El Gobierno de Javier Milei deberá maniobrar su idea de fuerte ajuste de las cuentas públicas no solo frente al déficit fiscal con el que cerrará el 2023 sino también de una deuda “invisible”: se trata de los pagos atrasados o pisados por el sector público y que están pendientes de cancelación, ya sea por transferencias, pagos de obra pública y otros ítems. Esa deuda flotante heredada de Sergio Massa hacia Luis Caputo orilla los 2 billones de pesos y pondrá bajo presión el equilibrio fiscal que busca el equipo económico.
Los últimos datos de la Tesorería General de la Nación, a los que tuvo acceso Infobae, muestran que el stock de pagos atrasados volvió a pegar un leve salto en noviembre, el último mes de gestión completa de Alberto Fernández. A esa altura del año la deuda flotante redondeó 1,952 billones de pesos. Implicaría así un crecimiento de 225% en el último año y de 147% desde que comenzó el 2023.
Para algunos analistas, ese recurso es interpretado como una manera de “financiamiento indirecto”: el ritmo de pagos que realiza efectivamente el Estado le da margen para que su balance de “base caja”, el método contable que toma en consideración el FMI, le dé con números suficientes. Así, por ejemplo, suele verse un salto en la cantidad deuda flotante sobre el final del año, para que los números fiscales muestren una foto menos deteriorada.
Los últimos datos de la Tesorería General de la Nación muestran que el stock de pagos atrasados volvió a pegar un leve salto en noviembre y redondeó 1,952 billones de pesos
“La deuda flotante tiene un rol clave para explicar la dinámica del gasto. En los últimos meses, el atraso en los pagos fue uno de los principales instrumentos del Gobierno para contener el gasto en base caja. Esto se verifica con el salto y la posterior normalización de la deuda flotante en los cierres trimestrales, es decir, para los meses en los que el Gobierno debía cumplir con las metas fiscales pactadas con el FMI”, explicó un informe de la consultora Ecolatina.
En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos.
La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no. Este tipo de pasivos no está incluido en las estadísticas oficiales de deuda pública, por lo que suele considerarse una deuda “invisible”.
La deuda flotante forma parte de las metas consideradas de segundo orden de importancia en el programa -como la del piso de gasto social o el tope de intervención en el mercado de futuros- pero el Fondo Monetario le asigna un lugar especial a esa cifra. La cifra techo establecida para 2023 había sido de $1,18 billones al cierre de cada trimestre, equivalente -al momento de diagramarse el acuerdo- a 0,8% del PBI. Por efecto de la inflación ese objetivo fue redefinido en agosto y pasó a ser, así, de $1,36 billones.
Si bien la métrica no es lineal ya que el Fondo Monetario suele tomar en consideración promedios trimestrales para medir si el Gobierno cumplió o no con la meta de deuda flotante, los números del último trimestre del año parece estar bien por encima del límite exigido por el FMI. Con el cambio de autoridades y la intención de Caputo y su equipo de renegociar el acuerdo, esas metas comenzaron a perder referencia.
El acuerdo todavía vigente registró grandes incumplimientos en las cifras principales de macroeconomía, como el déficit primario y la acumulación de reservas en el Banco Central. A pesar de eso, Washington habilitó giros de divisas a la Argentina hasta agosto, tras la última renegociación que duró cuatro meses. Fueron USD 7.500 millones. Quedó pendiente, así, un último desembolso de USD 2.500 millones.
Caputo descartó, en un comentario desde su cuenta de X, que estuviera en el radar una negociación por unos USD 15.000 millones netos, lo que implicaría la puesta en marcha de un programa nuevo. “Falso”, respondió
Este lunes por la noche el ministro Caputo descartó, en un comentario desde su cuenta de X, que estuviera en el radar una negociación por unos USD 15.000 millones netos, lo que implicaría la puesta en marcha de un programa nuevo. “Falso”, respondió, lacónico, a una consulta de un usuario en esa red social. El jefe del Palacio de Hacienda sí aprovechó también su noche tuitera para asegurar que revisarán las partidas presupuestarias de fondos fiduciarios.
En el Palacio de Hacienda mantienen hermetismo sobre el carácter de la negociación actual con el Fondo Monetario, que tras el primer encuentro presencial en los Estados Unidos continuó por otras vías, entre reuniones virtuales y visitas de funcionarios del Tesoro norteamericano a Buenos Aires. Hubo cambios de nombres propios en la mesa de diálogo pero también continuidad: el director argentino ante el board del organismo será Leonardo Madcur, quien fue el negociador de Massa con Washington.
En el equipo económico hay confianza en que pueda existir financiamiento próximo por parte de Washington. Entre otras cosas, porque el plan de ajuste fiscal es mucho más ambicioso de lo que exigía el FMI. El recorte del déficit que preveía el acuerdo todavía vigente con el Fondo Monetario era para 2024 de un punto del PBI, desde 1,9% hasta 0,9% del Producto. El que anunció Caputo será un ajuste cinco veces más grande.