones para dinamizar el mercado de trabajo, principalmente privado, porque no sólo acumula más de una década estancado en lo que se refiere a la franja formal y de mayor remuneración que el promedio general, sino también porque la caída a niveles mínimos de la tasa de inversión en emprendimientos productivos y comerciales ha llevado a quienes pierden el empleo a registrar un promedio de más de 260 días en la búsqueda de reinsertarse en un puesto asalariado, sin tener otra ocupación.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec brinda cada trimestre las pautas por la cual en la Argentina se repite y agrava el fenómeno particular en el que los puestos de trabajo crecen sostenidamente en términos generales, pero ya no tienen la fuerza para posibilitar el aumento del PBI, y de esa forma aumentar el ingreso medio de los empleados y de sus familias en valores reales.

De la corta estadística oficial -comienza en el primer trimestre 2017- se desprende que el saber ocupa poco lugar -menos del 42% del total de los ocupados representa el agregado de técnicos y profesionales con estudios completos en esas áreas-, y que hubo una leve mejora del clima educativo en seis años de la población empleada.

Además, registra trimestre a trimestre que no se reduce significativamente el tiempo promedio de un trabajador desocupado: pasó de 271 días a 261 días, según el último dato relevado correspondiente al tercer cuarto de 2023 en comparación con igual período de seis años antes.

La EPH detectó también que apenas 1 de cada 3 desocupados tenía una antigüedad en esa condición de menos de tres meses; mientras que poco más de 30% superaba el año de búsqueda para obtener un empleo en relación de dependencia o por contrato.

De poco más de 1,1 millones de desocupados al cierre del tercer trimestre 2023 -en la proyección al total país de los datos informados por el Indec para el conjunto de 31 aglomerados urbanos de todas las provincias más CABA- 825 mil correspondían a trabajadores que perdieron su empleo, y 293 mil a personas “sin ocupación anterior”, esto es nueva oferta laboral que no había obtenido un puesto, ni en blanco ni en la informalidad.

Semejante carencia del mercado laboral se manifiesta en que en los últimos 12 años se crearon apenas 250.000 empleos formales en el sector asalariado, en contraste con 1.160.000 puestos informales, 1.170.000 monotributistas y 830.000 asalariados en la administración pública agregada. “Para poner en perspectiva, entre el 2003 y el 2008 se habían generado 2,2 millones de puestos asalariados registrados”, resaltó en la última semana el director de la consultora Invecq, Esteban Domecq.

Y agregó: “Toda oposición a la reforma laboral (CGT, CTA, sindicalistas, justicia, etc.) solo busca defender sus propios intereses; hay mucho en juego. Sostener este esquema es ir en contra de los trabajadores, condenando a millones de personas a la informalidad, a la precariedad laboral y a la pobreza, incluidos los jubilados y pensionados, porque esta dinámica del mercado laboral lleva al sistema previsional a la quiebra total en muy pocos años”, opinó el director de Invecq, a través de las redes.

Asimismo, la estadística oficial reveló que entre el tercer trimestre de 2022 e igual tramo del año siguiente el aumento del empleo total (762 mil personas, sobre una oferta laboral cercana a 22 millones) subió a 20,8 millones de personas, equivalente a 3,8%, en tanto el PBI en pesos constantes acusó en similar período una caída de 0,8 por ciento.

Esa relación inversa entre variación de los puestos de trabajo y el ritmo de actividad agregada (con algunas excepciones) se acentúa rotundamente cuando se compara el desempeño de esos dos indicadores en los últimos seis años: el PBI no creció en valores reales y el empleo total se elevó 15,6%; y en consecuencia el aporte del trabajo a la generación de riqueza cayó 20%, a un ritmo de baja de 3,1% acumulativo por año.

Ese movimiento tendencial de la capacidad de generación de riqueza por parte del conjunto de los trabajadores activos explica que el consenso de los economistas -no sólo los del ahora oficialismo, sino también del sector privado que analizan en diversas consultoras de las empresas la coyuntura macro y microeconómica- considere necesario avanzar hacia un reforma de fondo de la legislación laboral y de la política educativa orientada a dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.

Semejante pérdida de productividad laboral, y consecuentemente de la competitividad primaria de la economía -la segunda surge de agregar los efectos de la política cambiaria y comercial con el resto del mundo, la presión tributaria, y la política monetaria- ha tenido lugar pese a que la estadística del Indec detectó una mejora neta del clima educativo de los trabajadores ocupados (disminuyó la proporción con capacitación menor al de la escuela secundaria completa y aumentó la de los tramos superiores, en especial con enseñanza superior y universitaria completa).

Ese fenómeno se explica por los recurrentes desincentivos prevalecientes a la inversión productiva y al desarrollo de las empresas, en particular en los últimos años, con la ampliación de la maraña de regulaciones, los controles de precios y las restricciones a las importaciones, no sólo de bienes de consumo final, sino también de insumos necesarios para fabricar bienes para el consumo interno y para la exportación, además de cupos para las ventas externas de alimentos para “proteger la mesa de los argentinos”.

Esas prácticas provocaron la sostenida e inquietante caída de la participación en el total del empleo de los profesionales y técnicos, aunque claramente en menor proporción que los “no calificados”. Solo aumentó la de operarios calificados, pero con ingresos inferiores al promedio general, al punto que muchos ocupados pasaron a caer debajo de la línea de pobreza, determinada por el valor de la Canasta Básica Total.

El punto más alto de representatividad de los profesionales se observó en el segundo trimestre de 2021, a la salida de la crisis sanitaria de 2020, con 11,26% del total de los ocupados y 2,09 millones de personas, y desde entonces ingresó en una pendiente negativa con movimientos de serrucho hasta el mínimo de la serie de seis años en el segundo trimestre de 2023 con apenas 9,11% y repunta parcialmente a 9,94% en los tres meses siguientes.

En el caso de los técnicos, la proporción más alta entre los ocupados tuvo lugar al comienzo de la irrupción del Covid-19, en el segundo trimestre de 2020, con 20,4% y un salto de más de dos puntos porcentuales respecto al promedio de los trimestres anteriores. En tanto, la mínima se detectó en la última medición, a septiembre 2023, con 16,8% del total, unas y 3,5 millones de personas empleadas con esa clasificación.

La suma de los movimientos de empleos en esas dos franjas más capacitadas del mercado de trabajo en los últimos cuatro años arroja que más de 91.000 que estaban ocupados ya no están, la mayoría porque decidieron emigrar en busca de mejores oportunidades con sus calificaciones reconocidas.

Si se considera sólo el mero crecimiento vegetativo de la población en los últimos cuatro año en ese segmento se advierte que se deberían haber generado más de 118.000 puestos netos sobre el total estimado por la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, pero fueron vedados por la maraña de regulaciones, imposiciones y la “industria del juicio” que se instaló en esa franja de la economía.

Más allá de la suerte del DNU 70, como de la Ley Ómnibus que el oficialismo prefiere llamarla por su título: “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, pareciera que la Argentina necesita una reforma de la legislación laboral de fondo, que incentive el empleo formal y de oportunidades no sólo de todos los trabajadores, sino también que atraiga a los profesionales y técnicos que emigraron en las últimas décadas, para poder elevar la productividad media del empleo y con ello los ingresos reales de toda la población en forma sostenida y sustentable.

Claramente, con un horizonte favorable de largo plazo, no todo dependerá de una moderna legislación para generar empleos, sino también de las empresas, para capacitar a una parte importante de la población madura ocupada en tareas de muy baja calificación en oficios aún necesarios en las organizaciones y de esa manera contribuir a que pueda acceda a puestos mejor remunerados.