Aumentos del gas: quejas de los consumidores y la oposición a las subas que autorizará el Gobierno

En los próximos tres meses se aplicarán fuertes subas en las boletas del gas, con un índice de actualización mensual, y en abril se comenzará con un nuevo esquema de subsidios, en línea con lo informado en la audiencia pública virtual que realizó este lunes el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Las empresas pidieron aumentos de hasta el 500% en sus tarifas, aunque la decisión sobre la magnitud del incremento la tiene el Gobierno. En ese marco, asociaciones de consumidores y la oposición cuestionaron la magnitud de las subas solicitadas al tiempo que pidieron la “nulidad” del proceso.

La primera voz que cuestionó los futuros incrementos fue la del ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, quien calificó como “inadmisible” los ajustes que solicitó el privado y criticó a la gestión de La Libertad Avanza.

“Es inadmisible que en este contexto de la Argentina las empresas del sector privado vengan a plantear un incremento abusivo con un ajuste mes a mes, que rechazamos de manera clara y categórica. No venimos a poner palos en la rueda, queremos que el Gobierno entienda que hacen las cuentas al revés: aumentan los servicios y prepagas, y bajan salarios y jubilaciones. El resultado es familias angustiadas”, apuntó el hasta el 10 de diciembre ministro de Obras Públicas del ex presidente Alberto Fernández.

“No es viable un modelo en la Argentina que no incluya a la industria nacional, a los trabajadores y a la clase media. Desde la Provincia de Buenos Aires vamos a defender a nuestra gente”, agregó Katopodis.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, cuestionó la legitimidad de la audiencia realizada por el Enargas. También advirtió sobre el impacto de los aumentos propuestos por las empresas.

“No han entregado la documentación y para una audiencia pública de este tipo debe establecerse la documentación fehaciente para que los consumidores puedan discutirlo; tiene que estar en el expediente. No discuten el piso del gas en el ingreso al sistema”, dijo Bassano.

Fernando Gray, intendente del municipio bonaerense de Esteban Echeverría, interpuso el viernes pasado una acción de amparo ante la Justicia Federal con el fin de suspender la audiencia pública. Según denunció, el formato de la convocatoria –en la que se llevó adelante la “adecuación transitoria” de las tarifas de transporte y distribución de gas– impide la participación activa de la comunidad en el proceso.

“Lo que están tratando de hacer es la aplicación que quieren las empresas, a valor dólar, y al que no le gusta, se corta el gas y esto ocasiona lo que se llama pobreza energética. Es un abuso del derecho establecido en la Constitución y en el nuevo Código Civil”, calificó el titular de Aducc.

Por último, Bassano cuestionó: “Hay 6 millones de usuarios que no tienen gas natural y deben adquirir garrafas por 16.000 pesos. El gas que tenemos en nuestro subsuelo lo vamos a pagar a precio internacional. Lo único que hacen es empujarnos a una miseria eterna”.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires aseguraron que “los aumentos que proponen las empresas son desproporcionados y abusivos. De aprobarse afectaría enormemente a casi el 100% de los usuarios y llegaría a una tarifa de 150 dólares en el Amba”.

La defensora del pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, cuestionó el carácter constitucional del pedido de recomposición de las compañías: “Los usuarios son y deben ser el centro del sistema por el cual se estructuran los servicios públicos, a quienes se les deben garantizar las condiciones de accesibilidad y asequibilidad. Para ellos las tarifas deben ser justas y razonables. Sin embargo, en el diseño propuesto no se tuvo en cuenta la capacidad económica de los usuarios”.

“Existe una disociación entre la pretensión económica de los prestadores y la capacidad de las economías domésticas con la consecuente alteración del principio de razonabilidad consagrado en el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional”, ratificó.

Cabe recordar que la celebración de audiencias públicas constituye una instancia previa a la determinación de tarifas y un mecanismo que otorga previsibilidad, información adecuada y legitimidad a las resoluciones que finalmente se adopten en relación a los cuadros tarifarios. Sin embargo, no es vinculante con la decisión que deberá tomar el Gobierno nacional.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, avisó que habrá una recomposición en el precio del gas en el ingreso al sistema de USD 0,7 a USD4,1 dólares, es decir casi 500%, un renglón que representa el 36,6% de las tarifas finales de los usuarios. También informó que desde abril reemplazará la segmentación de subsidios a las tarifas de luz y gas que había implementado la gestión anterior. El nuevo esquema tendrá en cuenta el ingreso total del grupo familiar y una “canasta básica energética” para cada zona del país, por los cuales se determinará el monto de la asistencia para cada tipo de hogar.