¿Minería de bitcoin en el Enargas?: el Gobierno investiga presuntas actividades ilegales en el organismo

El interventor del ente ordenó una investigación interna en busca de responsables y pruebas para, llegado el caso, iniciar una acción judicial. Renunció un funcionario

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El Enargas es el ente
El Enargas es el ente encargado de regular el servicio público del gas

El nuevo interventor del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), Carlos Casares –designado días atrás por el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo–, ordenó una investigación interna tras hallar dos servidores informáticos instalados en forma ilegal en la sala de sistemas de la sede del organismo, ubicada sobre la calle Suipacha 636, en el pleno centro porteño.

Llamó la atención de las autoridades que las computadoras no estaban declaradas en el inventario del ente regulador ni tampoco brindaban ningún tipo de servicio asociado al contralor de la actividad gasífera. Al constatar la existencia irregular del equipamiento en una sala de acceso restringido del edificio, Casares instruyó una acción sumaria para determinar quién instaló y con qué finalidad las dos unidades informáticas que ahora se encuentran bajo custodia.

A modo de línea investigativa, fuentes vinculadas a la entidad indicaron a Infobae que “existen sospechas de que minaba criptomonedas. Es una teoría dada la potencia de los servidores que encontraron”.

Una resolución con fecha 5 de enero precisó que “esta Intervención tomó conocimiento de la existencia en el ámbito de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación, de la presencia de dos equipos no inventariados, que prima facie no guardan relación con las funciones del Organismo y que habrían sido utilizados para intereses ajenos a la competencia del Enargas”. En ese sentido, se instruyó “la tramitación de una información sumaria, a fin de conocer la verdad material de los hechos, así como el deslinde de las responsabilidades correspondientes”. La noticia fue difundida inicialmente por el portal Econojournal.

Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de
Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía

El ente regulador oficializó la creación de una comisión investigadora que está a cargo de Claudio De la Fuente, un directivo de carrera del Enargas que dirige el área de Recursos Humanos, y de Silvana Onorati, coordinadora de Asuntos Legales del organismo

Los servidores fueron montados bajo la gerencia de Tecnología de Comunicación e Información, cuyo titular habría presentado la renuncia tras el hallazgo de los equipos irregulares y como gerente de Tecnología era uno de los pocos que contaba con autorización para ingresar a la sala donde estaban montados, cuyo acceso requiere una validación de huella digital en la puerta de entrada. Este ejecutivo no pudo ser indagado sobre los extraños servidores instalados en su área de competencia por los investigadores.

“La renuncia es sugestiva, si no tenés nada que ocultar, no renunciás”, destacaron en el ente de control del gas.

La comisión investigadora tiene ahora la tarea de determinar cuál es la función de los equipos hallados en el área restringida –y que no forman parte del inventario del organismo–, si efectivamente estaban minando criptomonedas –en base a su potencia– y quién los adquirió e instaló. Recién con pruebas suficientes para armar un caso en la investigación interna el Enargas podrá presentarse como querellante ante la Justicia.

“En el caso en análisis, podrían existir responsabilidades que excedan lo meramente disciplinario, de contenido patrimonial, derivadas de la afectación al erario público que pudiere constatarse y la posibilidad de recupero de los montos correspondientes, cuestión sobre la que se requerirá se informe al finalizarse las actuaciones de los instructores que por la presente se designan”, puntualizó la resolución del Enargas.

El ente ordenó la apertura de una información sumaria en su ámbito tendiente al “esclarecimiento de su veracidad y en su caso de las responsabilidades pertinentes, con la cuantificación de la afectación al erario público”.

“Los instructores designados deberán elevar un Informe a esta Intervención con las conclusiones arribadas y tendrán todas las facultades conferidas por las normas de aplicación”, mientras que deberán “imponer el secreto en la referida investigación, sin perjuicio del derecho de defensa en los términos de la normativa vigente de quien pudiera corresponder”, indicó el organismo.

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