En 2023 la Argentina tuvo su menor participación histórica en las exportaciones mundiales: ¿la desregulación y una nueva política exterior podrán revertir la tendencia?

Con 0,25% del total, la Argentina terminará 2023 con la menor participación histórica en el total mundial de exportación de bienes y servicios. Es un fuerte retroceso respecto del 0,4% del año 2000 y del 0,43% que llegó a detentar en 2010, año favorable tanto por el resultado de la cosecha y la producción agroindustrial como por los precios internacionales de las materias primas.

Si la mirada se extiende en el tiempo la caída es aún más notable. Con datos restringidos a la exportación de bienes (sobre servicios la información local e internacional es más limitada; los flujos de ese tipo se volvieron importantes recién en las últimas décadas), Marcelo Elizondo, especialista en comercio internacional y cabeza del capítulo local de la Cámara Internacional de Comercio, precisó que la participación argentina cayó de un máximo de 2,7% en 1945 a 1% en 1955 y –como muestran los datos por lustro- siguió perdiendo peso ininterrumpidamente, hasta llegar al 0,5% en 2020. Abarcando todo el período, se infiere que en casi 80 años, el país perdió más de 81% de peso relativo en las exportaciones mundiales.

Algo parecido, agregó Elizondo, sucedió con la cuota argentina en el stock de inversión extranjera directa (IED) global; de 0,9% en el 2000 retrocedió al 0,2% estimado para este año. “Y eso que la Argentina exagera los datos, pues considera como IED la reinversión de utilidades forzada por el cepo”, dijo el experto a Infobae.

En cuanto a las exportaciones. el piso histórico de 2023 se debió en parte a la sequía. Pero no es solo eso. La caída de las ventas fue inevitable en productos primarios, pero las de las ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y de Origen Industrial (MOI) fue en parte autoinfligida. La menor producción agrícola se podía haber compensado mejor importando, por ejemplo, más soja de Paraguay, para el polo de crushing cerealero en torno de Rosario; pero los cepos, la parafernalia burocrática y la falta de divisas lo impidieron. Lo mismo vale para la industria, que depende de un flujo regular de importaciones; el 90% de lo que la Argentina importa se usa en la producción, desde máquinas hasta insumos, energía y materia prima. dice el especialista. Importar menos es también exportar menos.

¿Pueden revertir esa tendencia secular del país a irse del mundo las medidas desregulatorias que impulsa el gobierno mediante el mega-DNU 70 y la ley ómnibus enviada al Congreso y una reorientación de la política exterior?

Según Elizondo, hay diferentes planos de análisis. Hay una eliminación, muy marcada, de regulaciones obstructivas, como las SIRA, hasta la prohibición de prohibir exportaciones, suerte de sello de identidad del DNU. La eliminación de regulaciones, dice el experto, facilitará los flujos comerciales, e internamente hará su parte vía aumento de productividad y rebaja de costos, para competir “en un mundo que exige mucho dinamismo”. Pero de otra parte, advirtió, siguen existiendo, incluso aumentados, los derechos de exportación, el impuesto PAIS y aranceles altos, que no se pueden tocar, pues son materia del Mercosur, y el tipo de cambio oficial sigue en manos del BCRA. Ergo, se mantienen instituciones del “viejo régimen”. El propio gobierno dice que no le gustan, pero alega no poder prescindir de ellas.

Por otra parte, dijo Elizondo, la reacción negativa inicial de un sector como la agroindustria, origen de más de 60% de las exportaciones de bienes del país, que adelantó que hará lobby en el Congreso para revertir el aumento de retenciones, indica que no valora lo suficiente la licuación de costos y mejora de ingresos derivada de la devaluación ni las mejoras de productividad que pueden resultar de la desregulación. En el nuevo contexto, subrayó, la prioridad debe ser aumentar la competitividad. “Algunos no ven bien el riesgo en que estamos. Deberían interpretar mejor el contexto y en cambio hacer lobby para que en 2025 las retenciones empiecen a bajar o el gobierno se comprometa a reducirlas a cero porque, ¿qué pasaría si el gobierno tiene una derrota política?”, se preguntó el experto.

Otro riesgo es el ideologismo en política exterior, pero de signo contrario al de los años kirchneristas. Al respecto, Patricio Giusto, director del Observatorio Sino-Argentino de la UCA, advirtió a Infobae la posibilidad de que el gobierno cruce una “línea roja” en la relación con Beijing y revierta (o sugiera que podría hacerlo) la tradicional posición de política exterior argentina de “una sola China”, yendo más allá de las relaciones económicas con Taiwán, confusión que puede haber surgido de un comentario de la canciller Diana Mondino en su reunión con el enviado chino a la asunción presidencial de Javier Milei.

De hecho, Giusto consideró infantil y riesgoso el gesto del diputado provincial mileísta Agustín Romo (muy activo en redes sociales en la campaña y militante de La Libertad Avanza) de postear en X una foto de su visita a la Oficina Comercial de Taiwán en la que recibió de regalo “300 cajas navideñas para los más necesitados que vamos a estar repartiendo en la Provincia de Buenos Aires. Un ejemplo para el mundo libre”.

“Esto es GRAVÍSIMO y tendrá esperables consecuencias. Lamento muchísimo esta política exterior evidentemente sin conducción ni visión, que no está cuidando el interés nacional y le puede hacer perder a la Argentina una oportunidad histórica. ¿En qué están pensando?”, reposteó entonces Giusto, quien destacó a Infobae que otro posteo de Romo fue reposteado por la propia canciller Mondino.

“Del lado chino ya quedó sembrada la duda de si la Argentina piensa revisar la política de una sola China. Es un tema ultra-sensible, una línea roja de Beijing”, dijo Giusto, quien recordó que la respuesta a gestos de ese tipo podrían llega al pedido de devolución de la parte ya usada por la Argentina del “canje de monedas” del BCRA con el Banco Central de China y a represalias comerciales, como las que Beijing impuso en su momento a Australia (fortísimos sobre-aranceles a las compras de carbón, hierro, cereales, carnes y vino, entre otros productos) a raíz dela insistencia del país oceánico en investigarla por el origen del Covid.

Paradójicamente, el gobierno también pidió al Congreso que ratifique el Convenio bilateral con China para evitar la doble imposición tributaria sobre las empresas chinas que actúan en el país, gesto que quedó envuelto en el mismo pedido para convenios similares con Japón, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos y Turquía.

Por otra parte, dijo Giusto, el gobierno rechazó expresamente la invitación a sumarse a los BRICS subestimando que la agrupación incluye a los dos principales socios comerciales, Brasil y China del país, desde donde en los primeros 11 meses de 2023 provinieron más de 43% de las importaciones y hacia donde se dirigieron más de 25% de las exportaciones argentinas. Cabe notar, sin embargo, que la caída de casi 37% de las ventas al gigante asiático hizo que en ese período las exportaciones destinadas a EEUU (8,3% del total) sobrepasen levemente las destinadas a China (8%). Es destacable además que en igual lapso de tiempo las ventas a dos países vecinos y de economías pequeñas como Chile y Perú superen, sumadas, en casi 39% las ventas a China.

Por otra parte, dijo Giusto a Infobae, el gobierno reinició gestiones para ingresar a la OCDE, proceso en el que la Argentina ya fue aventajada por Brasil, que no por ello dejó de pertenecer a los BRICS. Incluso Uruguay ya se incorporó al banco de los BRICS y podría recibir créditos de los que prescinde la Argentina, como hizo con las vacunas de Pfizer que demoró en ingresar y aplicar el gobierno de Alberto Fernández.

Paradójicamente, la numerosa flota de buques chinos que pesca y depreda en la “Milla 201″ del Mar Argentino sería la principal beneficiada por el fin de la Zona Económica Exclusiva (ZEE, hasta 200 millas marinas de la costa) incluida en el proyecto de ley ómnibus enviado para su tratamiento en el Congreso.

La medida liberaría el Mar Argentino a barcos y flotas extranjeras aguas tradicionalmente reservadas a pesqueros de bandera argentina, alertaron desde el sector pesquero. “Una reforma, en los términos del proyecto de ley pondría en riesgo la sustentabilidad de los recursos. (…) La pesca argentina ha venido advirtiendo sobre la crisis que la afecta y cambios de este calibre no harían más que profundizarla”, expresó Intercámaras pesqueras en nombre de una industria que –dijo- “genera más de 46.000 puestos de trabajo directos, tiene más de 140 plantas procesadoras y frigoríficos autorizados a exportar, más de 1.000 buques pesqueros y reporta divisas al país por casi USD 2.000 millones al año”.

“Desregulan los permisos de pesca, hay que licitar cuotas, eliminan la obligación de bandera y tripulación argentina; es una ley de laboratorio”, dijo un dirigente de Intercámaras. Un exmiembro del Consejo Federal de Pesca fue más tajante: “es un plan hecho por porteños, una entelequia”, señaló.

La Cámara de la Industria Naval (CIN) marplatense, por su parte, pidió que el Congreso rechace los artículos 242 a 253 del proyecto y advirtió que los efectos negativos “han sido inmediatos, porque la mera difusión de estas intenciones ha generado la suspensión de contratos y del inicio de nuevas construcciones para renovar la flota nacional”, lo cual -puntualizó- “es paradójico, porque la expansión de la Industria Naval está mencionada en el primer punto del Capítulo de ‘Tecnología e Infraestructura’ de la plataforma electoral de La Libertad Avanza”.

Por su parte, el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), que entre otras cosas investiga la pesca ilegal (en particular, de la flota china) en la “Milla 201″ e incluso dentro de la ZEE, advirtió que el proyecto oficial “elimina la descarga obligatoria en puertos argentinos, abre la posibilidad de descarga en otros países o trasbordos en alta mar, posibilita pesca ilegal, falta de transparencia y trazabilidad, perjudica economías locales costeras en cuanto a empleo, desarrollo portuario y ambiente” y subrayó que la apertura al ingreso de empresas involucradas en pesca ilegal convalidaría también “el abuso de Derechos Humanos y el crimen organizado”.

El artículo 252 del proyecto –concluyó el CPA- “permite que pesqueros que operen en el Mar Argentino lo hagan con totalidad de tripulación extranjera, capitaneados por extranjeros lo cual tendría serias implicancias sobre soberanía y seguridad nacional y posibilitaría el aumento de la depredación”.

En cuanto a la reanudación del proceso de incorporación a la OCDE, que ya anunció Mondino, un análisis circulado por Ricardo Mihura Estrada, del estudio Leverone y Mihura Estrada (Lyme) advirtió que abrazar el estándar de OCDE impondría una carga regulatoria y fiscal “muy pesada” y no alineada “con los problemas reales ni con las urgencias de la Argentina”. No sería una buena noticia que el país se cargue esas mochilas, dice el análisis, que recuerda además que la OCDE “no es una zona de libre comercio”.

También Giusto advirtió tensión entre la ansiedad del gobierno por sumarse a ese selecto club y las críticas de Milei, durante la campaña electoral, a la “Agenda 2030″ contra el cambio climático, que comparten la OCDE y la Unión Europea.

Elizondo señaló, en cambio, que si bien la OCDE y Europa tienen un paradigma regulador “demasiado ambicioso” en temas ambientales, sanitarios, de seguridad informática, uso de la Inteligencia Artificial y otras cuestiones, la Argentina podría incorporarse sin suscribir esa sobre-regulación. “Trump desreguló y EEUU no se fue de la OCDE. Irlanda (caso extremo de desregulación y facilidades fiscales) está en la OCDE. Se trata de un Club de buenas prácticas y desde ese punto de vista sería un beneficio que estemos allí, porque tenemos muy mala reputación”, dijo a Infobae.

Del mismo modo, aparte de la mutua simpatía que se profesan el presidente Milei y Elon Musk, cofundador y principal accionista de Tesla, el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo, y Starlink, proveedor global de servicios satelitales de internet, el gobierno parece apostar a la asimilación de la Argentina como proveedor de “minerales críticos” (como el litio) de EEUU en el marco de la ley de “reducción de la inflación” que otorga beneficios fiscales a los fabricantes y a los compradores de vehículos eléctricos hechos en o con baterías y minerales críticos de países con los cuales EEUU tiene acuerdos de libre comercio.

Hoy por hoy, el litio argentino está en desventaja en EEUU respecto de Australia y Chile, primer y segundo productores mundiales del mineral. Es improbable que la elección de la secretaria de Energía de EEUU, Jennifer Granholm, como enviada de Washington a la asunción de Milei haya sido casual. Luego, además, el Tesoro de EEUU envió en visita a Buenos Aires al subsecretario internacional, Jay Shambaugh. El Tesoro es la agencia del gobierno norteamericano que dispuso la discriminación fiscal a los vehículos eléctricos con baterías chinas o en base a minerales y componentes controlados por China.

En Catamarca, mientras tanto, trabajadores de la minera china Zijin, que opera el proyecto “Tres Quebradas”, pronto a entrar en la fase de producción de carbonato de litio, denunciaron en Fiambalá el incumplimiento del esquema de trabajo 1x1 (en forma de 7x7 o 14x14) en días de trabajo y descanso, de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y la aplicación de un sistema 5x2 “con exceso de horas de trabajo”. Además señalaron que se ven “cada vez más chinos trabajando en las distintas contratistas”, en probable violación de normas que fijan mínimos de participación de trabajadores locales o provinciales. En tanto, en Nueva Delhi el diario Business Standard publicó que la India (rival regional de China, pero también socia en los BRICS) está “en los tramos finales” de un acuerdo para explorar y desarrollar “cinco bloques de litio” en Catamarca mediante un acuerdo entre Khanisj Bidesh India Ltd (Kabil) y Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (Camyen), una empresa del estado provincial.