Expropiación de YPF: la Argentina podría terminar pagando casi el triple de lo que vale actualmente la compañía

Luego de más de ocho años de juicio por la expropiación que hizo el kirchnerismo de YPF, y en medio de posibles embargos que habilitó ayer la justicia de EE. UU., el Estado argentino se enfrenta a posibles costos derivados de esta causa por los que terminará pagando un total de casi tres veces lo que hoy vale la petrolera de bandera. Y, lejos de cerrarse, la cuenta sigue corriendo: hoy, solo de intereses, ese juicio genera un costo de más de USD 2 millones por día.

La jueza Loretta Preska, quien está a cargo de una corte del Distrito Sur de Manhattan, falló en septiembre pasado en contra del país. Dictaminó que Argentina es culpable de mala praxis expropiatoria y la condenó a pagar la máxima pena calculada para el caso: USD 16.000 millones.

Esa cifra multimillonaria, imposible de pagar para un país en crisis extrema y sin dólares, es solo una parte del costo total del entuerto expropiatorio, más allá de la eventual conveniencia estratégica de que el Estado haya recuperado el control de la empresa y, por consiguiente, de buena parte del negocio de Vaca Muerta. Esta demanda, cimentada en una serie de errores técnicos y estratégicos que se cometieron desde 2012, podría generar un perjuicio total para el Estado que trepa a más de USD 26.000 millones.

El 16 de abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley que declaraba de interés público la actividad hidrocarburífera y ordenaba expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol desde la privatización de la petrolera en 1999. Con pompa, CFK habló de recuperar la soberanía energética y de frenar la caída de la producción. Días después, el Congreso aprobó la propuesta que había salido del Ministerio de Economía, más precisamente del despacho de Axel Kicillof, quien era viceministro y se convirtió luego en vocero y una de las caras centrales de la expropiación.

El Estado le pagó a Repsol unos USD 5.000 millones y dejó de lado a otros accionistas minoritarios. Ese es el huevo de la serpiente del juicio: accionistas que aseguran haber sido perjudicados.

A los USD 5.000 millones que el Estado le pagó a la española con bonos soberanos –tres títulos que fueron venciendo o se reestructuraron en los siguientes años– se le deben sumar unos 4.500 millones de intereses, según estimaciones privadas. No sólo Repsol no le terminó pagando a la Argentina –como sugirió en principio que iba a pasar Kicillof, y remarcó en X día atrás el ex ministro de Economía Alfonso Prat-Gay– sino que lo que se le desembolsó al entonces accionista mayoritario de YPF terminó duplicándose.

Esa cuenta está cerrada y ya saldada. Luego vienen los costos “en proceso”, o pendientes.

A los USD 9.500 mencionados se les debe sumar una década de gastos de abogados. La estrategia legal del caso la diseña la procuración del Tesoro de cada administración. Hasta el año pasado estuvo a cargo de Carlos Zannini. Ahora, de Rodolfo Barra. Con Mauricio Macri como presidente, la comandó Bernardo Saravia Frías. Quien representa al país en EEUU es el estudio americano Sullivan & Cromwell.

Diez años de costos legales, a un promedio de entre 25 y 30 millones de dólares por año, según fuentes del mundo legal, suman otros USD 300 millones a la cuenta.

Y luego están los costos del presente juicio: la sentencia de USD 16.000 millones más los intereses. Se trata de una tasa anual de 5,41% que corre desde septiembre del año pasado, cuando falló Preska. Hasta el momento se acumularon unos USD 360 millones y en el primer año desde la sentencia se sumarán un total de USD 860 millones.

Lo que ya se pagó más lo que está en curso hasta el momento arroja la friolera de USD 26.600 millones. Es el triple de lo que vale hoy la compañía, unos USD 9.200 millones.

Hoy la acción de la petrolera ronda los 16 dólares por unidad. Antes del balotaje valía USD 10 y en 2020 tuvo un piso de apenas poco más de 3 dólares. En ese momento, la empresa llegó a valer sólo unos USD 2.000 millones.

“Si en 2012 el Estado hubiera pagado a los demás accionistas un monto similar al que le abonó a Repsol, se hubiera desembolsado un total de unos USD 10.000 millones, no tendríamos el juicio y la empresa sería completamente del Estado. Podría haber sido una estrategia. Hoy la cuenta es de mucho más del doble que esa cifra. Otro punto importante es que en 2012 se pagó y las acciones pasaron al Estado… se ‘compró’ algo. Ahora estamos hablando de más de USD 16.000 millones de penalidad, dólares que deberán destinarse a pagar errores”, explicó Sebastián Maríl, CEO de Latin Advisors y experto en el juicio que se cursa en Manhattan.

En las oficinas de Burford Capital de Londres, y seguramente también en las de Nueva York, en la coqueta Madison Avenue, deben haber festejado cuando se enteraron que el presidente argentino Javier Milei habló, días atrás, de “willing to pay”, o voluntad de pago. Nunca antes ninguno de los otros tres presidentes que estuvieron en la Casa Rosada durante el juicio había realizado una declaración en ese sentido. No sólo eso, Milei habló de privatizar nuevamente la hoy petrolera de bandera, aunque la idea parece perder fuerza y ser parte de las negociaciones que vendrán para el DNU presidencial y la llamada Ley Ómnibus.

Burford, un estudio de abogados que nació en Inglaterra en 2009 y cotiza en bolsa, es el ganador del multimillonario juicio contra el estado argentino por la expropiación. El bufete le compró el derecho a litigar a ex accionistas minoritarios de YPF, que en su momento aseguraron haber sido perjudicados por el Estado, y tiene espaldas financieras para llevar adelante extensos juicios contra naciones soberanas (por ese motivo muchos los comparan con un “fondo buitre”).

En una demanda extensa que se tramita en un Nueva York porque la empresa cotiza en Wall Street. Luego del fallo de Preska, el proceso judicial se extenderá varios meses en medio de apelaciones y podría llegar hasta la Corte Suprema de EEUU.

“Burford quiere hacer ruido para obligar a Argentina a negociar. Expropiar es complicado, pero el querellante sabe que mientras esté el pedido de embargo a Argentina se le va a complicar, por ejemplo, emitir bonos. Mientras tanto corre la apelación, algo que podría demorar unos 9 meses. Allí hay tres alternativas: pueden confirmar el fallo de Preska, rechazarlo (aunque los rechazos hoy son menores al 10%) o podrían pedir que se revisen algunos puntos. Si la apelación es negativa, Argentina irá a la Corte Suprema de EEUU. Y en medio van a negociar, o al menos hablar”, detalló Maril.

Daniel Montamat, consultor y ex presidente de YPF, coincide con que el fallo es un tope para que las partes negocien. “Es casi inevitable asumir que vamos a tener que pagar. Habrá que titularizar esa deuda en bonos o, como sugirió el Presidente, armar una suerte de deuda permanente que pague un interés anual, que haya que asignar una partida presupuestaria al pago. Milei la llamó ‘tasa Kicillof’. Yo sugiero que sea ‘Cristina Fernández-Kicillof’. Como sea, habrá que pagar”, agregó.

Otro rumor circula entre el mundo judicial. ¿Burford podría ir a buscar cuentas de políticos en el exterior para embargar? Sería un proceso muy complejo porque primero tendrían que encontrarlas y luego debería demostrar en la justicia que contienen fondos non sanctos. Recién después se podrían incautar.

Sin dudas, movimientos en ese sentido en una corte de EEUU generaría un “ruido” interno de proporciones. Semanas atrás hubo una muestra de que no es imposible. Dennis Hranitzky, ex abogado de Paul Singer –dueño de los grandes fondos buitre que litigaron contra Argentina–, pidió en un tribunal americano, y en medio de un litigio por una deuda bonaerense, buscar cuentas en el exterior a nombre de casi todo el espectro político vernáculo. “Si un estudio chico pudo presentar una solicitud de ese tipo y más allá de que prospere, algo que seguramente no pasará, no hay que desdeñar el poder de fuego que tiene Burford en ese sentido. Nadie quiere estar mencionado en esas listas de sospechosos”, resumió otro entendido en la causa que prefirió hablar en off the record.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo y la factura se incrementa minuto a minuto.