Cuál es el estado de las empresas públicas que busca privatizar el Gobierno

El mega DNU que lleva la firma del presidente Javier Milei busca privatizar 41 empresas del Estado “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”. Un análisis privado respecto de la situación de esas firmas resalta su situación financiera y el hecho de que no todas son deficitarias.

Un ejemplo de ello es YPF, la cual en 2023 ya registró un beneficio bruto de USD 3.000 millones (sólo en 9 meses), y tiene reservas abultadas que superan los USD 16.000 que debe pagar el Estado tras el fallo adverso de la justicia de Nueva York por su estatización en 2012, de acuerdo a un informe del Centro de Economía Política (CEPA)

“La suma de recursos y reservas de YPF, tanto de petróleo como de gas, asciende a USD 310.500 millones. A esto habría que añadirles las reservas y recursos a descubrir en la formación Palermo Aike y en las áreas Off Shore”, indicó el CEPA.

Es importante mencionar que la participación estatal en YPF es del 51% y el restante 49% del paquete accionario cotiza en bolsa.

Otro caso es el Banco Nación (BNA), que se acercó en 2023 a un resultado en torno a los $700.000 millones y tiene más de $13 billones en depósitos públicos y privados.

Además, el pasado 15 de diciembre, la calificadora de riesgo FIX SCR perteneciente al Grupo Fitch otorgó al BNA la máxima calificación a corto plazo (A1+) y la segunda mejor calificación a largo plazo (AA) con perspectiva estable.

Los factores de la calificación fueron contundentes: Franquicia dominante (18,7% depósitos y 17,8% préstamos totales del sistema), buena rentabilidad (“a septiembre 23 el flujo operativo mejoró 88% interanual” sostiene el reporte), razonable calidad de activos dada la atomización de la cartera, razonable cobertura con previsiones, adecuada liquidez (activos de alta liquidez son el 48% de los depósitos), mejora en su capitalización (21% activos tangibles).

Por su parte, Aerolíneas Argentinas aseguró haber arrojado ganancias en 2023 por USD 32 millones —aunque son números provisionales y se espera la publicación de sus balances junto con la medición del impacto de un préstamo del fondo de Anses en sus cuentas— y “su servicio en la conectividad de cabotaje permite que existan 21 ciudades sólo con vuelos realizados por la aerolínea de bandera, y que dejarían de existir con la política de cielos abiertos: Resistencia, Rio Gallegos, Rosario, Santa Rosa, Catamarca, Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Paraná, San Juan, Viedma, Rio Grande, Rio Hondo, Rio Cuarto, San Rafael, Bahía Blanca, Reconquista, Mar del Plata, Esquel y Merlo”, destacó el informe.

Respecto a otras empresas públicas, el CEPA señaló: “Si la intención es que el Estado abandone la inversión en infraestructura estratégica como el gasoducto Néstor Kirchner, en cloacas y agua potable y en nuevas vías férreas para trenes de carga y pasajeros, desde ya, tanto IEASA (ex ENARSA) como AYSA y Trenes Argentinos dejarían de tener sentido. Estas empresas representan el grueso de las transferencias del Tesoro (el 90% del punto de PBI que supone el total del déficit de empresas públicas)”.

“Además, ello incluye transferencias de capital y no sólo para financiar gasto corriente. Por todo esto, la venta de estas empresas al sector privado significaría la pérdida de estos servicios esenciales”, agregó.

En el listado de empresas que se buscan privatizar también se encuentra Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), la cual tiene a su cargo Atucha I y Il y la Central de Embalse. El CEPA destacó su carácter estratégico ya que producen energía nuclear limpia y permite la diversificación de la matriz energética con tecnología propia, argentina.

En tanto, Dioxitek SA realiza el procesamiento del uranio concentrado para abastecer los reactores nucleares. La tecnología para la fabricación de polvo de uranio y cobalto escasea en el mundo. Sólo dos países poseen tecnología similar: Brasil y Suecia.

Las privatizaciones también suponen poner en riesgo miles de puestos de trabajo: según un relevamiento de infobae, las 10 empresas públicas con más empleados son Operadora Ferroviaria S.E (23.833), YPF (22.330), Banco Nación (17.820), Correo Argentino (16.967), Aerolíneas Argentinas (11.915), AYSA (7.788), Belgrano Cargas y Logística SA (4.634), Corredores Viales SA (3.967), Nucleoeléctrica Argentina SA (3.188) y Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. (2.472).

En cuanto a los ferrocarriles, previo a la publicación del DNU el ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro ya había adelantado la intención de privatizar las empresas de ferrocarriles: “La orientación nuestra es ‘todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga, y retirar al Estado de la economía’. Ese es el vector con el cual trabajamos. Lo que sucede es que hay distintas formas de hacerlo y distintas actividades e industrias del ferrocarril”.

“Una cosa es el ferrocarril que transporta pasajeros y otra el de cargas. Y después está también una estructura que se quiso hacer en los 90′. Cuando se privatizaron, se trató de traer el modelo europeo por el cual se creó una empresa que administre la infraestructura y otra que administre la operación ferroviaria. Eso estaba planteado así como un sistema que se llama Open Access (acceso abierto), pero nunca se implementó. Es esto de que las vías estén a cargo de una empresa y que por ello cobre un canon a quien las use”, dijo el funcionario en Radio Mitre acerca de un posible modelo de privatización.

Actualmente, “está todo mezclado y sobre esas dos estructuras más otras que se crearon, se crearon empresas de empresas y sobre eso una empresa madre que se llama Ferrocarriles Argentinos. Todo eso que está por arriba es burocracia que se ha creado de una manera inútil y que encarece todo el sistema”, consideró.

Sin embargo, esta visión es aparentemente opuesta a la del secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, quien participó en la elaboración de un estudio sobre el sistema ferroviario que a su juicio “debiera ser una política de Estado”

En abril de 2023, Vilella y Claudio Molina, investigador y estudioso del sector agropecuario y, en particular, de los biocombustibles, presentaron un estudio en el que afirmaron la necesidad de que se discuta y se sancione en el Congreso un proyecto de ley de reparación histórica de los ferrocarriles argentinos.

El plan Vilella-Molina apunta a un plazo de 40 años, incluido un tramo inicial de 10 años para el desarrollo de la infraestructura y material rodante, y los restantes 30 para concretar inversiones que permitan la consolidación de la recuperación de participación relativa de los ferrocarriles en el transporte argentino.

“En cualquier modelo estratégico nacional que busque una integración al mundo desde una perspectiva de desarrollo territorial equitativo, el ferrocarril recupera un rol sustantivo. Esto no está sostenido en cuestiones afectivas sino en datos concretos y fehacientes. Conseguir consensos para lograr una política de estado en torno a la reparación histórica de los ferrocarriles es central y debe intentarse que sea parte del debate político en este año bisagra. Hay mucho trabajo técnico ya hecho, lo que da sustento a un cauto optimismo en el sentido que esta vez podemos estar nuevamente a la altura de las necesidades vitales y futuras de nuestra gente”, había dicho el secretario en diálogo con enelSubte.