Los capitanes de pesca abrieron una puerta para negociar con el Gobierno el nuevo esquema para la actividad

A pocas horas de difundirse el proyecto de ley conocido como “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, actores políticos, empresarios y sindicales salieron a adoptar una posición. Para el caso de la industria pesquera la nueva normativa para el sector mereció el rechazo unánime tanto de trabajadores como de empresarios, al considerar que de aprobarse la ley se derogaría de facto la llamada Zona Económica Exclusiva (ZEE), abriendo la pesca en dicha zona a todas las banderas del mundo, contrariando lo normado por la ONU mediante la llamada Ley del Mar.

En las últimas horas, desde el gremio con mayor representatividad en el ámbito de la pesca (Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca) y con la firma de su titular, el capitán de pesca Jorge Frías, se lanzó una propuesta, cuanto menos innovadora, en materia de reclamos sindicales.

“El proyecto de Ley Ómnibus enviado al Congreso por el presidente Javier Milei plantea cambios significativos en el Régimen Federal de Pesca. La propuesta ha generado una profunda preocupación en varios frentes del sector pesquero y un debate mediático intenso entre quienes respaldan la medida y aquellos que la critican fuertemente”, inicia el comunicado difundido a media tarde de este martes y enviado con formato de nota a la Presidencia de la Nación.

Y en la misma línea, prosiguió: “Desde la óptica de las entidades críticas -tal el caso del Centro de Patrones Fluviales- la canciller Diana Mondino ha realizado comentarios despectivos hacia los trabajadores del sector pesquero dada su falta de conocimiento sobre la actividad, siendo que esas descalificaciones a los gremios y sus afiliados han generado tensiones y enfrentamientos”.

Asimismo, Frías –quien, además de dirigente sindical, es director de la Liga Naval Argentina– sostuvo: “Entre las principales preocupaciones expresadas por las cámaras y gremios pesqueros se destacan: la pérdida masiva de empleos y las nefastas consecuencias que vendrían de la mano de la apertura de los mares al mundo, entregando permisos de pesca de forma irrestricta”.

“Por otro lado, aquellos que defienden este cambio normativo argumentan a favor de una mayor liberalización en el sector pesquero, abriendo puertas a nuevas oportunidades y una visión más flexible sobre la explotación de los recursos marinos”, reconoce el comunicado de los capitanes de pesca.

Sin pronunciarse en defensa de uno u otro extremo, la entidad que preside Frías propone que se convoque al Congreso Nacional a los propios profesionales del mar como expertos en la problemática con el propósito de ilustrar al oficialismo y la oposición sobre la realidad del sector.

Lejos de sumarse a alguno de los planes de lucha sindical actualmente en desarrollo, la propuesta de los capitanes de pesca representa -según la visión de distintos especialistas del sector- una mirada , cuando menos, superadora y novedosa de afrontar la situación.

En diálogo con este medio, el capitán Frías indicó: “El proyecto para la renovación del Régimen Federal de Pesca ya fue decidido por el Ejecutivo y publicado; de poco sirve confrontar con el equipo del Presidente y distraer la gestión del gobierno de sus otros objetivos, los que seguramente tendrá en cartera”.

-¿Entonces usted descarta el plan de lucha que otros gremios enrolados en la CGT plantean?

-Hace catorce años venimos demandando una nueva Ley de Pesca y, aunque este proyecto no es lo pensado, aquí tenemos la posibilidad de debatir todo en el ámbito legislativo y con los diputados y senadores correspondientes. Entiendo que la democracia se defiende ejerciéndola y no cuestionándola.

-¿Considera que una entidad gremial como la que encabeza puede debatir sobre política pesquera?

-En la actualidad, la Asociación de Capitanes no solo defiende cuestiones relativas a las condiciones laborales de nuestros asociados. Desde que creamos el CESMAR (Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino) ponemos toda nuestra experiencia a disposición de las distintas autoridades no solo para este tema en particular, sino que contamos con profesionales de todas las áreas que hacen a nuestra actividad.

Sobre este aspecto, Frías subrayó: “Asimismo deseamos ser convocados a debatir en las distintas comisiones que terminen involucradas en esta temática, ya que entre todos sabemos nutrir a los legisladores y lograr una nueva Ley de Pesca sin arrollar los derechos adquiridos de quienes forjaron una de las principales industrias de alimentos y crearon muchos puestos de trabajo, entre los que obviamente se encuentran los de los capitanes de pesca”.

“Es posible perfeccionar la Ley para beneficio de todos: del gobierno como gestor, de los empresarios como inversores, de los trabajadores en general y todo el esfuerzo recaerá en el beneficio de todos los argentinos. Veo innecesario y, en todo caso, prematuro confrontar con el gobierno. El diálogo es el camino”, concluyó el referente del personal embarcado de los barcos pesqueros.

Por su parte, un grupo de gobernadores de provincias con litoral marítimo se pronunció rotundamente en contra de las modificaciones al Régimen Federal de Pesca.

Entre los principales puntos cuestionados se destacan la eliminación de la obligación de descarga de la pesca en puertos argentinos, con la consecuente pérdida de mano de obra nacional en las factorías terrestres, la competencia desigual en la asignación de cupos de pesca, ya que resultará lo mismo contar con antecedentes de buen desempeño o no tenerlos, y la eliminación de la obligatoriedad para las empresas de contratar mano de obra nacional.

Los gobernadores patagónicos también reclaman por la posible pérdida de representatividad de sus respectivas provincias en la fijación de la política pesquera nacional, toda vez que las reformas propuestas recortan en gran parte las atribuciones del Consejo Federal Pesquero, integrado por representantes provinciales y nacionales.

Infobae pudo saber que, dada la gran cantidad de rechazos que la reforma propuesta ha generado y considerando que no hay antecedentes a nivel mundial de países que resignen voluntariamente la exclusividad de extracción pesquera dentro de su ZEE –salvo aquellos que no tienen flota propia–, tanto desde la Cancillería como de parte del Ministerio de Economía existe predisposición para escuchar propuestas alternativas.