Aún con la magnitud y la extensión del DNU conocido anoche y defendido por el propio Javier Milei en cadena nacional, quienes participaron de su elaboración aseguran que sus casi 366 artículos son solamente un primer paso. “¿Esto le parece mucho? Al revés, es poco. Este DNU es la punta del iceberg, viene mucho más”, explica a Infobae uno de sus principales autores para detallar la ambiciosa estrategia del flamante gobierno para transformar de raíz a la economía.
En el Gobierno nadie ignora que muchas de esas normas son susceptibles de ser judicializadas e imaginan por estas horas a decenas de abogados que representan a “la casta” –política, empresarial, sindical– preparando amparos y otros recursos. “Sabemos que muchos van a ir a la Justicia pero no hay que rasgarse las vestiduras. No va a ser fácil ir contra la idea de un país con mayor competencia y más libertades. El que lo haga va a quedar muy expuesto como casta”, agregan en el Gobierno con la certeza que “se tocan intereses” con cada línea de las 83 páginas del decreto.
La concepción del plan es un punto de partida y no de llegada. Milei puso en juego todo aquello que entiende que puede ser modificado a través de un DNU. Eso excluye, por ejemplo, cualquier modificación tributaria, que requiere cambios en el Congreso. Así, quedaron afuera los regímenes de promoción industrial, como el de Tierra del Fuego y los de otras provincias. Solo se derogará una ley marginal, con disposiciones caídas en desuso.
En lo conceptual, todas las disposiciones del DNU se engloban en tres áreas: la defensa de las libertades individuales, la eliminación de privilegios de “la casta” y la desregulación económica
También queda para un segundo paso la reforma del estado, que requerirá otros instrumentos y, seguramente, otros tiempos políticos. E incluso la derogación mucho más profunda de un conjunto de 150 leyes tan antiguas como insólitas, que algunos en el gobierno llaman “la hojarasca” del sistema legal argentino.
El contenido del DNU de la desregulación tuvo su génesis en el equipo de Federico Sturzenegger, quien lo preparó para la campaña de Patricia Bullrich, tal como atestigua un video viralizado por estas horas en las redes. El ex presidente del BCRA, de largo vínculo personal con Milei, lo acercó y lo cotejó con el gabinete, por lo que pasó el tamiz de todos los ministros. En esa tarea, Sturzenegger tuvo como interlocutor esencial a Eduardo Rodríguez Chirillo, el secretario de Energía.
Tres grandes líneas
Desde allí se plantearon tres grandes líneas para incluir en un solo ordenamiento tantos temas tan disímiles entre sí. En lo conceptual, todas las disposiciones del DNU se engloban en tres áreas: la defensa de las libertades individuales, la eliminación de privilegios de “la casta” y la desregulación económica.
En esas tres canastas hay que buscar cada medida. Y sobran ejemplos en cada caso. En el gobierno resaltan la modificación del artículo 958 del Código Civil y Comercial, que en su redacción original decía que en un contrato las partes son libres para fijar su contenido. Ahora se agrega un concepto clave: nada estará por encima de la voluntad de las personas que sellan un acuerdo y las leyes serán “de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresada” en el contrato. La ley aparece solo cuando los individuos no acordaron algo.
Esto aplica a cualquier clase de contrato. Y en el caso de los alquileres, implica que locador y locatario pueden acordar todo lo que deseen y que solamente cuando dejen algo sin arreglar, se aplicará el Código u otra ley específica. “Esto es un shock de liberalismo”, le escucharon decir a Sturzenegger para explicar la importancia de ese punto.
También se destaca en este punto la posibilidad de los afiliados a obras sociales a derivar la totalidad de sus aportes a una obra social sindical o a una prepaga, según su libre elección, sin dejarle una parte al sindicato. O se elimina los aportes sindicales obligatorios para quienes no están afiliados a un gremio, salvo acuerdo explícito. En el Banco Central, Sturzenegger consiguió reducir el “aporte solidario” a la Asociación Bancaria.
A “la casta” gremial se le apuntó por otras vías. El DNU propone el fin de la ultractividad sindical y también promueve los convenios similares al empleado por el gremio de la construcción, la Uocra, para crear un fondo de indemnizaciones y así bajar la litigiosidad.
También se modifican las sociedades del Estado, que desaparecen bajo su formato actual. Todas las empresas estatales serán sociedades anónimas y se regirán por ese régimen normativo, lo que facilita su transferencia a actores privados. En el caso de Aerolíneas Argentinas, se especifica que podrá pasar a manos de sus empleados el 100% de sus acciones y no solamente el 10% como hasta ahora.
La línea “anti-casta” se refleja en muchísimas otras decisiones, como modificar el Código Aduanero para que ya no sea necesario registrarse como importador o exportador, ya que eso se refleja como una barrera de entrada al comercio exterior para las pymes que protege indebidamente a las grandes empresas. O la eliminación de las leyes que rigen la actividad turística (ley de hotelería, ley de tiempo compartido, etc.) para que no haya monopolios y no sea necesario registrarse para prestar servicios turísticos.
La tercera gran línea conceptual que reside atrás del DNU tiene que ver con la desregulación económica pura, orientada a facilitar la actividad empresarial. En medio de la impronta fiscalista del nuevo gobierno, aparece la eliminación de restricciones y burocracias como un modo de impulsar el desarrollo. Allí se mezclan la eliminación de la ley de Góndolas, la ley de Abastecimiento o el Observatorio de Precios del ministerio de Economía “para evitar la persecución de las empresas”.
También se prevén desregulaciones para algunos sectores como la minería, la industria azucarera, la vitivinicultura, los servicios de acceso a Internet, las tarjetas de crédito y hasta la yerba mate.
En esas tres líneas espera basarse el Gobierno para dar pelea todos los sectores que indudablemente se opondrán a muchas de estas normas, tanto en los tribunales como en el Congreso y en las calles. Allí pondrá a prueba si puede seguir adelante con los pasos que siguen.