Las transferencias automáticas a las provincias por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones finalizaron el 2023 con una fuerte caída. El Gobierno nacional ya avisó que en 2024 reducirá al mínimo los giros discrecionales, como parte de la hoja de ruta del recorte fiscal que encaró el ministro de Economía, Luis Caputo. Además, continúa la disputa con los mandatarios del interior por la compensación de la última reforma del impuesto a las Ganancias que comenzó a regir este martes.
Sin embargo, no todos los distritos tienen la misma dependencia de los fondos que envía Nación. En definitiva, el ajuste no tendrá el mismo impacto para todas las provincias, algo que además dependerá de los niveles de endeudamiento consolidado hasta el momento
Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) detalló que de los distritos con deuda en moneda extranjera la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Neuquén son las de mayor autonomía, ya que los ingresos nacionales representan el 13,5% de su ingreso para la primera y el 20% para la otra. Todas las demás muestran ratios superiores al 30%, en donde Chubut con el 34,5% es el tercero más bajo.
En la cima del podio, añadió PPI, está Jujuy, ya que las fuentes nacionales representan el 83,2% del ingreso total, seguida por La Rioja y Chaco con ratios del 79,9% y 71,5%, respectivamente.
“A pesar de ser la provincia más dependiente del gobierno nacional, Jujuy tiene algunas ventajas relativas en comparación con otros distritos en esta muestra. Mantuvo un abultado balance primario del 12,5% del ingreso total hasta el segundo trimestre, lo que da margen para reducir los ingresos y seguir manteniendo el superávit. Además, considerando una rápida eliminación de los controles de cambios, la provincia tiene una perspectiva económica prometedora debido a que la producción de litio podría expandirse, permitiendo mayor recaudación de impuestos provinciales (el Impuesto a los Ingresos Brutos representa solo el 11,1% del ingreso total) y, como resultado, disminuir su dependencia de los recursos nacionales”, mencionó la sociedad de bolsa.
“Es probable que aquellas provincias gobernadas por partidos políticos más alineados con La Libertad Avanza tengan mayores posibilidades de negociar una menor racionalización en las contribuciones por parte de la Nación. De esta manera, consideramos que PBA, La Rioja y Tierra del Fuego, gobernadas por peronistas, tendrán menos suerte. Dado que estos gobernadores registraron déficits fiscales en el segundo trimestre, esperamos que los desequilibrios aumenten en 2024″, proyectó PPI.
Según el ranking de calificación crediticia que realizó la sociedad de bolsa, sobre cinco criterios relevados hasta el segundo trimestre del año pasado, CABA continúa primero como la mejor perfilada. Le siguió Mendoza y el podio lo completó Jujuy por sus oportunidades en el mercado del litio además de la expectativa por la quita de los controles de cambios. Córdoba se mantuvo en el cuarto lugar, seguido por Neuquén, Entre Ríos, Chubut, Chaco, Tierra del Fuego, Santa Fe y Buenos Aires.
El año pasado finalizó con una fuerte merma de las transferencias automáticas a las provincias por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. La baja fue de casi 14% en términos reales según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) basado en datos oficiales. Así, se cortó con una racha de dos años consecutivos de crecimiento.
La explicación se encuentra, en parte, por el mal desempeño en la recaudación del impuesto a las Ganancias tras la última reforma y los bajos niveles de ingresos por IVA. De todos modos, si bien se redujeron respecto al 2022 los giros se encuentran en los niveles más altos de los siete años previos.
En los próximos meses, las transferencias a las provincias darán de qué hablar. En medio del ajuste fiscal que propone el presidente Javier Milei para 2024, los mandatarios del interior reclaman una compensación por la quita de Ganancias que se votó en el Congreso durante la campaña electoral. El Gobierno nacional espera una reversión de los cambios en el tributo, pero quiere compartir con los gobernadores el costo político de volver a incluir a los asalariados de la cuarta categoría, y aplicar una reducción de los envíos de fondos discrecionales como parte de la hoja de ruta para llegar al déficit cero.